Si algún silencio ha pesado en estos meses, es el silencio del gobierno acerca del porqué no se ha cumplido lo que se pactó en los acuerdos de San Andrés. Sólo que este silencio, a diferencia del que había mantenido Marcos, se esconde detrás de muchas palabras. En efecto, mucho se ha escuchado y visto en estos 23 meses que lleva la suspensión del diálogo: ofrecimientos y planes de distensión que apenas se sostienen. Detrás de esta palabrería, el incumplimiento de lo acordado y firmado aquel 16 de febrero de 1996 por los representantes del gobierno federal y el EZLN es la verdadera causa del empantanamiento del diálogo y el agravamiento de las condiciones políticas y sociales de una vasta zona de Chiapas. Acteal y los violentos desalojos no son el resultado del azar y las malas costumbres, sino de la irresponsabilidad sobre lo que se acordó.
Para intentar hacer olvidar lo firmado, se ha recurrido al desprestigio y el acoso de las instancias de intermediación y coadyuvancia hasta conseguir la desaparición de una y el agotamiento de la otra; se ha echado mano a una intensa campaña de prensa que lo único que ha logrado es crear una tremenda confusión acerca de lo que ocurre en esa zona de Chiapas; se ha ignorado a diversas organizaciones de defensa de derechos humanos, entre ellas a la propia CNDH, y con ello se ha agravado el problema de la impunidad; se ha expulsado a observadores y clérigos extranjeros de manera fulminante y con operativos y argumentos tan extremos que han logrado provocar lo que el propio EZLN no había podido hacer, es decir, llamar la atención de organismos internacionales y gobiernos extranjeros.
Ahora, gracias a todo esto, el gobierno se ha quedado solo, sin interlocutores y sin soluciones, con la atención de organismos como la ONU y la Unión Europea, puesta en las graves condiciones de vida que se tienen en la zona, y el deterioro de los derechos humanos. Más aún, también los mexicanos, los zapatistas, los antizapatistas y los indiferentes, esperan del gobierno que allane el camino para una solución sin perdedores y sin sangre, una solución concertada, pacífica y digna.
No es tarde para variar una estrategia que lleva a la incertidumbre, provoca el riesgo de enfrentamientos y garantiza la impunidad por ``interés de Estado''. El costo político de tal cambio siempre será menor al del desprestigio de las instituciones y de la sangre que se puede derramar.
Si existe algo parecido a la ética política, ésta nos obliga a los priístas a exigir que las partes cumplan lo que fue firmado en San Andrés. Es mentira que en los documentos signados en aquella ocasión se pretendiera que la nación aceptara sin chistar lo que el gobierno federal y el EZLN pactaron. Lo que se comprometió fue el enviar a las instancias de decisión nacional los documentos, es decir, enviar al Congreso de la Unión los acuerdos de San Andrés para su dictamen.
En este sentido, mediante el consenso de los partidos es posible que el gobierno retire la propuesta que ha presentado y envíe a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa a finales de 1996 en materia de derechos y cultura indígenas. Pese a la campaña de descalificación que este último documento sufrió hace meses, en el sentido de que no se apegaba a los acuerdos, lo cierto es que es la única iniciativa que los retoma fielmente.
Entendamos que al enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados, nadie espera que se apruebe de forma inmediata y sin discusión. Suponer esto sería asumir que el Congreso es una oficialía de partes. De los diputados cabe esperar el análisis exhaustivo, los cambios y el perfeccionamiento legal que su función exige, sin detrimento del espíritu de conciliación que en su momento llevó al gobierno y al EZLN a sentarse frente a frente, hacer a un lado sus diferencias y firmar un documento de trascendencia histórica. La actual composición de la Cámara de Diputados garantiza la discusión y la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sustancial y satisfactorio. En este proceso, los diputados pueden y deben ser los vigilantes de la conciliación, la soberanía y, desde luego, los intereses de todos los mexicanos indígenas. Ignoro si, como están las cosas, esto fuera suficiente para retomar el camino del diálogo, pero se habría cumplido un compromiso que se adquirió frente a la nación y, sin duda, esto ayudaría a demostrar que nunca es tarde para desandar un camino que no lleva a la solución pacífica. Ninguna mediación, sea nacional o internacional, logrará desentrampar el diálogo mientras no haya la voluntad política para resolver el conflicto, algo que parece no existe mucho en estos tiempos en los que se atiende más a lo que pasará en el 2000, que en el sufrimiento de cientos de miles de indígenas chiapanecos.
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