La Quinta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN contiene una iniciativa política que aleja el fantasma de la confrontación armada y una certera valoración sobre las razones de la desconfianza acerca de la tan declarada y poco acreditada voluntad gubernamental para un diálogo que sirva para alcanzar acuerdos y que éstos se cumplan.

Si bien los zapatistas no colocan al Ejecutivo federal como interlocutor, éste queda emplazado a reccionar frente al anuncio de la decisión de ``realizar directamente y en todo México una consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación y por el fin de la guerra de exterminio'' (Perfil de La Jornada, 21 de julio de 1998).

Constituye un reto consultar a indígenas y no indígenas sobre un asunto de interés nacional. Hasta ahora se han realizado en diversos momentos consultas, principalmente con participación indígena, sin establecer mecanismos de compromiso sobre el destino de sus resultados, ni siquiera a nivel de regresar la información obtenida, menos aún las propuestas elaboradas a partir de las demandas. El proyecto de iniciativa de la Cocopa es el único que se ha difundido ampliamente, no así la iniciativa presidencial, que fue objeto de innumerables mensajes en los medios de comunicación después de que fue presentada ante el Senado, con la autocalificación de ser la expresión de los acuerdos de San Andrés.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional marca en su declaración la hora de la sociedad civil, la hora de la Cocopa y la hora del Congreso de la Unión. Esta es también la hora gubernamental.

Es momento de revisar a conciencia y a toda implicación la oportunidad de recuperar la confianza no sólo frente al EZLN sino frente a amplios sectores de la sociedad. Para ello se requiere dejar a un lado la visión reduccionista del estado de derecho, que lo convierte más en espacio de penalización que en fuente legítima de gobernabilidad y de construcción de consenso social.

Ciertamente el EZLN no espera que el Ejecutivo retire su iniciativa de reforma constitucional; la asume como uno de los grandes déficits del diálogo. Plantea su derecho a promover una consulta sobre el proyecto de iniciativa de la Cocopa por considerarla más adecuada para cumplir los acuerdos de San Andrés. Apuesta también al compromiso de los partidos representados en el Congreso de la Unión al aprobar una reforma constitucional en materia indígena. Sería deseable que antes de que se desgarren las vestiduras los representanetes gubernamentales ante la Quinta Declaración, reconstruyeran sus debates perdidos con motivo de la visita del EZLN al crearse el Congreso Nacional Indígena y frente a la marcha de las 1111 comunidades zapatistas. Recordemos que en el primer caso, la Cocopa logró resguardar a la comandante Ramona en el Distrito Federal y mostró que su función de coadyuvancia es posible.

Esperemos, por tanto, que el gobierno federal no obstaculice la realización de la consulta nacional y garantice la participación y la integridad física de los representantes zapatistas. Facilitar a la Cocopa el respaldo a la Quinta Declaración de la Selva Lacandona es allanar el camino hacia la paz.