Mariclaire Acosta*
La visita de Kofi Annan

Mucho se ha dicho y publicado recientemente sobre la visita del secretario general de la ONU, Kofi Annan, a México. Un asunto de esta naturaleza, que en otros momentos hubiera pasado casi desapercibido para la opinión pública, provocó ahora airadas declaraciones del gobierno en contra de la insinuación de que Kofi Annan pudiera siquiera interesarse por lo que sucede en Chiapas. El motivo de esta postura chovinista es bastante obvio: ante el agravamiento del conflicto armado en aquella entidad, y su posible generalización a otras regiones del país --propiciado por la propia política gubernamental al respecto-- amplios sectores de la sociedad civil y política, en México y en el extranjero, se plantean la posibilidad de una posible mediación internacional para restablecer el diálogo y la negociación entre las partes en conflicto. Tal iniciativa encuentra su fundamento en la propia historia de nuestro país, cuyos gobiernos en la década pasada hicieron exactamente lo mismo para pacificar los conflictos armados en Centroamérica, que finalizaron hace apenas unos años.

Una posible mediación internacional del conflicto armado en Chiapas, propiciada o alentada por la ONU, es un asunto que sólo podrán resolver las partes en conflicto, es decir, EZLN y gobierno. A los partidos, las organizaciones de la sociedad y en general a todos los mexicanos que creemos en la posibilidad de lograr la pacificación de México por la vía del diálogo y la negociación, nos toca simplemente tratar de construir las condiciones que contribuyan a una paz digna en Chiapas, basada en la justicia y en el apego estricto a la norma constitucional.

A ese cometido responde, precisamente, la solicitud realizada por numerosas organizaciones y redes civiles mexicanas de entrevistarse con Kofi Annan para dialogar con él sobre la situación de derechos humanos en México, con la finalidad de buscar formas de prevenir la agudización de la grave crisis por la que atraviesa la vigencia de estos derechos en nuestro país, con el concurso de los mecanismos especializados que la ONU brinda para tal efecto.

Esta iniciativa tiene historia y antecedentes que conviene recordar...

Durante los meses de marzo y abril pasados, 68 organizaciones y redes civiles nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en México, desplegamos una intensa actividad en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que llevó a cabo su 54 periodo de sesiones en la ciudad de Ginebra, Suiza. Entre otras acciones, una delegación representativa de estas organizaciones nos entrevistamos con la alta comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, para solicitarle que interpusiera sus buenos oficios ante el gobierno mexicano a fin de ofrecerle la instrumentación de medidas preventivas para evitar la profundización y generalización de la violencia e ilegalidad prevalecientes en México. Dos meses más tarde, en un boletín de prensa emitido por su oficina, la señora Robinson respondió a nuestra solicitud y ofreció asistencia técnica al gobierno mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, establecidas en los numerosos tratados y convenciones que ha firmado, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, que fuera la base para los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura de los pueblos indios. En este comunicado, se refirió explícitamente a la oportunidad de asistir también a las organizaciones civiles activas en la promoción del respeto a los derechos humanos en Chiapas.

El ofrecimiento de la alta comisionada fue mal recibido por el gobierno mexicano, quien declaró por medio de la cancillería que Robinson estaba malinformada. Sin embargo, es evidente que la oferta de esta funcionaria abrió la puerta de la Secretaría General de la ONU a los planteamientos de las organizaciones civiles.

Extraña la negativa del gobierno de México a aceptar la oferta de asistencia técnica de la ONU en materia de prevención para los derechos humanos, cuando ya existen antecedentes --muy recientes, por cierto-- en la materia.

Tal es el caso de la misión de las Naciones Unidas que brindó asistencia técnica al gobierno y a las organizaciones civiles durante las elecciones federales de 1994 y 1997.

Lejos de poner en riesgo dichos comicios, la puesta en práctica de este mecanismo preventivo de la ONU ayudó a otorgarle legitimidad y credibilidad al sistema electoral, con evidentes beneficios para nuestra estabilidad política. El propio presidente Zedillo se benefició de esta asistencia técnica en las elecciones de 1994, por lo que ahora sorprende la vehemencia con la que su gobierno rechaza esta nueva oferta de las Naciones Unidas, que forma parte del amplio menú de opciones de asistencia técnica de la organización en materia de derechos humanos.

México no es el único país que ha hecho uso de los mecanismos preventivos en derechos humanos de la ONU. Mozambique, Angola y Camboya, para citar sólo unos ejemplos, también han recibido asistencia técnica en materia electoral. Haití y Namibia aceptaron la instrumentación de programas de educación en derechos humanos de Naciones Unidas, con resultados bastante exitosos. Muchos países del antiguo bloque del Este han reorganizado sus sistemas políticos con la asistencia de la ONU para la elaboración de marcos constitucionales basados en preceptos democráticos y de derechos humanos, y así sucesivamente.

Quizá el mecanismo preventivo más eficaz de todos los que ofrece el organismo sea el del monitoreo y diagnóstico directo de una situación en la que el respeto a los derechos humanos se deteriora en forma persistente. Este monitoreo suele hacerse en el terreno y puede, si opera en forma eficaz, servir para evitar que se generalice y se agrave esta situación. La experiencia de la Organización de las Naciones Unidas en este sentido es amplia y variada, con éxitos contundentes pero también tropiezos lamentables, como fue el caso de Ruanda en su etapa inicial.

Actualmente, estos mecanismos de monitoreo funcionan en Malawi, Burundi, Ruanda, la ex Yugoslavia, Colombia, Palestina y Georgia. Indonesia está próxima a beneficiarse de este tipo de asistencia.

Sería deseable poder instrumentar algo similar en Chiapas, antes de que sea demasiado tarde.

*Presidenta de la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en México, AC