Desde mayo se propusieron a Cárdenas 93 líneas de investigación para depurar la policía

Bertha Teresa Ramírez Ť Desde mayo, el Consejo Consultivo en Procuración de Justicia y Seguridad Pública propuso al jefe del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, que se siguieran 93 líneas de investigación relacionadas con jefes policiacos y su posible conexión con el crimen organizado, en particular el relacionado con robos de vehículos, secuestro, narcotráfico, extorsión, robo a transporte y taxis, así como falsificación y defraudación de tarjetas de crédito y cheques, entre otros, reveló el presidente del Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO), Lucio H. Mendoza Ríos.

Señaló que cada una de estas líneas de investigación ``constituye la punta de una madeja que es necesario desenredar si de verdad se quiere llegar al fondo de la corrupción que afecta a la policía y así evitar que después de una denuncia contra un jefe policiaco, la única salida de las autoridades sea dar por concluido el caso con la sola destitución del mando''.

La larga lista de indagatorias fue planteada a Cárdenas en un documento con el título ``Elementos Para un Plan de Depuración y Dignificación de las Corporaciones Policiacas del Distrito Federal'', que fue proporcionado a este diario por el IMECO, en el cual se incluyen los casos de los delegados de la Policía Judicial en las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco, quienes se confirmaron como jefes de bandas criminales relacionados con el robo de automóviles.

El documento plantea, además, investigar los casos de los ex jefes de la PJDF, señalados como protectores o integrantes de las bandas dedicadas a la falsificación de documentos bancarios. Estos son sólo algunos de los casos delictivos en los que la policía ha participado.

Precisa que en el asunto de los comandantes judiciales involucrados en el robo de autos también debe investigarse a otros servidores públicos implicados en la protección de la banda de ladrones de vehículos, protegidos por los jefes de la Judicial en Iztapalapa, Tomás Montes de Oca, y en Iztacalco, Ernesto G. Caballero, ``ya que es necesario establecer quiénes eran a su vez los protectores de estos jefes, e igualmente debe señalarse qué integrantes de otras corporaciones pudieran haber estado compartiendo la protección de esta banda que no sólo operaba en el Distrito Federal''.

La indagatoria debe incluir ``el porqué los agentes de la Policía Judicial Federal que fueron despedidos desde 1996, muchos de ellos siguen cobrando sus sueldos, pero no tienen ninguna ocupación en la Procuraduría General de la República, y entre éstos ya ha habido casos de detenidos por secuestro o asalto''.

Propone además que se averigüe en torno de los 40 agentes y comandantes de la PJDF que se ``separaron misteriosamente'' de la corporación de acuerdo con las declaraciones del actual director de la Policía Judicial, Mauricio Tornero. El documento indica que también debe llegarse al fondo respecto al caso de los agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal y de la Policía Judicial Federal, que podrían proteger a la banda de La Coneja, a la cual pertenecía El Chucky, especializada en el asalto de turistas y usuarios del aeropuerto capitalino.

Entre las casi cien líneas que propuso el Consejo Consultivo en Procuración de Justicia y Seguridad Pública, el cual está integrado por 66 asociaciones entre empresariales, civiles y de derechos humanos, y que fue constituido por el jefe del gobierno capitalino el pasado 16 de abril, se demanda además que se aclare la ubicación y ocupación actual de los servidores públicos de la PGJDF separados de la institución durante la depuración de diciembre de 1994 y de noviembre de 1997.

Por otra parte, el organismo exigió que se investigue a los ex integrantes del agrupamiento Transformación 2000 de la SSP, en virtud que desde su creación el Centro Histórico se convirtió en la zona de mayor incidencia criminal, así como a elementos de los desaparecidos grupos Jaguar y Zorros, involucrados en secuestros.

Mendoza Ríos señaló que con la revelación de que el subdirector de la Policía Judicial del DF, Antonio Carrillo Luna, estuvo implicado en un secuestro en enero de 1993 ``lo que está saliendo a flote es que el gobierno actual no hizo una selección adecuada para nombrar a sus funcionarios y es que las autoridades, independientemente del partido al que pertenezcan, apuestan al control del crimen no a su combate''.

Hasta ahora no han entrado al combate real del crimen ``por la sencilla razón de que lo que quieren es obtener un lucro político que les permita continuar en el poder. Lo peor de todo, dijo, es que el crimen organizado tiene bien diagnosticada esta necesidad de los políticos de controlar el crimen y ofrecen oportunidades para su control, pero no para su combate''. Ya para concluir señaló que el documento aprobado por el referido Consejo Consultivo surgió del Movimiento México Unido Contra la Delincuencia, que desde el mes de abril ya lo había presentado a Cuauhtémoc Cárdenas.