Gurría: no hay bases para pensar en un cuarto recorte; el CCE no lo descarta
Antonio Castellanos y Antonio Vázquez Ť El secretario de Hacienda, José Angel Gurría, afirmó ayer que no hay bases para pensar en un cuarto recorte al gasto ni para recurrir por el momento a una modificación en precios y tarifas del sector público; propuso revisar la legislación en materia de quiebras y reorganización de empresas, y expuso la necesidad de contar con procesos ágiles para la recuperación judicial de las deudas.
El funcionario habló al inaugurar el seminario Crisis bancarias en un mundo global: experiencias internacionales. Más tarde fue abordado por la prensa y admitió que las propuestas del Ejecutivo federal sobre el sistema financiero, que incluyen convertir en deuda pública los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), son susceptibles de mejoras y modificaciones por parte del Legislativo.
``Hemos recibido una serie de propuestas tendientes a introducir cambios para mejorar las iniciativas presidenciales y, en particular, la referente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es precisamente la institución encargada de la regulación y la supervisión del sistema financiero''.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Eduardo Bours Castelo, no descartó la posibilidad de nuevos ajustes presupuestales, y afirmó que la única posibilidad de evitar que esto ocurra es asegurando que en los precios internacionales del petróleo se mantendrán en 11.50 dólares por barril en lo que resta del año.
A su vez, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su análisis semanal destacó que el ajuste anunciado la semana pasada no afectará severamente la tendencia de crecimiento económico, y sí en cambio ayudará a fortalecer la certidumbre acerca de un déficit público controlable y un menor deterioro de la cuenta corriente.
Con esta medida se mantiene además el compromiso de no rebasar el objetivo de lograr un déficit público de 1.25 por ciento del producto interno bruto (PIB) por lo que resta de 1998. Al preservar la disciplina fiscal, se elimina un factor de riesgo que podría redundar en un alza en las tasas de interés y, por ende, de la deuda del sector público y en desequilibrio externo.
El estudio económico del CEESP comenta además que existen posibilidades de que en el corto plazo se recupere el mercado petrolero y con ello se generen ingresos para financiar los proyectos de la paraestatal. El uso de recursos provenientes de privatizaciones de empresas públicas, agrega, permitirá eliminar la opción de un mayor endeudamiento del gobierno.
El secretario Gurría destacó en su charla con la prensa, ``la enorme importancia que tiene para México sentar los cimientos de un sistema financiero que nos permita crecer en forma sostenida, esfuerzo que no debe agotarse en el mejoramiento de la legislación que rige a la banca''.
El proceso para auditar las operaciones del Fobaproa no han concluido, señaló. Algunos despachos, dijo, han declinado la invitación, pero otros han aceptado y se avanza. Se mantiene un diálogo tendiente a modernizar el sistema de regulación y de supervisión, que es una de las discusiones en todos los países del mundo.
Compartió la opinión del sector privado al apuntar que por ahora todas las proyecciones se hacen con base en un repunte en el precio internacional del petróleo, cuando menos a 11.50 dólares por barril para la mezcla mexicana por lo que resta de 1998.
Sobre el análisis del tercer recorte al presupuesto, Gurría informó que durará varias semanas y ``en cuanto esté terminado se dará a conocer al Congreso''.
Ante representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acudieron al seminario, el secretario Gurría precisó que los esfuerzos de un gobierno para asegurar la existencia de una banca sólida y estable no pueden ser escatimados. Para prevenir futuras crisis bancarias se requiere un entorno macroeconómico estable; es necesario contar con esquemas de supervisión y regulación eficaces que vigilen la adecuada capitalización, creación de reservas y, sobre todo, las políticas de asunción de riesgos por parte de los intermediarios financieros.