Carrera rendía cuentas a Justo Ceja y Mario Ruiz Massieu

Juan Manuel Venegas Ť El ex director de la Policía Judicial Federal (PJF), Adrián Carrera Fuentes, tuvo dos jefes a los que rindió cuentas: Justo Ceja Martínez y Mario Ruiz Massieu. El primero, desde su puesto como secretario particular del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, ejerció tal control sobre la corporación policiaca que él mismo nombró a Carrera Fuentes en el cargo.

Información proporcionada a este diario indica que Carrera Fuentes no sólo representa ``una importante fuente de información'' para fundamentar las acusaciones contra Ruiz Massieu, sino contra Ceja Martínez, prófugo de la justicia, acusado por enriquecimiento ilícito y bajo la sospecha de que habría sido beneficiario de sobornos provenientes del narcotráfico.

Del paradero de Ceja Martínez, se dijo que se encontraba en Estados Unidos ``unos días antes'' de que se librara la orden de aprehensión en su contra (miércoles de la semana pasada) y que habría huido ``con toda seguridad'' a Europa, una vez que se enteró de la orden de captura que concedió un juez federal a la Procuraduría General de la República (PGR).

El secretario particular del ex presidente de México ``prefirió'' no permanecer en Estados Unidos, en donde también se le implica con el narcotráfico.

En tanto, coordinadamente, los abogados de Ruiz Massieu y de Salinas de Gortari pretenden desacreditar el testimonio de Carrera Fuentes y fincan sus argumentos en que el ex jefe policiaco ``trata de beneficiarse de la ley contra el crimen organizado, proporcionando información falsa, con el propósito de evitar'' las acusaciones que podrían recaer sobre él por la reconocida protección que le brindó a Amado Carrillo Fuentes, fallecido jefe del cártel de Juárez.

Eduardo Luengo Creel, abogado de Raúl Salinas, explicó que por principio ``jurídico, esencial del derecho'', no se puede aplicar la ley en perjuicio de nadie y utilizando a Carrera Fuentes la PGR ``pretende lo contrario''. Abundó: ``Al ser testigo protegido, Carrera Fuentes se acoge a una ley aprobada en noviembre de 1996 para señalar actos supuestamente cometidos en 1994. Paralelamente, los hechos que ahora denuncia los negó anteriormente; es decir, su caso expone con toda claridad que cuando la ley protege a los testigos, a éstos les interesa más el beneficio, y no la verdad, y la autoridad que lo permite genera además de impunidad corrupción''.