Tardarán siete meses los primeros resultados de auditorías: propuesta técnica

Mireya Cuéllar, Víctor Ballinas y Alonso Urrutia Ť Los primeros resultados de la auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que hará la Cámara de Diputados se tendrán hasta febrero de 1999, según la propuesta técnica presentada por el despacho Michel MacKey, considerado por el Comité de Contrataciones de San Lázaro como el más apto para coordinar la investigación. La revisión de las operaciones en bancos, casas de bolsa, compañías de seguros y dependencias gubernamentales implicadas en el Fobaproa abarcará desde enero de 1995 hasta marzo de 1998.

Por la noche, al formalizarse el calendario de audiencias de funcionarios, ex funcionarios, empresarios y banqueros ante la subcomisión del Fobaproa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó la reunión con el argumento de que los partidos de oposición no respetan los acuerdos y han generado un clima de linchamiento en contra de los comparecientes.

El diputado Jorge Estefan Chiriac sostuvo que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) preparan ``una estrategia de rentabilidad política, y ese no es el fin de la subcomisión; estos responden totalmente a un clima netamente politizado y buscan rentabilidad para las elecciones del 2000''.

Reunido la noche del miércoles en la Contaduría Mayor de la Cámara, el Comité Técnico de Contratación determinó que Michel MacKey coordinará el programa de auditorías, cuyo costo será conocido el próximo miércoles cuando el pleno de la Comisión de Vigilancia ratificará la decisión del comité.

Se estima que los auditores cobrarán 150 dólares la hora de trabajo. La cámara tiene en caja 3.5 millones de dólares para hacer frente a ese gasto y, según el diputado Marcelo Ebrard, parte del costo se incluirá en el presupuesto del próximo año de la cámara y del Ejecutivo.

Detalles técnicos

Al abrirse las propuestas técnicas presentadas por los distintos despachos que se interesaron en hacer la auditoría, el Comité Técnico de Contrataciones consideró que el despacho canadiense tuvo una oferta ``técnicamente solvente'', frente a las de los despachos Karen Shaw y Jack A. Blum. La auditoría, según la propuesta, abarcará bancos, casas de bolsa, compañías de seguros y será de ``tipo contable, administrativo y gerencial''.

El diputado perredista Jorge Silva Morales explicó que la auditoría tendrá dos etapas. En la primera se fijarán los objetivos del comité, el periodo a evaluar, las prioridades que la comisión investigadora del Fobaproa determine, y se procederá a seleccionar de entre un grupo de 45 a los despachos mexicanos que harán el trabajo desagregado (la talacha). Para efectos de organizar la información se formarán seis bloques muestrales de distintos temas.

En la segunda, precisó, se hará un análisis y evaluación banco por banco para identificar el tratamiento que se les dio (por parte del gobierno para que formaran parte del Fobaproa). En este aspecto deberá quedar muy claro el nombre de las personas responsables de cada operación.

Además, el despacho coordinador deberá entregar a los diputados un informe con los costos globales presentes y futuros en el caso de convertir los pasivos de Fobaproa en deuda pública.

El compromiso de todos los que tendrán acceso a la información del Fobaproa es de total confidencialidad, comentó el legislador perredista; es decir, ni el comité técnico ni el coordinador de la auditoría podrán dar información. Pero, ``una vez que se tengan los resultados, se harán públicos''.

El coordinador de la auditoría seleccionará a los despachos mexicanos que participarán de una lista donde están el IPN con el Centro de Investigaciones Económicas; Alfonso Ochoa; Arcano Consultores, Paz Costemalle; Fider Nacional; despacho González Dávalos; despacho González Vilchis, entre otros. Algunos de ellos son filiales de MGI, Price Wather House compañía, RMS Internacional y KPMG Internacional, y Arthur Anderson.

Se excluyó la comparecencia de Canales Clariond

La subcomisión para investigar el Fobaproa aprobó anoche el calendario de audiencias incorporando cuatro nombres nuevos que el PRI no avaló. A los ya difundidos de Pedro Aspe (quien se presentaría el 21 de agosto), Miguel Mancera (28 de agosto), Adrián Sada (3 de septiembre), Manuel Espinoza de los Monteros (20 de agosto), Eduardo Fernández (21 de septiembre), Angel Isidoro Rodríguez (27 de agosto), Manuel Somoza (4 de septiembre), Gustavo Vergara (7 de septiembre) y David Delgado (14 de septiembre), se agregan el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien está citado para el 18 de septiembre; Enrique Vilatela, director general de Bancomext, para el 7 de septiembre; Javier Arrigunaga, responsable de Fobaproa, y Francisco de Paula, quien aclarará lo relativo al World Trade Center.

En la lista definitiva aprobada anoche se excluyó la comparecencia del gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, ya que ``el PRI proporcionó información falsa, pues éste nunca fue presidente del Consejo de Administración de Confía'', y en las fechas en que se investiga él se encontraba en campaña, aseveró Ricardo Cantú, presidente de esta subcomisión. Precisó que como los priístas habían pedido la comparecencia del gobernador de Nuevo León, cuando se reincorporen a la comisión pueden solicitar su presencia y se calendarizaría.

Asimismo, precisó que el gobernador de Tabasco ``no está obligado a presentarse pues no es funcionario federal, sino estatal, y en el caso de los ex funcionarios, su asistencia será voluntaria, en cambio es obligatorio para los que están en activo''.

La propuesta de citar a Madrazo fue presentada anoche por los panistas, como respuesta a la inclusión que el PRI había hecho de Fernando Canales en la lista de comparecientes. ``Ellos escogieron mal porque al gobernador de Nuevo León no le van a encontrar nada, pero nosotros sí tenemos elementos contra Roberto Madrazo'', comentó un panista, quien aceptó que estas ``jugadas'' son parte del golpeteo político a que se presta el tema Fobaproa.

El diputado Marcelo Ebrard consideró que la salida de los priístas es una decisión extracamaral, una respuesta a la petición de información que hicieron los grupos parlamentarios de oposición a la Secretaría de Gobernación.

``Se está queriendo llevar a la Cámara y al Congreso a que acepte un ultimátum del Ejecutivo, pero no se puede doblegar al Congreso'', afirmó.