Aplican el 33 a Peter Brown por construir una escuela en Oventic

Elio Henríquez, corresponal, y Georgina Saldierna Ť Con base en el artículo 33 constitucional, el gobierno mexicano expulsó ayer por la tarde al estadunidense Peter Brown, quien encabezaba a un grupo de activistas que apoyan la construcción de la Escuela Secundaria Autónoma Rebelde Primero de Enero, con sede en la comunidad zapatista de Oventic, municipio de Larráinzar.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que Brown, de 56 años, fue detenido el viernes a las 22:00 horas en un puesto de revisión instalado en la cabecera de San Andrés, cuando retornaba de Oventic, donde permanecía desde el 12 de este mes junto con otros activistas de Estados Unidos y México.

Según las autoridades migratorias, al ser detenido el estadunidense fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, y de allí fue llevado a la ciudad de México en un avión de la PGR. Posteriormente, a las 13:30 horas, salió ayer en un vuelo comercial hacia la ciudad de Dallas, Texas.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que ``en uso de las facultades que le confieren los ar- tículos 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 14, fracción XVI del reglamento interior'' de esa dependencia, decidió hacer abandonar el territorio'' a Brown.

Explicó que la decisión se fundamentó en que ``el extranjero promovió la violación de los artículos 3o. constitucional, y 12, fracciones I y X; 13, fracción I, y 54, 70 y 77 de la Ley General de Educación''.

Sostuvo que el INM ``constató que el nacional de Estados Unidos ingresó a territorio mexicano con forma migratoria de turista (FM3), por lo que procedió a su aseguramiento'' en San Andrés Larráinzar.

Dijo que en su calidad de turista, Brown ``participó como líder'' de un grupo denominado Equipo de Construcción de Escuelas para Chiapas, que está edificando en Oventic, lo que han dado en llamar ``Escuela Secundaria Autónoma Rebelde Primero de Enero, desconociendo con su conducta a las instituciones de la República encargadas de organizar el sistema educativo nacional''.

La dependencia aseguró que en cumplimiento de la Convención de Viena, Peter Brown recibió la asistencia de un miembro del cuerpo consular de la embajada de Estados Unidos en México.

Cabe mencionar que el estadunidense, cuyo grupo tiene su sede en la ciudad de San Diego, California, llegó a Chiapas el pasado 12 de julio, junto con otros activistas, para entregar varios miles de libros del nivel secundaria para los alumnos que pretenden estudiar en la escuela de Oventic, a partir del próximo ciclo escolar.

En declaraciones a la prensa, Brown dijo el pasado 13 de julio en Oventic, que no temía ser expulsado por el gobierno, porque su visa de turista ``me permite hacer intercambio cultural y educativo; no estoy participando en política''.

Ese mismo día, al recibir al grupo, dirigentes zapatistas hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que colaboren y apoyen en la terminación de la Secundaria Autónoma Rebelde Primero de Enero.

La escuela secundaria, que se construye desde marzo del año pasado, ``es un esfuerzo de lucha y resistencia indígena'', y es para ``demostrarle al mal gobierno que sí se puede'', afirmó en esa ocasión el dirigente zapatista Ezequiel, ``coordinador general de la Educación Secundaria Autónoma Rebelde'' en el Aguascalientes II, con sede en Oventic.

``Esperamos contar con el apoyo de todos para ir edificando un mundo nuevo donde quepamos todos y todos seamos iguales; sabemos que hay palabras y mundos que son verdaderos, y juntos podemos construir ese mundo mejor donde ya no haya injusticia'', manifestó Ezequiel, al explicar que los zapatistas esperan que el centro educativo comience a funcionar a partir de septiembre próximo, con 200 alumnos de San Andrés Larráinzar, Chenalhó, El Bosque, Bochil, Simojovel, San Juan Chamula y Jitotol.

