Para el secretario Gurría la economía goza de total salud. Todo marcha en orden, como ocurría en 1994. La única amenaza a la nueva fortaleza económica es el retraso del Congreso para aprobar la iniciativa de ley que se refiere al Fobaproa. Si ésta se aprueba tal y como propone el gobierno, el secretario ofrece un escenario sin crisis para fin de sexenio. La visión que nos propone muestra un achicamiento del horizonte de la gestión económica, hecho que ha sido recurrente en los últimos veinte años. En estas dos décadas ha sido imposible establecer un proyecto de crecimiento que se extienda en el tiempo, es decir, que se sostenga y se exprese en una disminución de la enorme desigualdad social que se ha creado en el país. El horizonte chato de Gurría contrasta con la confianza que él mismo mostró ante los inversionistas japoneses durante la campaña electoral a fines del sexenio pasado, cuando ofreció varios lustros de continuidad de una política económica expansiva.

Hoy, según el secretario de Hacienda, las condiciones financieras y comerciales de la economía mexicana se asientan sobre bases firmes que no comprometen su funcionamiento, cuando menos con otra crisis mientras dure este gobierno. El manejo de las finanzas públicas, la diversificación exportadora, el aumento del ahorro interno y el régimen cambiario son, todos ellos, elementos que, dice, conforman la solidez económica. La piedra en el zapato es el Fobaproa, ya que si los pasivos que se han acumulado en ese fideicomiso no se convierten en deuda pública se pondrá otra vez de manifiesto la vulnerabilidad de los bancos y el riesgo de la quiebra.

Y sí, en efecto, el Fobaproa está poniendo en entredicho la forma en que se ha administrado la economía, antes y después de la crisis de fines de 1994, y por ello, no es sólo un asunto técnico de balances y partidas dobles, sino que cada vez más surge como un conflicto político. Pero aún sin Fobaproa, las declaraciones de Gurría son cuestionables y está bien que se abra un debate, puesto que lo que está en el fondo del asunto es, precisamente, el contenido y la aplicación del programa económico, dentro del que se encuentra, como es claro, la intervención realizada ante la crisis bancaria.

Tomo aquí un solo aspecto. No debe confundirse la disciplina fiscal tan preciada en el quehacer de la política económica, con la salud fiscal. El gobierno puede, efectivamente, mantener un equilibrio en sus cuentas y aun así satisfacer cada vez menos las necesidades sociales y no lograr ser un factor activo en la promoción económica. Las cuentas fiscales tienen dos partes, los ingresos y los gastos; si los primeros son insuficientes, los segundos se ajustan y puede evitarse un déficit fiscal y, entonces, se puede argumentar que el gobierno no ejerce una presión sobre la inflación y no compite con el sector privado. Y, así, la salud de las finanzas públicas se da en un marco de creciente austeridad.

La disciplina fiscal ocurre en un entorno de enorme ineficiencia, incluida la gestión del Fobaproa, y lo que no se consigue es sanear los ingresos del fisco, debido a la pésima distribución del ingreso provocada por la misma política económica, el aumento de la economía informal y la ineficacia para cobrar los impuestos. La dependencia de los ingresos petroleros es un claro síntoma de la enfermedad fiscal. Esta debilidad económica y política del programa del gobierno, tarde o temprano se expresa en presiones financieras, ya sea que provengan del endeudamiento o del tipo de cambio. De ahí que la idea de llevar la deuda pública a más de 40 por ciento del PIB no represente un problema sea, cuando menos, cuestionable, aunque nuestros flamantes compañeros de la OCDE tengan un promedio de 60 por ciento en esa misma relación. Por ello es que debe notarse, también, que esta forma de administrar las finanzas públicas no puede verse de manera separada con la gestión monetaria que hace el Banco de México. La economía a pedacitos, como la exponen Gurría u Ortiz sólo puede dar imágenes parciales e incompletas con las que es más fácil hacer creer que se tiene razón.

No será posible que Hacienda presente para el próximo Presupuesto Federal la reforma fiscal integral que ha ofrecido. De hacerlo lo más probable es que sea una serie de parches a lo que ahora existe, además de que esa reforma se quiere hacer con el consenso de los agentes económicos, y lo que se aprecia en el país es que el terreno para los consensos está fracturado.