De la Barreda: es un asunto ``muy grave de negligencia'' y hay que investigarlo

Ricardo Olayo y Gustavo Castillo Ť La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) no es responsable de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haya contratado a Antonio Carrillo Luna, quien está acusado y sentenciado por el delito de secuestro, aseguró Samuel Alba Leyva, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa dependencia.

El ombudsman del Distrito Federal, Luis de la Barreda, dijo a su vez que en materia de antecedentes penales la Procuraduría no depende de la información que le entregue la Secodam, pues en su propia estructura hay una Dirección de Control de Procesos con archivos en los que puede investigar los antecedentes.

Ahora, solicitó De la Barreda al procurador Samuel del Villar, la Procuraduría debe investigar la forma y la circunstancia en que fue nombrado Antonio Carrillo Luna.

``No nos conformamos con la separación del cargo, por ello nos interesa la función preventiva y que se investigue'' a fondo, dijo De la Barreda. No se trata de iniciarles averiguación previa, sino de buscar en sus antecedentes para que no tengan impedimento legal de trabajar en una instancia de administración de justicia, subrayó.

Es ``un caso muy grave de negligencia'' que abrió la puerta a Carrillo Luna, indicó el ombudsman, en una conferencia de prensa en la que subrayó que también hubo irregularidades en la preliberación de Carrillo, pues salió del reclusorio antes del tiempo que le permiten los beneficios de libertad.

Es decir, había cumplido apenas el 30 por cierto de la pena de 14 años a que lo sentenció el juez cuando alcanzó la libertad, pero la ley marcaba en ese momento que el mínimo que tenía que purgar era el 40 por ciento del total de la sanción.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pidió también protección para Héctor Gutiérrez, reportero del diario La Crónica, pues ha sido amenazado al hacer las investigaciones del caso, según lo publicado en La Jornada.

La CDHDF ha pedido información a la Procuraduría de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, en cada uno de los casos en que ha habido sospecha en la actuación de funcionarios, recordó el ombudsman. Esta no es la excepción.

En un oficio que envió el pasado martes, plantea que se haga una revisión de todos los antecedentes administrativos y penales de los servidores públicos para detectar posibles casos, como una medida preventiva que propone la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con base en sus facultades.

Si se otorga el beneficio de la duda, pudo haber sido un error que no se detectaran las irregularidades, por eso la CDHDF pide una investigación, indicó.

Responde Secodam

Por su parte, Alba Leyva afirmó que en el caso de Carrillo Luna, quien fungió como subdirector de la Policía Judicial del Distrito Federal, la Secodam, por disposición de ley, sólo posee el registro de las sanciones administrativas de los servidores públicos y no las penales, porque no tiene competencia ni jurisdicción para ello.

Señaló que la Secodam ``no puede inventar sanción alguna y sólo informa de las que hay en el registro de servidores públicos sancionados, y que se refieren a las marcadas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como son la destitución, inhabilitación y suspensión, pero no las penales''.