Ahora sí, parece que la cacareada transición a la democracia llegó a su momento decisivo en México. Hasta donde sabemos, ninguna transición ha sido exitosa sin el concurso determinante de la sociedad. Esto aún no se da en nuestro país, pero como caídas del cielo han aparecido magnas oportunidades para que se dé.

Del cielo zapatista, o indígena si se prefiere, ha caído la mayor de esas oportunidades. Tras un largo y angustiante entrampamiento, la solución pacífica del conflicto en Chiapas vuelve a colocarse al alcance de la mano. Como se recordará (si la palabrería oficial no ha universalizado la amnesia), el proceso de paz se entrampó cuando el gobierno decidió no cumplir lo acordado en el primer diálogo de San Andrés: apoyar la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa para dar legalidad constitucional a los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas. En vez de cumplir, el presidente Zedillo presento al Congreso su propia iniciativa de ley.

A partir de ahí vino el silencio zapatista como un acto de dignidad elemental: salvo en la esclavitud, el diálogo es para llegar a acuerdos que se cumplan, y no para burlarlos. Y a partir de ahí, mucha energía se dedicó a discutir si ese silencio era o no la causa del entrampamiento en la búsqueda de la paz, situación que el clan guerrerista aprovechó para lanzar una ofensiva contra el EZLN y todos sus simpatizantes (indígenas y no indígenas), conducente ya sea a su exterminio o bien a una respuesta que justificara la guerra total.

Y en esas estábamos cuando, para sorpresa de muchos, la dirigencia zapatista volvió a hablar... recio e inteligente. Tras una disección de los males que tienen a México al borde del precipicio (comunicado del 17 de julio), por conducto de Marcos dicha dirigencia hace una propuesta por demás sensata: consultar a la sociedad mexicana, municipio tras municipio, respecto a la validez o no de la iniciativa original de la Cocopa (comunicado del 21 de julio).

Ello, no obstante que en los diálogos de San Andrés ya habían participado representantes de amplios sectores de la sociedad. Pero, a fin de evitar nuevos engaños, ahora se propone que hable de manera directa toda la sociedad, y que lo haga sobre el punto exacto donde el gobierno descarriló el proceso de paz: ¿son fidedignos o no los acuerdos recogidos por la Cocopa? Y sobre todo, ¿ayudan o no tales acuerdos a construir un México justo, soberano, democrático, y por añadidura, un México con tanto futuro como tanta paz?

Mucho de lo que el país se juega en Chiapas también aparece en el asunto del Fobaproa. Por ejemplo, la posibilidad de acabar con los grandes fraudes, en este caso financieros; en aquél otro, el fraude cultural propio del racismo. O la posibilidad de poner fin a la impunidad de los defraudadores. O, en fin, la posibilidad de decir ¡basta! al sometimiento de la sociedad cual simple víctima o espectador de tantas fechorías. Por ello, también es una gran noticia la consulta nacional que el PRD ha convocado en torno al Fobaproa, para el próximo 30 de agosto.

En ambos casos, Chiapas y Fobaproa, las formas son tan importantes como el fondo. Sólo a través de consultas a toda la nación pueden generarse soluciones a la altura de cuestiones tan trascendentes. Pero, además, sólo así podremos reemplazar la vieja cultura de las decisiones cupulares y autoritarias por una nueva cultura donde la ciudadanía tenga la voz principal. Esas consultas habrán de servir como escuela práctica (no más retórica) de democracia, y darán plena legitimidad y fuerza a las decisiones del Congreso.

Todo lo que la ciudadanía ahora tenemos que hacer es: informarnos bien sobre lo consultado (Chiapas y Fobaproa); analizar a fondo lo que está en juego; decidir en consecuencia, y hacer valer la decisión mayoritaria. Fruto o no de larguísimas luchas de unos y otros, la oportunidad está allí. Por fin es el tiempo de la ciudadanía. Por fin asoma para México una democracia viva, creíble.

Ya los leguleyos se apresuran a advertir que ni el plebiscito ni el referéndum, ni nada por el estilo, están aún autorizados por la ley. ¿Y para qué, pues, se hacen leyes si no para institucionalizar conductas probadamente necesarias? Además, si algo supone cualquier transición, justamente es la creación de nuevas leyes e instituciones, con nuevas conductas y valores.

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