El proceso electoral en el estado de Yucatán ha sido ocasión propicia para que en el ámbito nacional se evidencie la política caciquil y violatoria de la ley y de la Constitución por parte del gobernador Víctor Cervera Pacheco. A los legisladores de la mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y a los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, ya no les quedará la menor duda de que el juicio político a Cervera debe proseguir con prontitud.

Desde su cargo de gobernador, que ejerce por más tiempo del permitido constitucionalmente, Cervera Pacheco hizo uso descarado de recursos públicos en las campañas del PRI, emprendió una masiva compra y coacción del voto, con una ley electoral anacrónica ejerció control indebido sobre el Consejo Electoral del Estado, el que no se pronunció en contra de las irregularidades, y después, ya en la fase poselectoral, pretende quedarse con triunfos de la oposición. Primero mediante absurdas resoluciones de un Tribunal Electoral a su servicio, trató de despojar al PAN de dos municipios ganados y de una diputación de mayoría. Fue la presión política ejercida en Yucatán y sobre todo la del PAN nacional, la que logró la intervención del gobierno federal para obligar al gobernador a dar marcha atrás, permitiendo que el Tribunal Superior Electoral del Estado, rectificara las resoluciones del tribunal inferior.

Como si todo esto no fuera suficiente demostración a la nación del ejercicio arbitrario e ilegal de su poder, el gobernador de Yucatán ahora se opone a una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (Trife) que otorga al PRD una diputación y 20 regidores plurinominales, rectificando así una incorrecta aplicación por parte del Consejo Electoral del principio de asignación de plurinominales. En un desacato sin precedente, la mayoría priísta en el Congreso local se niega a aceptar al diputado perredista. Argumentan que fueron notificados a destiempo, pasando la responsabilidad al Consejo Electoral o al Tribunal Electoral del Estado, quienes habiendo recibido la notificación federal esperaron hasta el día siguiente para dar aviso al Congreso, cuando éste iniciaba el primer periodo de la nueva legislatura estatal. De cualquier manera las tres instancias responden al gobernador.

Si la federación permitiera a Cervera Pacheco un desacato de esta naturaleza, estaría confirmando su debilidad ante los gobernadores caciques del sureste de México que se niegan a aceptar la transición democrática e institucional del país. El gobernador y sus serviles seguidores expresan con frecuencia que ``los asuntos de Yucatán los resuelven los yucatecos'', queriendo manifestar con esto que en Yucatán sólo manda Cervera, y que las autoridades y procesos nacionales no afectan a su gobierno caciquil y autoritario: al México bárbaro que se empeñan en conservar.

En Yucatán, el Estado de derecho que supone la vida institucional es una realidad ausente. No existe división de poderes, ya que tanto el Poder Legislativo, con la mayoría de diputados cerveristas en el Congreso, como el Poder Judicial totalmente subordinado, actúan y resuelven sólo bajo las órdenes del gobernador, como quedó constancia en estos últimos acontecimientos poselectorales. De tal manera que los ciudadanos yucatecos se encuentran en un estado real de indefensión legal y política. La situación es muy delicada y exige de la nación una pronta atención.

Las autoridades judiciales federales deben hacer valer sus resoluciones sobre la rebelión caciquil de Cervera Pacheco; el gobierno federal no debería seguir permitiendo el desacato político del gobernador de Yucatán, porque el costo puede serle más alto que el beneficio de conservar al priísmo en el gobierno de este estado. El juicio político al gobernador inconstitucional cuenta hoy con mayor fundamento político.