Renuncia mando de la PJDF; otros, bajo sospecha

Humberto Ortiz Moreno Ť La renuncia de Antonio Carrillo Luna a la jefatura de la Unidad de Protección de Operación Policial y no a la subdirección de Investigaciones de la Policía Judicial del Distrito Federal significa el último eslabón de una cadena de ceses y dimisiones obligadas de funcionarios que demuestra la infiltración evidente del crimen organizado en la corporación policiaca, gracias a graves deficiencias administrativas.

Todo inició con la separación voluntaria de Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez como director general de la PJDF y de Francisco Castellanos de la Garza como coordinador de Investigación de Robo de Vehículos, quienes estarían hoy prestando servicios externos a la institución, según fuentes de la Procuraduría de Justicia capitalina.

Luego siguieron los casos de Tomas Montes de Oca, subdelegado de la PGJDF en Iztapalapa, y Ernesto Caballero Ramírez, delegado regional en Iztacalco, hoy presos y procesados penalmente por sus relaciones con bandas de asaltantes.

Las mismas fuentes mencionaron que el expediente de Carrillo Luna jamás fue remitido a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), cuando la propia procuraduría de justicia y el Poder Judicial están obligados a enviarle un informe preciso sobre la inhabilitación del servidor público sancionado.

El saber que como director de Aprehensiones de la PJDF el ex jefe de departamento estuvo involucrado en el secuestro del comerciante Luis Roberto Gutiérrez Colín, en enero de 1989, pidiendo un rescate de 20 millones de pesos, y que el juez 48 penal lo condenó a 14 años de cárcel, provocó la emisión de un escueto boletín de ocho párrafos que, en esencia, admite las deficiencias en la contratación del personal.

Procesado y encarcelado durante 4 años y medio por el delito de secuestro, pues alcanzó el beneficio de la preliberación el 8 de septiembre de 1994, el hoy ex funcionario pensó que con la pena corporal había pagado su deuda con la sociedad y concursó para acceder a una plaza en la PGJDF. De una terna, resultó favorecido con la contratación, según informes recabados en la institución.

La información oficial del comunicado señala que Carrillo Luna no tenía antecedentes de haber sido sancionado por la Contraloría Interna de la procuraduría capitalina, conforme al oficio número 800/00978/98 con fecha del 18 de febrero de 1998.

Además, la Secodam, a través de su director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, precisó el 16 de marzo de este año, en el oficio DG/220/01439/98 dirigido al contralor interno de la PGJDF, que una vez revisado el Registro de Servidores Públicos sancionados por esa dependencia, no apareció el antecedente de sanción alguna en contra de Carrillo Luna Antonio.

En consecuencia, ``por así convenir a sus intereses'', el funcionario cuestionado dimitió al cargo que ocupaba en la PGJDF, al cabo varias horas en que fue retenido en las oficinas de la Policía Judicial mientras se decidía su suerte.

El comunicado de seis párrafos fue precedido de horas de incertidumbre en la procuraduría de justicia. Tornero Salinas y su equipo se encerraron con Samuel del Villar Kretchmar para analizar las alternativas del caso, basados en la revisión del expediente de Carrillo Luna.

Corrían los rumores no sólo de la renuncia del servidor público cuestionado, sino también de al menos un mando de alto nivel por su responsabilidad en la contratación de personal con antecedentes penales.

Por otra parte, reunido por más de dos horas con el procurador Del Villar, el dirigente del Movimiento Unido contra la Delincuencia, Guillermo Velasco Arzac, externó al salir su preocupación por ``los goles'' que le han metido a la administración del Cuauhtémoc Cárdenas en el renglón de seguridad y justicia.

El caso de Carrillo Luna, remarcó, ``podría ser la punta del iceberg'' en cuanto a la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas y la falta de voluntad para limpiarlas.

Incluso, comparó este asunto con lo ocurrido en el estado de Morelos respecto del ex director del Grupo Antisecuestros, Armando Martínez Salgado, quien contaba con su propia organización de plagiarios.