Decía en un artículo anterior que había llegado la hora de acompasar la legislación laboral al nuevo tiempo mexicano. La revisión al marco jurídico de las relaciones laborales tenía que resultar, más temprano que tarde, una condición sine qua non para responder a las transformaciones del modelo económico: el tránsito del proteccionismo a la apertura (en muchos casos indiscriminada y excesiva); la inserción del país en la globalización con lo que ésta reclama: productividad, eficiencia para competir en el mercado, las exigencias de los socios comerciales....

Pero habiendo claridad sobre el imperativo del cambio, desde que empezó a hablarse del tema el sindicalismo mexicano, en sus grandes vertientes, expresó su oposición a la sola posibilidad de revisar la Ley Federal del Trabajo. No estaba exento de motivos: afectado por cambios que en los últimos lustros han significado la pérdida de la centralidad, económica y política de los trabajadores y de sus organizaciones, y aturdido por el severo deterioro en los salarios, las prestaciones y las condiciones de trabajo, el sindicalismo asumía que la correlación de fuerzas le era adversa y que, en consecuencia, los cambios a la legislación laboral, lejos de constituir un avance, podrían llevar a mayores retrocesos...

Hasta ahora -y 16 años parecen suficientes para evaluar sus impactos-, el saldo mayor del modelo en curso ha sido: la creciente exclusión social. Con la divisa ``hacer más con menos'', el recorte de personal fue la manera simplona de buscar una supuesta productividad. Están a la vista las secuelas perversas de esta visión: el ascenso de la economía informal, la delincuencia, la prostitución y los suicidios; la multiplicación de la pobreza y la marginalidad...

Hace tres años, en el contexto del foro Compromisos con la nación, sostenía: México requiere con urgencia que la política económica genere crecimiento y empleos y le ofrezca a la sociedad un horizonte de mejoría; una política económica compatible con el valor del trabajo. Recomendaba a los trabajadores asumir el compromiso con la productividad y el mejoramiento de la calidad pero reclamando a cambio: equidad y justicia. Me declaraba por reivindicar la huelga y las movilizaciones como los medios históricos de lucha de los trabajadores; por construir -mediante el fortalecimiento democrático y el perfeccionamiento de los instrumentos internos-, las condiciones para hacer que la cláusula de exclusión pierda su razón de ser. Proponía suprimir el registro gubernamental de las organizaciones y las dirigencias y la calificación de las huelgas como mecanismos de control y derogar el apartado ``B'' del artículo 123 constitucional que divide a los trabajadores en dos: de primera y de segunda. Demandaba, también, llevar la justicia laboral, hoy a cargo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, a tribunales del Poder Judicial que aseguren la imparcialidad de sus dictámenes.

Hoy mi convicción es mayor: hay que acompasar la reforma laboral al país que somos. Pero creo que debemos hacerlo a partir de la corresponsabilidad del sindicalismo --no la exclusión y menos aún la subordinación--, en el diseño, la aplicación y la evaluación del proyecto.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene que resolver con inteligencia, la aparente contradicción entre el imperativo de hacer más competitiva a la planta productiva y el reclamo de una participación justa de los trabajadores en la renta que produzca su aportación, tiene que incluir los derechos de los jubilados y los de género... Para ello es crucial que el sindicalismo recupere su papel de actor social imprescindible en el diseño y la instrumentación del andamiaje jurídico para este fin de siglo, y que lo haga con una clara visión estratégica.

Una cosa más: la legislación laboral, siendo crucial, no es sino una parte de esa compleja red de procesos, políticas, instituciones y leyes, que México requiere revisar y cambiar, para encarar desafíos formidables: el del empleo, el de la seguridad, el de la gobernabilidad... Y lo que subyace en todos ellos, el reto central de un proyecto que defienda eficazmente el interés nacional.

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