Desaloja la OCSS sede de la PJE en Tepetixtla, ante el cerco militar

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 12 de julio Ť Ante la presencia de efectivos militares y policías del estado, anoche se replegó un grupo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que por la tarde había ocupado las instalaciones de la Policía Judicial del Estado en Tepetixtla, para exigir que se investigue el asesinato de su dirigente Eusebio Vázquez Juárez y la presunta responsabilidad de un comandante judicial y de jefes de un grupo paramilitar que lo habían amenazado de muerte.

La dirigente de la OCSS Rocío Mesino y el abogado José Sánchez informaron que anoche tropas del Ejército rodearon la comandancia de la PJE, donde estaban tres agentes, mientras se desarrollaba la manifestación de la OCSS. Soldados a pie, armas en ristre, tendieron un cerco a 50 metros de los manifestantes, y en los alrededores comenzó un intenso patrullaje militar con tanquetas y vehículos Hummer artillados.

Simultáneamente, el comandante de la Policía Motorizada del estado, que participa en la Base de Operaciones Mixtas, llegó hasta la comandancia de la PJE para enterarse de lo que ocurría, acompañado por ``agentes de Gobernación''.

Los representantes de la OCSS le pidieron que dijera a los soldados que ``no atacaran a los campesinos, que estaban en una manifestación pacífica para reclamar justicia''. Le informaron que estaban solicitando la intervención del procurador de Justicia, Servando Alanís, el gobernador Angel Aguirre Rivero y el presidente Ernesto Zedillo. Insistieron en que la manifestación era ``un problema civil''.

A las 8 de la noche se retiraron militares y policías motorizados. Después los campesinos acordaron suspender la manifestación ``por seguridad, para evitar más violencia'', expresó José Sánchez.

Este domingo seguían los patrullajes militares en Tepetixtla. En el centro del poblado había cuatro vehículos artillados y subieron unos 60 judiciales a bordo de seis camionetas.

Los miembros de la OCSS se reunieron en sus oficinas y acordaron pedir apoyo a otras organizaciones y a diputados para realizar acciones que permitan evitar que sigan los asesinatos contra sus militantes y se investigue y castigue a los responsables de los 34 asesinatos por motivos políticos.