Anuncia Del Villar programa de ``moralización y regularización'' en la PGJDF

Humberto Ortiz y Alonso Urrutia Ť Investigaciones dentro de la Procuraduría de Justicia capitalina han detectado a por lo menos tres cuadros policiacos dedicados al secuestro actualmente.

Los elementos judiciales que se han corrompido optan por este delito en virtud de su alta rentabilidad económica y las grandes posibilidades de quedar impunes, señalan fuentes de la PGJDF.

Y es que, en la mayoría de los casos, las víctimas son amenazadas y agredidas por los malos servidores públicos y, para no sufrir represalias, deciden no denunciar los hechos ante las autoridades, lamentan.

Las indagatorias sobre los tres presuntos judiciales secuestradores son realizadas con la mayor cautela, pues no se descarta que sean protegidos por jefes de la corporación. Por lo pronto, inspección interna de la procuraduría capitalina investiga a Juan Domingo Tassinari, ex jefe del Grupo Antisecuestros, por presunta protección a la banda de los Arizmendi.

La vieja estructura de hace 15 años permanece, básicamente, en la PJDF y no puede desmantelarse de golpe, argumentan funcionarios de la institución. Con todo y esto, tan sólo en junio pasado han sido desmembradas 113 bandas y consignados sus integrantes, además de que el robo de vehículos se redujo a dos dígitos: 97 diarios.

Respecto a las malas artes de sus elementos, Mauricio Tornero Salinas, director general de la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF), ilustró sobre los ilícitos favoritos de sus subalternos: extorsión (que implica el secuestro), abuso de autoridad, lesiones e incluso el abuso sexual agravado.

A la fecha, precisó, 172 agentes judiciales están involucrados en averiguaciones previas por esos delitos; 94 más en actas administrativas, y 149 cuyos expedientes han sido remitidos al Consejo de Honor y Justicia de la institución.

En total tanto de la PGJDF como de la Secretaría de Seguridad Pública, anotó Hugo Vera, director de Investigación de Delitos contra el Honor, Responsabilidad Profesional y Relacionados con Servidores Públicos, existen 222 policías bajo investigación.

El delito de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con reportes institucionales, tuvo una baja considerable durante los meses de enero, febrero, marzo y buena parte de abril, pero a fines de este mismo mes, luego durante mayo y en junio registró un repunte muy fuerte en todas sus modalidades, lo que mantiene abiertas alrededor de 90 averiguaciones previas actualmente.

En esta estadística se incluyen casos de auto secuestro como uno reciente en que una muchacha fingió haber sido plagiada y exigía a su propia familia 30 mil pesos de rescate. Ella misma hacía las llamadas desde un celular suplicando a sus parientes pagar el dinero. Pero fue rastreada y resultó que le urgía el dinero para pagar una liposucción que ya se había realizado.

En tanto, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, José Espina subrayó que las renuncias obligadas de funcionarios de la PGJDF por pasados delictivos, demuestran hasta que punto están penetradas las corporaciones policiacas por las bandas delictivas y evidencia la urgencia de iniciar una verdadera reconstrucción de éstas.

Dijo que este es un fenómeno generalizado en cuerpos policiacos del país, pero aquí alcanza dimensiones particularmente graves. La designación de funcionarios sin la revisión de sus antecedentes penales, concluyó, genera mayor incertidumbre y desconfianza de la sociedad hacia las autoridades y agudiza los problemas de inseguridad.