Ordena Del Villar a subalternos rendir declaración sobre moralidad

Humberto Ortiz Moreno y Ricardo Olayo Ť A marchas forzadas, en tan sólo diez días, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) someterá a sus más de 14 mil funcionarios a un proceso de declaración voluntaria, bajo protesta de decir verdad y con amagos de graves sanciones penales, para que presenten su hoja de servicios, declaren su situación patrimonial y confiesen si han sido sujetos a proceso penal, inhabilitados, castigados administrativamente, si utilizan alguna droga o si son alcohólicos.

Los datos que resulten de este programa serán dados a conocer a la opinión pública, pero de modo que no pongan en peligro la seguridad y privacía de los familiares de los servidores públicos.

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, y el procurador, Samuel del Villar Kretchmar, firmaron el acuerdo correspondiente, al tiempo que el titular de la PGJDF hacía lo propio ante su jefe superior inmediato: presentar su hoja de servicios y declaración patrimonial, ``bajo protesta de decir verdad...''.

El trámite, de buena fe, deberá efectuarse ante el jefe superior inmediato y con la asistencia de dos testigos, previa lectura de un texto donde asentarán de puño y letra su aceptación.

En teoría, la Dirección de Servicios Periciales debería tener los antecedentes del personal de la PGJDF y la Contraloría Interna la información necesaria para vigilar el desempeño de los funcionarios.

Sin embargo, según fuentes consultadas, la memoria de la institución sólo tiene información hasta 1997.

Así, la medida dispuesta por el gobierno capitalino y la Procuraduría del DF tiene el propósito de ``enriquecer los expedientes respectivos con los antecedentes administrativos, penales y profesionales relevantes'' de funcionarios.

A siete meses del actual gobierno del DF, Del Villar emitió la circular C/02/98 por la que instruye a los servidores públicos de la PGJDF a complementar su hoja de servicios y recabar la autorización de los puestos directivos para poner a disposición del conocimiento público esos datos.

Se trata, señala, de proceder a una evaluación sistemática del personal y a la organización de la convocatoria y promociones, así como depuración del personal con antecedentes negativos para el servicio de la institución.

De este modo, a partir de mañana y hasta el 28 de los corrientes los 14 mil 379 empleados deberán de confesar ante sus jefes si han delinquido, so pena de incurrir en el delito de falsedad de declaraciones.

Este engorroso proceso requeriría, en condiciones normales, de un mayor tiempo, pues tendrían que comparecer aproximadamente mil 400 funcionarios al día para terminar en la fecha estipulada.

Las autoridades de la ciudad consideran que esta disposición es indispensable para mantener la confianza requerida en los empleos, cargos o comisiones en los órganos de procuración de justicia. La Contraloría Interna será la responsable de llevar los registros respectivos.

A partir de que termine el plazo para estas acciones, quedará abierto otro periodo no mayor de 90 días para aquellos que con motivo justificado no hayan cumplido esta obligación en el lapso original.

Por lo pronto, el gobernante capitalino advirtió al procurador Del Villar que de no haberse conducido con la verdad en su declaración de ayer, ``se hará acreedor a las penas en las que incurren los falsos declarantes, con base en el Código Penal vigente para el Distrito Federal y demás leyes aplicables...''.