La presencia, hasta ayer, de Antonio Carrillo Luna -secuestrador sentenciado por el plagio de un comerciante en 1989- en el cargo de jefe de la Unidad de Protección de Operación Policial de la Procuraduría General de Justicia del DF, representa un agravio para la sociedad y una alarmante evidencia de que -pese a los esfuerzos realizados para depurar los cuadros de la PGJDF- las corporaciones policiacas se encuentran todavía infiltradas por la delincuencia. Carrillo Luna fue hallado culpable de secuestro y condenado, en 1990, a siete años de prisión. Poco después, el Tribunal Superior de Justicia del DF resolvió, ante la gravedad del delito cometido, ampliar a 14 años la sentencia. Sin embargo, aunque los tribunales rechazaron los alegatos de inocencia presentados en dos ocasiones por Carrillo, en 1994 le fue concedida su preliberación, circunstancia que, una vez más, pone en entredicho la forma en que se imparte la justicia en el país.

Ante esos hechos, resulta por demás inquietante que el procurador Samuel del Villar haya designado como mando en la Policía Judicial -instancia crucial para abatir la criminalidad, la impunidad y la inseguridad que agobia a los habitantes de la capital del país- a un individuo con antecedentes penales tan ominosos y que, para colmo, cometió un delito tan grave y socialmente destructivo como el secuestro. ¿Por qué no se realizó una investigación a fondo del historial de Carrillo Luna? Y si, por el contrario, tal indagatoria tuvo lugar y se conoció de antemano su pasado delictivo, ¿por qué se le confirió una responsabilidad tan importante?

Como sucedió con el caso de Jesús Carrola, la presencia de Carrillo Luna en la Procuraduría representa una afrenta a la ciudadanía que debe suscitar de parte del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas una investigación inmediata, un reconocimiento del grave error cometido y una explicación pública suficiente e inequívoca. Ciertamente, debe señalarse que las prácticas de corrupción y complicidad de funcionarios policiacos y judiciales con el crimen organizado constituyen una de las herencias nefastas del periodo de la regencia, pero no puede aceptarse que, a un año de la elección de Cárdenas como jefe de gobierno y a más de siete meses de su toma de posesión, se cometan errores u omisiones tan graves como el nombramiento de Carrillo Luna y se tolere, así sea por ignorancia, que las instancias de procuración e impartición de justicia de la metrópoli permanezcan infiltradas por criminales. Para la sociedad, como lo demostró la indignación suscitada recientemente en Morelos por la complicidad de funcionarios judiciales con bandas de plagiarios, no existe razón válida para que un secuestrador haya sido designado para ejercer un puesto público, cualquiera que éste sea.

La lucha contra la delincuencia y la corrupción es una de las demandas más apremiantes de la ciudadanía y uno de los compromisos torales de la campaña electoral y de la administración de Cuauhtémoc Cárdenas. En esa perspectiva, la renuncia de Carrillo Luna al cargo que ocupaba no es suficiente para remediar la pifia cometida ni para mitigar la justificada indignación social que ésta ha generado. Por ello, es indispensable que, de manera inmediata y completa, se emprenda una investigación de todo el personal de la Procuraduría y las policías del DF, se destituya y sancione conforme a la ley a todo individuo que haya cometido delitos o se le comprueben nexos, presentes o pasados, con el crimen organizado y se realice, por parte de las autoridades de la ciudad de México, un profundo análisis y un replanteamiento de las estrategias y las motivaciones con las que se han conducido las tareas de procuración de justicia en la capital de la República.