Citan diputados a participantes en el rescate bancario

Víctor Ballinas Ť La subcomisión de la Cámara de Diputados que investiga el saneamiento financiero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) acordó ayer citar a audiencias al ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe; al ex gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo; al ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Prieto Fortún; al actual presidente de esta comisión, Eduardo Fernández; al director de Banca Serfín, Adrián Sada, y a los directores de Banco Unión y Banca Cremi.

Al término de una reunión de más de tres horas y media, los legisladores de la subcomisión para el seguimiento de los programas de saneamiento financiero acordaron en principio citar a 10 de las 30 personas que consideran pueden aportar información sobre el Fobaproa y los diferentes temas del saneamiento financiero.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opone a que llamen a comparecer a Guillermo Ortiz, actual gobernador del Banco de México, aduciendo que ya se ha reunido en muchas ocasiones con los legisladores, y ``es un caso cerrado la desincorporación de los bancos''.

La oposición insiste en que sean citados en audiencia en la Cámara de Diputados, sin que ello quiera decir que son culpables ni que irían a tribunal o a juicio los siguientes funcionarios: el actual secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, ya que cuando fue director de Nacional Financiera otorgó créditos que hoy están en el Fobaproa; a Eduardo Fernández, y al ex director del Fobaproa, Manuel Camacho Téllez, quien se encargó de realizar el grueso de las operaciones.

El perredista Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que se acordó invitar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours, ``porque se dio un fenómeno de un organismo que restructuró con algunos privilegios una buena parte de créditos altos, donde están inmiscuidos los 500 grandes créditos de los grupos económicos más fuertes que están en el Fobaproa''.

Asimismo, agregó Ramírez, se va a llamar a banqueros, fundamentalmente con intereses en Banca Serfín y también a interventores de Banpaís, Cremi y Confía.

También se solicitará acudir a los miembros del comité técnico del Fobaproa, tanto al anterior como al actual, y también a la comisión de la desincorporación bancaria ``para que aporten la información con que cuentan''.

Las audiencias tienen el propósito de esclarecer dudas ``que pueden ser el valor de venta de los bancos, la aparente compra de estas instituciones con créditos otorgados entre los mismos banqueros, y que presenten los informes que habían pedido a seguridad nacional sobre una serie de personas que adquirieron los bancos, y que supuestamente seguridad nacional les dijo que no había ningún problema como es el caso de Cabal Peniche''.

Al salir de la reunión de la sala Leona Vicario de la Cámara de Diputados, Ramírez Cuéllar explicó que en algunos casos va a haber cita a través de una invitación o citatorio formal para comparecer, y en otros se actuará básicamente como invitación a funcionarios o particulares.

--¿De Serfín vendrá Adrián Sada?

--Va a ser directo a Adrián Sada.

--¿Qué opinan los priístas?

--Están de acuerdo.

--¿Vendrá el sector del Banco de México?

--Sí, Miguel Mancera.

Al salir de la reunión, Mauricio Meave dijo que los priístas estaban conformes con los acuerdos obtenidos en esta subcomisión y que su presidente, Ricardo Cantú Garza, abundaría en el tema.

Cantú Garza indicó: ``No estoy facultado para darles los nombres, pues se dijo que hasta que no tuviéramos el paquete completo de las 13 personas no se daría la información, pero ya hay diez nombres convenidos, entre ellos ex funcionarios, banqueros e interventores.

``No tenemos fechas porque vamos a consensarlas con las personas a las que vamos a invitar. La idea es empezar a trabajar lo más pronto posible. Para el 20 de julio tiene que estar la lista completa''.

El petista destacó que ayer, durante la reunión se acordó trabajar en seis temas del Fobaproa: privatización bancaria; supervisión y vigilancia de bancos; compra de cartera, capitalización y deudores; intervenciones y venta de bancos que se intervinieron; posibles opciones a futuro y la legalidad de este proceso de saneamiento financiero.

Por su parte, el diputado priísta Jorge Stefan Chidiac aclaró que hay acuerdo en principio en 10 nombres. Se están estudiando todavía los casos de Miguel Mancera y Pedro Aspe, pero tiene que haber un fin claro que permita esclarecer muchos de los asuntos en que tuvieron que ver. De Guillermo Ortiz el priísta dijo que ``si fuese necesario que acudiera a la Cámara, pues bueno''.

En el caso de El Divino y Lankenau el convenio fue que el día 20 se analizarán todas las solicitudes de audiencia y a ellos se les solicitará que envíen sus expedientes con la documentación comprobatoria de la información de que dicen disponer.

Víctor Ballinas Ť El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, informó que en la reunión que sostuvieron ayer con el subsecretario de Hacienda, Santiago Levy, se acordó que no se podrá adelantar la fecha de entrega del presupuesto para el ejercicio 1999, sino que será hasta el próximo, es decir, el del año 2000.

A su vez, el panista Felipe de Jesús Cantú, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, dijo que se analizó un planteamiento concreto de fiscalización, es decir, la posibilidad de hacer una transición de secreto a confidencial en el rubro de la partida secreta del Presidente, pues no puede seguir operando que el jefe del Ejecutivo utilice recursos y el Congreso quede al margen de la fiscalización.

``El Congreso no puede aprobar así nada más que el Ejecutivo gaste lo que quiera, tiene que haber un resultado concreto de cómo se operó esa partida para saber si fue legal o no'', agregó.

Creel Miranda añadió que se estuvo valorando la posibilidad de establecer una cláusula que tiene la intención de prorrogar tanto el presupuesto como la Ley de Ingresos, en caso de que no sean aprobadas al término del ejercicio y de los periodos ordinarios y extraordinarios que tuviera la Cámara de Diputados durante el año en que se deberían aprobar. Agregó que se hizo un catálogo de temas para que en la siguiente reunión, el próximo lunes, se escuche a cada grupo parlamentario y también a la Secretaría de Hacienda con opiniones más acabadas de estos temas.

Insistió Santiago Creel en que hay una serie de interpretaciones a las cuales la Constitución en este momento no da soluciones, al menos para que todo mundo esté de acuerdo.

Por ello, ``lo que vamos a intentar'' es aclarar perfectamente puntos como los siguientes: ``qué sucede si un presupuesto no se aprueba en tiempo; si tiene facultades la Cámara para rechazar un presupuesto; si el Ejecutivo tendría el poder para ejercer el veto en caso de que la Cámara no apruebe el presupuesto y presente uno nuevo; si el veto puede ser total o parcial''.

Creel, como presidente de la Comisión de Gobernación, que debe dictaminar las iniciativas para que se adelanten las fechas de presentación del presupuesto del gobierno federal para que no sea el 15 de noviembre sino los primeros días de septiembre, dijo que el objetivo central de estas reuniones es el de dar certidumbre y confianza ``de que año con año vamos a contar con fórmulas claramente establecidas desde el punto de vista constitucional y legal'' para evitar un impasse en la aprobación del paquete financiero y que ello pudiera perjudicar el desarrollo de la economía.

El subsecretario Santiago Levy afirmó que el presupuesto para el año de 1999 se presentará en las fechas que señala la Constitución como todos los años (15 de noviembre).

--¿No lo van a adelantar como lo demanda la oposición en la Cámara?

--Estamos cumpliendo con el marco jurídico como está. Tuvimos una charla totalmente informal, muy amigable y constructiva sobre materia presupuestal.