La información publicada por The New York Times en su edición de ayer, en el sentido de que el ex policía Adrián Carrera Fuentes viajó clandestinamente a Estados Unidos -en momentos en que se encontraba formalmente preso-- para declarar ante el Poder Judicial de ese país sobre los sobornos que los narcotraficantes pagaban a funcionarios mexicanos constituye una nueva y grave acusación contra una buena parte de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

No puede descartarse que los datos del rotativo neoyorquino sean inexactos o llanamente falsos. En la historia reciente de las relaciones bilaterales no han sido infrecuentes los señalamientos realizados del otro lado del río Bravo en contra de autoridades mexicanas, y en no pocos casos las imputaciones han resultado indemostrables. En diversas ocasiones, los mexicanos hemos percibido que, detrás de las revelaciones de corrupción e irregularidades --ya sean periodísticas, oficiales u oficiosas; ya sean verdaderas, falsas o parcialmente ciertas--, se mueven intereses políticos o económicos de corte injerencista. Tal es la sospecha ante la reciente operación Casablanca realizada por el Departamento de Justicia del país vecino contra funcionarios bancarios mexicanos que presuntamente lavaban dinero del narcotráfico.

Pero, por desgracia, los señalamientos referidos, y en particular la información divulgada ayer por The New York Times, operan en un contexto general de innegable e inocultable descomposición institucional en las entidades mexicanas responsables de combatir y castigar a la delincuencia, de palmaria ineficacia, de prácticas por demás irregulares y de creciente infiltración por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Existen numerosos ejemplos recientes de delincuentes investidos de funcionarios policiacos --el más próximo, el del ex secuestrador Antonio Carrillo Luna, quien hasta antier laboraba en la Policía Judicial del Distrito Federal--, de policías cómplices del hampa y de altos mandos --incluso ex procuradores-- sometidos a procesos penales por haber violado las leyes que habrían debido aplicar y defender. Los casos de Mario Ruiz Massieu y de Pablo Chapa Bezanilla, por ejemplo, marcan un alarmante círculo vicioso en el cual los investigadores policiales resultan, al cabo de pocos meses o años, imputados de delitos tan graves como los que ellos mismos habían perseguido o inventado.

Con estos antecedentes, lo publicado por el diario de Nueva York resulta, cuando menos, verosímil.

Si los viajes secretos de Carrera Fuentes a Estados Unidos realmente tuvieron lugar, ello implicaría graves responsabilidades para los funcionarios penitenciarios y judiciales encargados de la custodia del mencionado delincuente. Llevar y traer a un procesado a través de fronteras internacionales sin cumplir con ningún trámite legal no sólo constituiría una irregularidad mayúscula sino que, además, implicaría una claudicación, lesiva para la soberanía nacional, de las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia. Por ello, es impostergable investigar a fondo y, en su caso, sancionar a los culpables de tal anomalía.

La presencia en tribunales de Estados Unidos de González Calderoni, el propio Ruiz Massieu y muchos otros; los procesos legales contra Raúl y Carlos Salinas de Gortari en cortes europeas; los juicios de extradición de Pablo Chapa Bezanilla y de Isidoro Rodríguez, en España; los casos de Gutiérrez Rebollo, Miyazawa y Peredo Merlo, por mencionar sólo tres de los procesos más sonados en el interior del país, han creado en el mundo una percepción, que tiene mucho de cierta, sobre los escandalosos niveles de corrupción que imperan aquí, sobre la alarmante fusión entre altos niveles del poder público y las mafias, y sobre el desorden y el descontrol en que se encuentran las procuradurías mexicanas.

En esta circunstancia, la sociedad y el gobierno deben hacer conciencia sobre el hecho de que, más que el conflicto chiapaneco, más que los quebrantos económicos, esa corrupción coloca a nuestro país en una posición débil y vulnerable ante el contexto internacional.