El Fobaproa no es el atraco más grande hecho contra el patrimonio del país, pero sí es el más corrupto e ilegal; indudablemente, tiene actos que deben castigarse por la justicia, pero el más grave atentado al patrimonio de los mexicanos fue el costo del ``error de diciembre'', que tiene una enorme carga de ineptitud e irresponsabilidad oficial. Esto no implica exonerar a Salinas, a él no lo limpia nadie.

También hubo actos indebidos por parte de las instituciones de crédito y fomentados por el sector público, como la compra de dólares hecha por uno de los tres grandes bancos, a un tipo de cambio bajo y que convirtió en pesos cuando el tipo de cambio se había derrumbado o su compra de tesobonos con descuento, cuando el gobierno los iba a pagar a la par.

En el ``error de diciembre'' la deuda a corto plazo pudo convertirse a plazo medio, con un modesto aumento a las tasas de interés y pagos trimestrales escalonados hasta que se pagara el total. No se hubiera necesitado tanto crédito externo y se hubiera llegado a una devaluación gradual y no catastrófica como la que se hizo. De ahí en adelante se comprometió todo, se frustró totalmente el sexenio de Zedillo al quedar al descubierto que ese error era atribuible a la falta de experiencia y a la ineptitud de su gobierno.

México cayó en una dependencia total del exterior que permitió a los norteamericanos actuar en nuestro país, como Juan por su casa, con arrogancia, impunidad y falta de respeto a las instituciones, que indica el nivel de desprecio de Washington hacia el gobierno mexicano, a pesar de los actos diarios de servilismo de Relaciones Exteriores.

Como está planeado el Fobaproa es un fondo para rescatar o proteger ahorros y ahorradores, no bancos ni créditos malos, éste era y es un asunto entre banqueros y deudores. El gobierno se ha hecho bolas y cree que todo es igual.

Muchos de los créditos malos fueron utilizados por los banqueros para pagar las acciones de los bancos que compraron; al quebrar éstos, se convirtieron en una deuda incobrable de los mismos banqueros. Otros créditos se dieron a la ligera en un afán de ganar mucho dinero para pagar sus deudas. Esto también les falló. Ahora el gobierno quiere que quienes no se endeudaron le entren a la coperacha para rescatar a estos bribones.

Para que se deje de envilecer y endeudar México, es necesario que el Congreso estudie e informe a la población qué sucedió, verdaderamente, con ``el error de diciembre''; si no se castiga a nadie, cuando menos conocer a los culpables de este despropósito. En cuanto al Fobaproa debe dársele su verdadero propósito y dimensión, buscando defender los intereses del país y no el de los banqueros.

Pero estos dos problemas no son los únicos que el Congreso debe estudiar para darle a la economía una mayor solidez y cumplir con su obligación de representantes del pueblo, y me dirijo a la oposición y no al ``hoyo negro'' priísta, para darle al gobierno un prestigio que hoy no tiene, ni adentro ni afuera del país y que, me temo, no recuperará en lo que resta del sexenio, estos dos años y medio llenos de incertidumbre y de peligros. ¡Cómo envidio a los japoneses!

Otro caso es el sistema de Afores que se dio a los bancos, que ya han demostrado su ineptitud y, en muchos casos, su deshonestidad. Si estos fondos se utilizarán para dar más créditos malos cruzados, al cabo de unos cuantos años no habrá fondo de ahorros y el gobierno tendrá que hacer frente al desfalco que sufrirán los ahorradores. El fondo de ahorros debería ser único y manejado dentro del sistema de Seguridad Social; dárselo a los banqueros es como nombrar a Drácula gerente de un banco de sangre.

El rescate de las carreteras es otro atraco desde su inicio; la construcción se otorgó con una gran discrecionalidad, se engañó en el cálculo del tráfico diario y en las cuotas. Los empresarios engañaron en el costo inicial que pronto se rebasó. En vez de hacerse cargo de todo el sistema, el gobierno pudo aportar un porcentaje variable del capital, y que no cobraría utilidades, aplicando el monto de éstas a una disminución de las tarifas vigentes, para aumentar el tráfico. Se pagó el total de 26 mil millones de pesos, ¿por qué?; puede ser que sea la mejor solución, pero la población no lo sabe.

El Congreso debería estudiar también el déficit de Nacional Financiera, se habla de 20 mil millones y tiene un fuerte olor a gastos electorales. Debe aclararse y fincar las responsabilidades que correspondan o que deje de ser rumor.

Por lo demás, todo el proceso de privatización del salinato debe revisarse con lupa, porque los funcionarios no se apegaron a las condiciones de venta que ellos mismos establecieron y no se manejó con honestidad. Hay muchas cosas sucias que van a encontrar y que por lo menos sean del dominio público, para que conozcan la clase de gente que nos gobernó y puede ser que aún nos gobierna.

Esta revisión de los atracos financieros es urgente para imponer disciplina y honestidad a quienes nos gobiernan y que no se olviden de que la legalidad de un gobierno se gana en las urnas, pero la legitimidad se obtiene en el ejercicio del poder, no se puede gobernar contra el pueblo, y a éste no lo forman los cien bribones beneficiados por el neoliberalismo.