El gobierno de Zedillo decidió ya llevar a la práctica el antiguo proyecto del grupo en el poder de reformar la Ley Federal del Trabajo para adecuarla al modelo de desarrollo económico inaugurado hace 15 años en México. Esa determinación explica la presteza del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por sentar en la mesa de acuerdos a los representantes empresariales y de los sindicatos de trabajadores; su propósito es ponerlos de acuerdo, elaborar un proyecto de reformas a la legislación y presentarlo al Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones que se iniciará en septiembre.

La prisa del gobierno para reformar la legislación laboral tiene varias causas. Además de la convicción del grupo tecnocrático en el poder contenida en el Plan de Desarrollo, están las exigencias de los empresarios y de las agencias internacionales, el FMI y el Banco Mundial, impacientes por la tardanza del gobierno mexicano para liquidar las pocas conquistas obreras del movimiento revolucionario mexicano que aún subsisten, así sea en la letra, y abrir de par en par las puertas a métodos más eficaces e intensivos de explotación de la fuerza de trabajo. El gobierno y los empresarios se proponen conseguir, cuando menos, la máxima flexibilización para manejar la fuerza de trabajo durante el proceso de producción; implantar la contratación por horas y medios tiempos; iniciar el fin de la seguridad en el empleo y de la jornada de ocho horas; reducir hasta la caricatura el derecho de huelga; acabar la contratación colectiva, y darle un golpe de muerte a los sindicatos postrados casi por completo desde hace medio siglo.

Sumado a lo anterior está el interés del doctor Zedillo y sus hombres de dejar su ``modelo'' bien amarrado antes del año 2000, cambios en la legislación laboral incluidos, pues en las primeras elecciones federales del nuevo milenio se puede materializar la posibilidad de que el grupo neoliberal del Presidente sea obligado, mediante el voto ciudadano, a abandonar el poder, en cuyo caso se abrirían las puertas a rectificaciones económicas y sociales importantes en el rumbo que el grupo neoliberal impuso al país desde 1982.

Pese a que ha cambiado la correlación de las fuerzas políticas, el gobierno confía, aunque no por completo, en imponer reformas a la Ley Federal del Trabajo conforme a sus intereses e ideología. Intenta conseguirlo pronto, en el próximo periodo de sesiones, pues el año entrante todo estará subordinado a los primeros pasos de la sucesión presidencial y más tarde será imposible. El equipo del Presidente tiene confianza en su afinidad completa de enfoques y propósitos con los empresarios y en la fidelidad del sindicalismo oficial, especialmente de sus viejos capos. Estos últimos, dirigentes inescrupulosos de toda la vida, apoyarán cualquier reforma lesiva a los intereses de los trabajadores --lo han hecho constantemente cuando menos desde 1948-- a cambio de que se les respeten sus reducidas posiciones políticas y sus espacios.

La táctica del gobierno consiste en presentar una propuesta de reforma laboral consensada con empresarios y sindicatos. Y, con ella, presionar fuertemente a diputados y senadores de los partidos de oposición en las cámaras para obligarlos a aceptar lo esencial de una reforma de la Ley Federal del Trabajo, que tendrá como propósito único, sin duda y descontadas las declaraciones demagógicas de funcionarios y dirigentes empresariales, poner a tono la legislación laboral con las necesidades del modelo neoliberal, en el cual la eficiencia y rendimiento de la fuerza de trabajo en aras de la competitividad es lo fundamental y no los intereses y derechos de los trabajadores.

Sin embargo, no será fácil. La mayoría en la Cámara de Diputados puede echar a rodar los planes del doctor Zedillo y las cúpulas empresariales. Los principales partidos, PAN y PRD, tienen sus propios proyectos de reforma y van a defenderlos por convicción y por conveniencia política, pues en vísperas de las importantes elecciones federales del año 2000 cuidarán mucho su imagen ante los electores, gran parte de ellos trabajadores asalariados. Estos, hasta el momento, son los grandes ausentes de este proceso que puede desembocar en una reforma que lesione aún más sus intereses.

Correo electrónico: [email protected]