Temen afectar a quienes donaron fondos al PRI: Ramírez Cuéllar

Antonio Castellanos, Víctor Ballinas y Alonso Urrutia Ť El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que muchas de las empresas con créditos superiores a 50 millones de pesos, y cuya cartera vencida está en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cotizan en la bolsa y tienen inversiones en el extranjero.

El diputado Angel de la Rosa, de la misma comisión, y su asesor Salvador Rangel, consideraron que la legislación regula las conductas ilegales de los que calificó como personeros de los grupos financieros: Guillermo Ortiz, Martín Werner, Javier Arrigunaga, Eduardo Fernández, Ismael Gómez Gordillo y Miguel Mancera. Sólo hay que aplicar la ley, indicaron.

Ramírez Cuéllar dijo que los propietarios de aquellas empresas se sienten intocables porque en su momento respaldaron la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Consideró urgente que se ponga en práctica el Programa Punto Final de apoyo a los deudores pequeños y medianos que incluiría una partida presupuestal para 1999, pues ello permitiría dar la liquidez que requiere la banca para reactivar el crédito.

Durante una reunión previa a la que sostendrán hoy, o mañana a más tardar, en la mesa de negociaciones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Hacienda, indicó que los banqueros están más flexibles que el gobierno, e informó que el viernes se firmó en Michoacán un convenio piloto de inversión entre deudores, banca y gobierno.

Precisó que ese acuerdo con Banca Bital permitirá a los deudores responder a las obligaciones que se deriven del Programa Punto Final, y aseguró que a más tardar en septiembre se firmará con el ex presidente de los banqueros, Antonio del Valle, el Fideicomiso de Inversión, con el respaldo de los depósitos que se tienen en Nacional Financiera y en los juzgados de todo el país.

Manifestó Ramírez Cuéllar que la revisión de los pasivos pertenecientes a los 500 grupos económicos de mayor solvencia con adeudos de 50 millones de pesos en adelante, permitiría depurar al menos en 50 por ciento los pasivos del Fobaproa y reducir el costo fiscal para los mexicanos.

El nuevo programa de apoyo a los deudores, precisó, ``sería el esquema de conciliación política y financiera para resolver las dificultades derivadas del Fobaproa'', y no hay razón para que la autoridad no acepte la propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el Programa Punto Final de apoyo a los deudores, explicó, se incluirían los créditos otorgados hasta diciembre de 1994. Los montos originalmente contratados serían los siguientes: crédito al consumo hasta 40 mil pesos; plan auto, 60 mil pesos; transporte público, 150 mil; créditos hipotecarios, 500 mil; agropecuarios, 700 mil; industriales y comerciales hasta 1 millón.

Se considerarían los empréstitos vigentes y en cartera vencida correspondientes a los de la banca comercial y la de fomento. En la venta de cartera se daría prioridad a los deudores y la depuración de saldos se haría en función del precio de mercado de la deuda o el valor original de la garantía, lo que resulte menor.

Además, se establecería un subsidio a la tasa de interés, y se tendría como base un tope anual convenido y con tasas diferenciadas según el tipo de crédito. Habría también un sistema de pago en función del ingreso del deudor, así como un programa especial para jubilados, pensionados y sectores económicos siniestrados.

De acuerdo con lo dicho por el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, muchos directivos de la banca están de acuerdo con este Programa Punto Final, y han expresado la conveniencia de analizar los puntos sin apasionamiento, para que la banca empiece a recibir el pago directo de los deudores, haya liquidez en el sistema y se pueda reanudar el circuito del crédito.

Comienzan reuniones de la comisión del Fobaproa con ex funcionarios

En tanto que los ex banqueros Jorge Lankenau y Angel Isidoro Rodríguez aceptaron responder por escrito el cuestionario de los legisladores de la comisión de la Cámara de Diputados creada ex profeso para esclarecer el escándalo del Fobaproa, la fracción del PRD sostuvo que la reticencia a hacer transparente la información del inventario de créditos obedece a que en ellos se incluyen muchos de los grupos que financiaron la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, como es Cintra.

Esta semana habrán de realizarse las primeras reuniones entre directivos y ex funcionarios bancarios con la subcomisión del Fobaproa, y se espera que el primero de agosto comiencen las auditorías del caso, cuyos primeros resultados se tendrán en febrero de 1999, informó Fauzi Handam

Durante la reunión que hoy sostendrá la subcomisión de análisis del Fobaproa se deberá concluir con la agenda de entrevistas que realizarán con los 30 personajes implicados en el rescate bancario, entre ex funcionarios, empresarios, banqueros y funcionarios actuales, informó el presidente en turno, Ricardo Cantú.

Por otro lado, legisladores panistas integrantes de esta subcomisión sostienen que el ex gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, respondió negativamente a la invitación que le fue girada para que aportara información en torno a Fobaproa, ``y Aspe y Guillermo Prieto Fortún van por el mismo camino, hasta donde tenemos entendido''.

El panista Felipe de Jesús Cantú dijo que su partido seguirá insistiendo en que los cinco partidos representados en la Cámara de Diputados continúen con el análisis, discusión y posible solución de Fobaproa, evitando rupturas.

En tanto, para los perredistas el fondo de la reticencia gubernamental es la protección a los 500 grupos con gran solvencia económica entre los que se cuentan algunos que financiaron la campaña de Zedillo, señaló el diputado Ramírez Cuéllar.

``No podemos asumir que los pasivos de Fobaproa pasen mecánicamente a deuda interna sin una investigación mínima de lo que realmente sucedió'', insistió. Añadió que el Ejecutivo ha dado ya información sobre créditos otorgados a pequeños deudores, pero existe una absoluta negativa a otorgar información sobre los grandes deudores. ``No nos pueden argumentar el secreto bancario para los pequeños deudores, y reivindicarlo para los grandes grupos''.

Del análisis perredista sobre el caso, destacan algunas coincidencias que ``generan suspicacias''. El proyecto original de las iniciativas de ley Federal de Fondo de Garantía y Depósitos y de la Comisión para la Recuperación de Bienes presentadas por el Ejecutivo federal, incluía en uno de los artículos transitorios el pago de los intereses derivados de la conversión de las obligaciones contraídas por Fobaproa en deuda interna.

Esto involucra recursos por 38 mil millones de pesos por concepto de pago de intereses, una cantidad aproximada a la suma de los tres recortes presupuestales que ha realizado el Ejecutivo este año como consecuencia de la caída del precio del petróleo. ``No nos vayan a salir al final del año que se obtuvieron recursos adicionales de la recaudación fiscal, y que esos ajustes se utilicen para el pago de intereses del Fobaproa'', precisa el PRD.

Entre los grupos económicos más fuertes con importantes adeudos, señaló Ramírez Cuéllar, se encuentra Cintra, que fue uno de los que aportaron recursos para la campaña de Ernesto Zedillo.

En ese mismo caso están, dijo el legislador, Raymundo Gómez Flores, ligado a Dina y de quien ``se dice es sólo un prestanombres de José Córdoba Montoya'', o también el grupo Gutsa, promotor del World Trade Center.

Todos ellos participaron en la creación de la Unidad de Coordinación Bancaria Empresarial --en su momento definida como El Barzón de los ricos e impulsada por el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours-- y que fue un instrumento creado ex profeso para enfrentar los problemas crediticios.