La Jornada 11 de julio de 1998

La idea, no esperar 10 años para obtener liquidez, admite la ABM

César Martínez Ť La Asociación de Banqueros de México (ABM) pidió al gobierno que los pagarés entregados a los bancos por el Fobaproa como resultado del rescate financiero, que sólo pueden ser cobrables al término de 10 años, tuvieran alguna modificación para poder negociarlos en los mercados secundarios, reveló ayer Carlos Gómez y Gómez, presidente de aquella institución.

Los banqueros hicieron su petición en enero y, a finales de marzo, el gobierno propuso al Congreso un paquete de reformas financieras, cuyo tema más debatido hasta ahora es la iniciativa para convertir esos pagarés (los pasivos del Fobaproa) en deuda pública, una operación que permitiría cumplir el objetivo de los bancos, pues de ese modo los papeles, que vencen en el 2007, se pueden comercializar y transformar en liquidez para las propias instituciones de crédito.

Gómez y Gómez, entrevistado luego de participar en un debate sobre el Fobaproa organizado por la Coparmex, aclaró que la solicitud de los banqueros era buscar una fórmula que destrabara la negociación sobre los pagarés, pero que el mecanismo planteado por el gobierno no fue propuesta de ellos.

Para el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Porfirio Muñoz Ledo, luego de versiones como que la decisión había sido del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o de los tenedores extranjeros de los pagarés, ahora se sabe que la propuesta tan ``apresurada e inoportuna'' del gobierno se debió a la solicitud de los banqueros.

Gómez y Gómez recordó que los pagarés están prácticamente ``congelados'' en los activos de los bancos y, a pesar de los abultados montos que recibieron durante el rescate, argumentó que su liberación, así como la conversión en deuda pública, permitiría al sistema financiero canjearlos por recursos líquidos para cuando se demanden más préstamos y puedan contribuir a la reactivación del crédito.

Negó que las instituciones extranjeras que se asociaron con bancos mexicanos hayan puesto como condición la conversión de esos pagarés en deuda pública, ya que las negociaciones se realizaron antes de que surgiera la propuesta de gobierno.

No obstante, investigadores universitarios han afirmado que las propuestas de reformas están relacionadas con la participación extranjera en la banca, pues plantean abrir al capital externo los tres principales bancos mexicanos y convertir los pasivos del Fobaproa, porque sin esta última medida no serían atractivos para la inversión foránea, ya que tienen 552 mil millones de pesos en activos que no pueden movilizar ni darles mayor rentabilidad.

En tanto, Muñoz Ledo informó que en un informe elaborado por abogados independientes a petición del PRD se ratifica que el Fobaproa funcionó en forma anticonstitucional, por lo que anticipó que su partido no aceptará la conversión de los pasivos de esa institución en deuda soberana. En cambio, dijo que podrían aprobarse apoyos fiscales, particularmente a la actividad productiva, pero insistió en que 0.25 por ciento de los ahorradores posee 68.7 por ciento de los activos bancarios, y que ellos no deben ser rescatados.

Por su parte, Carlos Medina Plascencia, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, señaló que existe la ``presunción muy clara de acciones del gobierno que están fuera de la Constitución y la ley'' en el caso del Fobaproa. Sin embargo, dijo que no podía apoyar o rechazar la iniciativa del gobierno porque requiere un estudio más profundo, y negó que su partido pueda aliarse con el gobierno para aprobarla.

El gobierno no ha logrado convencer a los partidos de oposición de discutir en un periodo extraordinario de sesiones la reforma del sistema financiero, por lo que el debate se trasladará al periodo ordinario que empezará en septiembre.