Brown aseguró que hasta ese momento se habían invertido cerca de 30 mil dólares en la edificación del inmueble, que ya cuenta con cuatro aulas, biblioteca y sala de cómputo, pero aún se necesitan 10 mil dólares más para concluir el edificio. Aproximadamente 90 indígenas trabajan actualmente para edificar los dormitorios.

Durante este año, el gobierno mexicano ha expulsado del país a decenas de extranjeros por participar en actividades no autorizadas.

Entre los nacionales de Estados Unidos que han sido obligados a abandonar el país se encuentran Tom Hansen, ex director de la agrupación Pastores por la Paz, quien fue expulsado el 19 de febrero pasado, luego de haber sido detenido en Altamirano, cuando viajaba al ejido Morelia para donar cámaras de video y ofrecer un curso sobre su manejo.

Enrique Méndez Ť El PRI asegura que si bien ``es de alta prioridad'' que se comience el proceso legislativo en materia de derechos y cultura indígenas como salida única para la paz en Chiapas, éste es responsabilidad exclusiva del Congreso de la Unión, y establece que tanto la propuesta del Ejecutivo como la presentada por los legisladores priístas ``contiene lo esencial'' de los auténticos reclamos indígenas.

También sugiere la apertura de una nueva instancia de intermediación, adicional a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), ya que el presidente Ernesto Zedillo ``ha invitado a presentar medidas de distensión''. Su propuesta va en el sentido de que se integre ``por mexicanos reconocidos por su trayectoria y compromiso'' con las causas del país.

Afirma que con ello se evitaría lo que ocurrió con la disuelta Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que ``al mostrar su parcialidad'' hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ``perdió credibilidad'', pues ``no supo responder a las exigencias de su carácter mediador y ello fue la única causa por la que sus integrantes tomaron la decisión de renunciar''.

Expresa un nuevo rechazo a lo que califica de ``actitudes irresponsables de quienes promueven el enfrentamiento y discusión entre hermanos'', y anuncia que exigirá al gobierno federal ``fincar las responsabilidades correspondientes'' a los presuntos ``agitadores'' del indigenismo.

En un documento evaluatorio de la V Declaración de la Selva Lacandona, el PRI considera que el hecho de que la Conai ya no esté presente como mediadora ``no es fundamental para que el diálogo se suspenda''.

Si bien acepta que la iniciativa del Ejecutivo para una ley en materia de derechos y cultura indígenas no agota la discusión sobre el tema, y ``considera viable'' que sea debatida y adicionada por todos los partidos políticos, manifiesta su desacuerdo con el EZLN respecto del procedimiento para lograr la paz. ``Por ley y legítima representación de la sociedad, es el Congreso de la Unión quien debe establecer las estrategias para, si lo considera necesario, proponer las modalidades de la consulta''.

Empero, no se declara a favor de la que presentó la Cocopa a partir de los acuerdos de San Andrés que, sostiene, ``han sido cumplidos'' por gobierno federal.

``Desde la 17 Asamblea Nacional, (el PRI) se ha pronunciado por el pleno reconocimiento de los pueblos indígenas, más allá de sus comunidades, así como de sus derechos fundamentales, incluido el de la autonomía'', declara.

Para el tricolor, la expresión del EZLN, respecto de que es una parte del movimiento indígena nacional, refleja que ``no representa ni debe hablar por todos los indígenas'' de México, y se adjudica la paternidad de que desde ese partido ``una parte sustantiva de los pueblos indígenas participan, ejercen la política, plantean y gestionan sus demandas''.

Cita que muestra del ``éxito'' del trabajo que ha desarrollado el PRI con las comunidades se refleja en ``haber obtenido la mayor representación política de y con los indígenas'' en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en los congresos locales. También señala que la integración de las nuevas organizaciones sociales y productivas indígenas le permite contar, entre su militancia, con ``importantes bases y liderazgos indígenas''.

Todo ello, resume, le permite al PRI ``expresar con certidumbre el camino que quieren recorrer los indígenas para superar sus condiciones de marginación y pobreza, y lograr una representación política digna, así como participar con equidad de los beneficios del desarrollo nacional''.