Rehúsa el gobierno de Chihuahua indagar abusos de sus funcionarios

Miroslava Breach Velducea, corresponsal, Chihuahua, Chih., 10 de julio Ť El gobierno de Chihuahua aceptó cuatro de los siete puntos que contiene la recomendación número 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y rechazó fincar responsabilidad administrativa a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de las investigaciones.

En el documento enviado a la presidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, el secretario de Gobierno, Hugo Gutiérrez Dávila, negó que los servidores públicos adscritos a la subprocuraduría general de Justicia del estado en la zona norte hubieran violentado los derechos humanos de los familiares de las mujeres asesinadas, y que el titular de la PGJE, Arturo Chávez Chávez, hubiera incurrido en omisiones en el manejo de los casos.

También consideró improcedente fincar responsabilidad administrativa al funcionario Luis Raúl Valenzuela, quien funge como enlace entre la PGJE y la Comisión de Derechos Humanos en Ciudad Juárez.

De los siete puntos que incluye la recomendación 44/98 enviada por la CNDH a la administración que encabeza Francisco Barrio, el gobierno de Chihuahua aceptó agilizar las diligencias tendientes a lograr la integración de las averiguaciones previas en los casos de jóvenes violadas y asesinadas y, en su caso, resolverlas, todo conforme a derecho.

Aceptó además ampliar los convenios de colaboración con otras procuradurías de justicia, para mejorar y actualizar técnicas de investigación criminalística, y la creación de un programa de seguridad pública que trascienda las administraciones y permita evaluar los avances en la materia. En su respuesta a la CNDH, el secretario Gutiérrez dijo que la recomendación no se sujeta a los principios jurídicos fundamentales, como la garantía constitucional de audiencia, ya que, señaló, a los funcionarios de la PGJE se les negó el acceso a la queja y así no pueden responder a las imputaciones que se les hacen.

Señaló también que los visitadores de la CNDH reportaron observaciones y afirmaciones erróneas sobre el estado de 24 averiguaciones previas sobre casos de jovencitas asesinadas.

Gutiérrez Dávila informó que de las 91 averiguaciones por el delito de homicidios dolosos contra mujeres, registrados en la frontera de 1992 a la fecha, se resolvieron 53 y los homicidas están presos y a disposición del Poder Judicial. Hay nueve órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, y en otros 29 casos no existen suficientes elementos para lograr la identificación de las víctimas.