Absorbió el fondo gastos de la campaña priísta de 94, habría dicho El Divino

Alonso Urrutia y Víctor Ballinas Ť La renta del edificio que ocupaba el equipo de campaña presidencial priísta de 1994 -la Torre de Cuicuilco-; el pago de los seguros de vida del personal que laboraba en la campaña, incluso ``vuelos del candidato presidencial'' en aviones propiedad de Angel Isidoro Rodríguez, fueron financiados por Banpaís y el grupo Asemex, y posteriormente absorbidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), según informó El Divino a un grupo de diputados perredistas.

Al pormenorizar algunos detalles de la reunión privada realizada en oficinas de la Cámara de Diputados el pasado miércoles por la tarde, los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Dolores Padierna informaron que el ex banquero presentó también documentos que, contrastados con la poca información oficial, muestran una importante diferencia:

Según el último informe de cartera vencida de Banpaís que les presentó Angel Isidoro Rodríguez, ésta ascendía a 627 millones de pesos el día mismo de la intervención. Ocho meses después, en agosto de 1995, ya con la intervención gubernamental, la cartera vencida del banco era de 11 mil millones de pesos, señaló Padierna.

Los informes recibidos por los perredistas y confrontados con los reportes oficiales muestran una ``diferencia gigantesca que necesitamos saber de dónde sale. Ahora, Eduardo Fernández nos tiene que justificar por qué dice que Banpaís tiene un quebranto de 400 millones de dólares, porque en el libro que él sanciona en el momento de la intervención, es una cifra muy inferior''.

En versión de los legisladores Padierna y Ramírez Cuéllar, en la reunión se hicieron revelaciones importantes que involucran parte del financiamiento de la campaña presidencial del PRI en 1994.

Según Ramírez Cuéllar, El Divino pormenorizó algunos de los quebrantos de Banpaís asociados al financiamiento del PRI. ``Nos planteó que la renta del edificio de campaña del PRI fue pagada vía Banpaís. Ahora lo que requerimos es que nos presente las fichas de depósito para tener pruebas consistentes''.

De igual forma, Asemex -entonces todavía propiedad de Rodríguez- aportó los seguros de vida del personal de campaña, pero aquí también requerimos la entrega de las pólizas.

El ex banquero planteó también que no sólo el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, realizó viajes en aviones de su propiedad, sino que incluso el propio ``candidato presidencial'' hizo varios vuelos de campaña en esa aeronave.

Ramírez Cuéllar comentó que esta información proporcionada por Rodríguez se añade a la que han ido acumulando los perredistas y que vinculan a grandes grupos empresariales con adeudos en Fobaproa con el financiamiento de la campaña priísta.

``Parece que no sólo hay un Fobaproa, sino también un Fobapri, y que es esto lo que está en el fondo del rechazo gubernamental a proporcionar los informes''.

El PRD, dijo, ha contrastado la lista de quienes asistieron a la cena convocada por Carlos Salinas donde se pasó la ``charola'' y los grupos empresariales con quebrantos en Fobaproa, de los que han salido varias coincidencias.

Citó algunos: Jorge Martínez Huitrón, del grupo Sidek; Raymundo Gómez Flores, del grupo Dina; Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa, así como los ya conocidos, Carlos Cabal Peniche y Gerardo de Prevoisin, del grupo Cintra.

Nosotros no queremos defender a El Divino -expresó Padierna- pero de los documentos que presentó, cruzados con la poca información del gobierno, se desprenden datos importantes.

Según la versión de la perredista, Rodríguez les informó que él había hecho muchos negocios con el gobierno, y que les había pagado ya 985 millones de dólares por concepto de adquisición de empresas paraestatales. Nunca hubo problemas, les refirió, aunque se trató con ``las autoridades que ahora dicen que es un pillo''.

En su defensa, Rodríguez argumentó ante Padierna, Ramírez Cuéllar y Ricardo García Sainz, que su capital en Banpaís era de 350 millones de dólares, equivalentes a 23 por ciento de las acciones, por lo que un quebranto de 700 millones de dólares no podría haber sido ejecutado sólo por él, sino que, de haberse cometido, implicaría toda una red.