Las elecciones para escoger a los representantes de la ciudadanía en el Distrito Federal, que fueron pospuestas del mes de marzo al de noviembre, tampoco se realizarán en esta última fecha sino que serán postergadas, en el mejor de los casos, a marzo del próximo año.

Esto podría debilitar la máxima cardenista de campaña que hacía un llamado a la ciudadanía a gobernar ``¡Juntos!'', porque es obvio que unos representantes que tomarán sus funciones en la primera mitad de un año intensivamente político y politizado, poca visibilidad podrán darle a las demandas de la ciudadanía, cuando ya todos los mexicanos estemos haciendo nuestras apuestas sobre las listas preliminares de aspirantes a tlatoani y cuando todos los recursos materiales, humanos y monetarios estén más vueltos hacia lo electoral que hacia lo social, lo barrial, lo infraestructural, lo ciudadano...

Pero qué pasó entonces que en este año de 1998, tan apropiado para cumplir con las promesas sociales y ciudadanas de campaña, los partidos políticos, los diputados y los miembros del nuevo gobierno no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que debió haber sido la nueva Ley de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta que los integrantes de la Asamblea Legislativa sí pudieron llegar al consenso, desde principios de año, de derogar la anterior legislación a este respecto. Aquí es importante aclarar que de este último organismo depende todo lo referente a las formas de participación organizada de los ciudadanos del DF.

Tres factores explican que los perredistas no hubieran ejercido su clara mayoría para aprobar desde ya la mencionada ley que hubiera permitido que los ciudadanos pudiéramos elegir a nuestros representantes este próximo noviembre: primero, que la legislación en torno a la participación ciudadana se hizo depender de un paquete global de acuerdos con los otros partidos, en donde siempre resultó más importante lo referente a las reformas intensivamente políticas y administrativas del DF (estado 32, municipalización de las delegaciones, etcétera), y estos acuerdos sí dependen de la Cámara de Diputados en donde el PRI es mayoría; segundo, en varias delegaciones del DF, y sobre todo en las más pobladas y paupérrimas, no se tenía la certeza de que las elecciones resultaran favorables al perredismo, ya que la organización territorial del PRI se mantiene vigorosa; una derrota electoral a la mitad de la administración cardenista podría convertirse en la peor carta de presentación para el año 2000. Tercero, y un poco derivado del anterior, el PRI hizo un énfasis exagerado en que cada delegación debería contar con un comité ciudadano formado naturalmente por los consejeros elegidos en barrios y colonias, y con atribuciones sobre los programas y los presupuestos delegacionales. Esto abría la posibilidad de que en donde la oposición al gobierno del DF resultara vigorosa, la posibilidad de un doble poder pudiera provocar algún tipo de ingobernabilidad, pues recordamos que los propios delegados no fueron electos sino designados.

Todo el esfuerzo territorializado que se hizo en este sentido en las delegaciones políticas a través de consultas y discusiones públicas en torno a cómo deberían organizarse los ciudadanos en comités por colonia, barrio, unidad habitacional o poblado para tener fuerza en las elecciones políticas y administrativas que los conciernen quedaron pospuestas, quizás para el 2001, o están siendo redimensionadas en programas parciales de reforestación los fines de semana, participación de los jóvenes en la administración de los centros deportivos o en acciones nada despreciables de seguridad pública. Sin embargo los verdaderos comités territorializados con continuidad en el tiempo y por lo tanto capaces de competir con la ``sapiencia'' de los administradores y las autoridades delegacionales, quedarán para después. Quién sabe por qué pero en nuestra cultura la sociedad siempre pierde.