El gobierno se ha negado a entregar a la Cámara de Diputados copias de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionados con el movimiento estudiantil de 1968. Esta negativa se ha basado en el desconocimiento de la prerrogativa legal que tienen las comisiones del Congreso para requerir información y copias de documentos públicos.

Existen aquí dos problemas: la soberbia oficial respecto de otro poder del Estado y la negativa del secretario de la Defensa de hacer del conocimiento público la documentación militar. El Presidente de la República se muestra dispuesto a enfrentarse con la Cámara antes de contradecir una actitud del jefe castrense. Mas lo que está de por medio no es solamente un problema de contradicción institucional, sino la renuencia a reconocer el derecho del pueblo a su memoria histórica.

Las cosas deben quedar claras, no obstante que hayan pasado 30 años y, por esto mismo, ya no pueden seguir en la duda o la oscuridad. Todo está claro para los protagonistas estudiantiles del movimiento del 68, pero de lo que se trata es de que así queden también para el Estado. Es éste último quien debe admitir su responsabilidad en la represión y reconocer el carácter democrático de un movimiento político que fue aplastado con toda la fuerza estatal.

Lo que el Estado ha aceptado es que las acusaciones contra los presos políticos de entonces debían ser olvidadas judicialmente, para lo cual expidió una ley de amnistía; también aceptó que el delito de disolución social no era justo y debía ser derogado, con lo cual Demetrio Vallejo y Valentín Campa recuperaron su libertad después de más de diez años tras las rejas. Pero la represión con que fueron tratados los estudiantes no ha sido condenada oficialmente.

Al parecer, no pocos generales suponen que es mejor ocultar el desempeño del Ejército en la matanza del 2 de octubre y en otros actos de represión contra los estudiantes, incluyendo aquellos agravios contra la UNAM y el IPN. Pero un Ejército que oculta sus propios documentos, es decir, que se siente en la necesidad de mantener en secreto sus propias actuaciones, las órdenes impartidas y las acciones realizadas, carece de credibilidad y, por tanto, de respeto. Debería ser el propio Ejército el primero en estar interesado en que todo se conociera y, naturalmente, tendría que pedir perdón al país por haber obedecido órdenes que jamás debieron cumplirse.

Los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, procedentes de la Secretaría de Gobernación, son ciertamente interesantes y dicen muchas cosas, pero entre ellos no se encuentra ninguno con la firma autógrafa del entonces secretario del ramo, el señor Echeverría, como tampoco hay oficios dirigidos por otros miembros del gobierno, incluido el Presidente. Todo parece indicar que los documentos de Gobernación fueron seleccionados, quizá por el mismo Echeverría, para sustraer aquellos más comprometedores.

Algo peor ocurre con el archivo de la Presidencia de la República. La documentación que se encuentra en el Archivo General se compone principalmente de publicaciones. Nadie podrá admitir que, en 1968, el Presidente no firmaba órdenes ni recibía oficios. Lo que probablemente ocurrió es que Díaz Ordaz sustrajo la documentación, no obstante que los papeles oficiales son propiedad de la nación. La PGR tendría que realizar una investigación al respecto.

Urge una ley de archivos que, al tiempo de que los preserve, asegure su publicidad. Existe ya un proyecto presentado por diputados del PRD y el Congreso debería despacharlo a la brevedad posible.

La negativa del gobierno de entregar copias de los documentos del archivo de la Secretaría de la Defensa podría ocasionar una controversia constitucional entre la Cámara de Diputados y el poder Ejecutivo, pues éste se niega a cumplir con la ley, pero también daría base a un juicio de responsabilidad política contra los secretarios de la Defensa y Gobernación: el primero por negarse; el segundo por ejecutar la negativa.

Hasta ahora, la lucha por la publicidad de los documentos militares relacionados con el movimiento de 1968 había sido enteramente ciudadana.

Hoy, esa misma lucha se ha comenzado a expresar dentro del Estado, pero la resistencia no es menor. Aunque se han abierto a los diputados los documentos que se encuentran en el Archivo General y pronto se pondrán a disposición del público, tales papeles no son los únicos que habría que estudiar para realizar un análisis histórico exhaustivo.

Todo debe sacarse a la luz pública, para que las más diversas interpretaciones de aquel movimiento político cuenten con bases documentales amplias y sólidas.

El derecho a la memoria es un derecho de todo pueblo. Una nación sin memoria es una nación que se extingue entre las brumas de la mentira y el olvido.