Masiosare, domingo 19 de julio de 1998

Once de la mañana del martes. Apenas entra a su oficina, el procurador Samuel del Villar recibe una llamada. ``¿Ya viste Crónica?''

Un ejemplar de la síntesis informativa que le preparan todos los días está sobre su escritorio. Pero, como siempre, el documento no incluye las notas de ese diario.

El procurador del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas no ha podido enterarse de que Antonio Carrillo Luna, asignado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Judicial, fue sentenciado en 1989 por el secuestro de un comerciante de la Central de Abastos.

A esas horas Carrillo ya ha entregado su renuncia y permanece vigilado en el quinto piso del edificio de la policía judicial.

La tormenta durará todo el día.

Por la noche, Carrillo Luna sale por la parte trasera del edificio.

Sala de Prensa de la Procuraduría.

Los reporteros buscan una respuesta oficial. Inútil. Los responsables de Comunicación Social están desaparecidos.

Los elevadores de los funcionarios suben y bajan sin cesar, cargados de funcionarios nerviosos que aparentan calma y tienen culpables: ``Es claro que fue Gobernación'', deslizan. Alguno incluso llega a aventurar que los reporteros firmantes de la nota no existen.

En el escritorio de Samuel del Villar está el comunicado de respuesta oficial que será difundido hasta las 19 horas, pues al procurador le aconsejan esperar a que la noticia ``se diluya''.

Al día siguiente, el director de la PJ, Mauricio Tornero, afirma que Carrillo Luna ``era un funcionario de séptimo nivel'' con funciones similares a las de un conserje.

Muy distinta es la versión de los agentes judiciales y empleados que lo conocen. A Carrillo Luna, cuentan, le gusta que le digan comandante, siempre anda armado y participa en operativos para detectar asaltantes de transportistas.

En siete meses renunciaron o fueron destituidos cinco funcionarios de primer nivel, y dos más que han sido señalados permanecen en sus cargos.

Una historia que pasa por la marca de torturador que cargaba Jesús Carrola, efímero director de la Policía Judicial y llega hasta su colaborador, el ahora desempleado Antonio Carrillo.

En medio están los casos de Francisco Humberto Castellanos Garza, a cargo de recuperación de vehículos, quien fue acusado de torturador y narcotraficante. De Ernesto Caballero Ramírez, ex delegado en Iztacalco, acusado de proteger bandas de asaltantes. De Tomás Montes de Oca, destituido como delegado de la Judicial en Iztapalapa, porque protegía una banda de ladrones de autos. De Javier Esquinca, director de área acusado de asesinar a su propio escolta. De Domingo Tassinari, ex director del grupo antisecuestros presuntamente vinculado a bandas de secuestradores.

¿Cómo fue posible que alguien como Carrillo se colara en la Policía Judicial? Dos posibles respuestas.

En la Procuraduría no hay archivos para consultar los posibles antecedentes penales de quienes solicitan empleo. Y otra: el ahora desempleado llegó muy bien recomendado por el efímero director de la PJ, Jesús Carrola, que también metió la mano por otros de sus amigos.

Antes, en 1989 -cuando fue sentenciado a 14 años de prisión- Carrillo fue subcomandante de la policía capitalina. En diciembre regresó a la corporación aunque oficialmente cobró su primer sueldo hasta febrero.

No es, en todo caso, la única irregularidad en la nueva Procu.

Un ejemplo: pese a las instrucciones en contrario, los agentes siguen usando los servicios de madrinas, a quiene se puede ver diariamente afuera del edificio de Arcos de Belén, a la espera de sus jefes.

Otro: en febrero de 1996 se instaló en la Coordinación de Robo y Recuperación de Vehículos el sistema Conauro, que concentra toda la información de los autos robados en el DF. El sofisticado sistema ya no funciona.

Hasta hace unos meses, todos los vehículos recuperados se concentraban en el corralón de Santa Martha para facilitar las devoluciones.

Ahora, según empleados, los autos recuperados se reparten en distintos corralones. Las víctimas de robo tienen que recorrerlos todos.

Esto sin contar las dificultades que ha generado la suspensión del uso del sistema computarizado, luego de la denuncia contra la IBM y ex funcionarios judiciales.

Quizá una de las áreas donde los conflictos afloran con mayor frecuencia es la Dirección de Comunicación Social, que prohibió a los funcionarios conceder entrevistas u ofrecer cualquier clase de información.

Esto ha propiciado, por ejemplo, que los índices de criminalidad que en la anterior administración se podían consultar todos los días ahora se mantengan en secreto.