Una de las principales demandas vinculadas con la democracia ha sido la separación real de los poderes republicanos. Legisladores, intelectuales, organizaciones, partidos de oposición y ciudadanos han pedido y luchado por terminar con la subordinación del Legislativo y el Judicial con respecto al Ejecutivo.

A nivel federal, la conformación de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados ha representado sin duda un avance en esta dirección. Como se sabe, las oposiciones han conformado un bloque que representa una mayoría simple que ha impuesto en ocasiones sus decisiones. A casi un año de haber iniciado sus trabajos, la actual generación de la Cámara baja no ha podido desarrollar un esquema de trabajo que permita ventilar los asuntos legislativos de manera ágil, sin detrimento de los análisis y discusiones que deben darse.

Hay muchas causas que explican esta situación. Entre ellas, hay que decir que para el PRI ha sido especialmente difícil el encontrarse por primera vez en minoría en el Congreso, y no ha sabido impulsar un trabajo firme en ese sentido. Las oposiciones, por su parte, no pocas veces han preferido el protagonismo y el revanchismo antes que la búsqueda de acuerdos.

Varios analistas han señalado esta suerte de ``parálisis'' en la que han incurrido los diputados en relación con varios asuntos. Este empantanamiento aparente no ha pasado inadvertido para algunos funcionarios públicos, que lo han utilizado para fustigar a los legisladores y presionarlos así para aprobar tal o cual asunto. Afortunadamente, los representantes populares han contestado de manera puntual cada uno de estos señalamientos. Quienes critican la supuesta lentitud legislativa deben tener en cuenta que ha hecho mucho más daño el aprobar de manera fast track leyes y decretos que el tomarse el tiempo necesario para analizar los impactos e inconvenientes para el conjunto del país.

El esquema de predominio del Ejecutivo por sobre los otros poderes, que durante decenios privó nacionalmente, se reprodujo sin mayores problemas a nivel estatal. Así, cada gobernador era visto como líder natural y supralegal de todos los poderes y decisiones en el estado. Este esquema fue funcional inclusive para gobiernos emanados de la oposición. Sin embargo, a nivel de los estados también se han comenzado a extinguir los espacios legislativos dominados por un solo partido que, además, encabeza el Ejecutivo local. Por la fuerza del voto diferenciado, no es extraño que un gobierno estatal deba coexistir con una mayoría municipal o congresional de una fuerza política diferente. Puede afirmarse que incluso son saludables como un ejercicio democrático que necesariamente se irá perfeccionando.

Uno de estos casos es el que ha resultado en Baja California después de los comicios del pasado junio. En la próxima legislatura habremos, en el Congreso local, igual número de diputados del PRI que del PAN. Este empate lo rompen los legisladores del PRD que, pese a su número reducido, están destinados a convertirse en el factor de decisión o, como se dice, el fiel de la balanza.

Tenemos ante nosotros dos caminos: repetimos el esquema de confrontación y desgaste que de alguna manera ha caracterizado la vida política del estado o empezamos a trabajar en una agenda legislativa que piense sobre todo en el bienestar de los ciudadanos de Baja California.

Esto último significa trabajar juntos con nuestras diferencias políticas y partidarias. De alguna manera, es urgente rescatar nuestra obligación de ser, antes que legisladores de los partidos, representantes de la voluntad de quienes habitan en nuestro distritos. Por nuestra parte, hay una serie de compromisos que se pactaron por escrito con los ciudadanos y que tienden a ofrecer un mínimo de certezas en las tareas del Congreso.

La inseguridad y las malas condiciones de vida constituyen las mayores preocupaciones de todos los mexicanos, pero en el caso de la frontera norte, con un costo de vida superior y una violencia mayor a los de otros puntos de la geografía nacional, lo necesario se vuelve urgente. La agenda legislativa a desarrollar no admite exclusiones ni actitudes sectarias.

Desde luego, no se trata de hacer un nuevo arreglo en el que el Legislativo estatal siempre esté enfrentado al Ejecutivo de Baja California, sino de establecer una coordinación entre instituciones que tienen distintos rangos de representatividad y responsabilidades y funciones diferentes. No un duelo de poderes, sino el tomar distancia para que el Legislativo promueva los cambios legales que mejoren la vida de las mujeres, de los ancianos, de los niños, la situación de la educación y garantice la seguridad pública.

Con los procesos electorales estatales del presente año y los escenarios que se están llevando a cabo en esas entidades, se han invertido la tradicional fórmula en la cual lo que sucedía en la capital o a nivel nacional se reflejaba después en la vida de los estados. Hoy, lo que sucede en éstos puede marcar el destino de lo que ocurrirá en el año 2000.

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