La formación de la política económica se encuentra en proceso de cambio. Durante décadas las decisiones se tomaron en ámbitos gubernamentales cerrados y cada vez más estrechos e inaccesibles, incluso para quienes, siendo parte del gabinete, no eran considerados como integrantes del núcleo fundamental del poder político. Lo que ahí era convenido, si debía ser aprobado por el poder Legislativo, era rápida y comedidamente procesado por las Cámaras sin enmiendas u observaciones sustantivas. En materia económica, la tarea de gobernar era, de esta manera, equivalente a mandar. En el marco de los usos y costumbres políticos del viejo unipartidismo estos verbos se hicieron sinónimos, y así lo asimilaron tanto los responsables de las funciones económicas y financieras del gobierno como legiones enteras de diputados y senadores que estuvieron al servicio incondicional del poder Ejecutivo.

El cambio político electoral de los últimos años --y de manera más específica, la configuración de la Cámara de Diputados producida por las elecciones de 1997-- es un factor que, en la práctica, está restituyendo su significado original a aquellas dos palabras. El proceso legislativo del presupuesto federal de 1998 --a pesar de los exabruptos de uno y otro lado-- ya fue un primer ejercicio de esclarecimiento, información, debate y finalmente negociación en torno a una de las principales decisiones de la política económica pública.

Puede darse por seguro que la estructura, las asignaciones, las cargas fiscales y las disposiciones legales y administrativas que resultaron de ese ejercicio no satisficieron totalmente a los principales actores participantes, pero por primera vez en más de medio siglo la política presupuestaria diseñada por el poder Ejecutivo fue verdaderamente discutida y, en donde hubo lugar y fue posible, enmendada por los diputados (enmiendas que, a su vez, fueron en muchos casos canceladas en la Cámara de Senadores, donde todavía predominan pero quizá ya no reinen los viejos modos políticos).

El pasado mes de marzo el gobierno federal sometió al Congreso diversas iniciativas de ley relacionadas con el sector financiero de la economía. Como se sabe, estas iniciativas son una prolongación de las acciones emprendidas por las autoridades gubernamentales para enfrentar la crisis bancaria y financiera iniciada a finales de 1994. De este conjunto de propuestas, la más controvertida es la que consiste en consolidar con la deuda pública acumulada la deuda multimillonaria del Fobaproa. En su diseño estratégico, el Ejecutivo aspiraba a una rápida aprobación legislativa del llamado paquete financiero, probablemente a la manera de los viejos tiempos, cuando sin mayores trámites ni consideraciones de los argumentos y las posiciones en contra se podía, por ejemplo, disminuir o incrementar cinco puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Por su parte, los diputados demandaron un compás de espera para tener tiempo de auditar y analizar los pasivos asumidos por el Fobaproa y recabar los elementos necesarios para normar sus decisiones en un tema que, como éste, es tan sensible en el doble plano de la economía y la política. Las auditorías están en curso y una subcomisión legislativa está convocando a audiencias públicas y realizando sus investigaciones.

Desde que los legisladores manifestaron su propósito de trabajar con otro ritmo al deseado por el gobierno, las autoridades y sus publicistas han declarado que este compás de espera podría ser nocivo para la economía y convertirse en un factor adicional de agravamiento de la crisis bancaria y financiera. Los cuatro meses transcurridos desde que el ``paquete financiero'' fue enviado al Congreso prueba que este temor no tiene fundamento y que la intervención del poder Legislativo no ha sido una mala señal para los mercados (cuya volatilidad y variaciones han sido determinadas por otros factores). Tal vez hasta pueda decirse que la intervención del Congreso en este asunto podría ser un factor decisivo para profundizar y volver irreversible los cambios que ha empezado a registrar el proceso de toma de decisiones en el dominio de la política económica y financiera. Si las fuerzas políticas representadas en el Congreso actúan con madurez y responsabilidad, hay razones para esperar que el procesamiento legislativo de las reformas financieras sea un terreno fértil para añadir un nuevo nudo en el nuevo entramado institucional de la política económica. La situación de normalidad democrática hacia la que aspiramos transitar en el país, implica que el Congreso discuta las propuestas económicas del Ejecutivo, las enmiende si es necesario y cumpla con su deber de escrutar y volver más transparentes los procedimientos por medio de los que se toman las grandes decisiones de política que afectan a todos los mexicanos.