``Parece del Ejército'': PRD; de paramilitares, nada: Aguirre

De la Redacción Ť El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, consideró ayer que el programa de distensión para Chiapas ``parece que lo hizo el Ejército'', pues, sostuvo, no contiene propuestas para la solución del problema.

Por su parte, el secretario general del mismo partido, Jesús Ortega Martínez, calificó la iniciativa del Ejecutivo de ``frívola y absurda'', pues plantea temas ya superados. Recordó que desde el inicio de las negociaciones se había llegado al acuerdo de hablar sobre el desarme hasta el final de la agenda del diálogo, y no como condición para reiniciar la negociación.

Mientras, el obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco, dijo que un planteamiento real de distensión debe contemplar la reducción ``al máximo'' de la presencia del Ejército Mexicano en Chiapas y el desarme de las ``guardias blancas'' y los ``grupos paramilitares'', antes que el del EZLN.

Aguirre exigió a las autoridades gubernamentales coherencia entre las afirmaciones y los hechos, pues la parte oficial no puede pedir ahora el desarme del EZLN, cuando existe una Ley de Concordia y Pacificación que los protege, y el mismo gobierno aceptó dialogar con este grupo que tenía y tiene todavía pasamontañas y armas. En aquel primer momento no se impuso el desarme como condición indispensable para dialogar, puntualizó.

Entrevistado durante los trabajos del III Encuentro Internacional de Sacerdotes que se realiza en la Basílica de Guadalupe, dijo que ciertamente el gobierno no ha cumplido lo que negoció en San Andrés Larráinzar. Todos estamos de acuerdo, agregó, en que el diálogo y la negociación deben ser las vías para solucionar el conflicto chiapaneco, pero es necesario que el gobierno envíe señales claras al EZLN, tal como lo planteó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Antes que los zapatistas, subrayó, es necesario desarmar a todos los grupos paramilitares. ``Lo ideal es que algún día también el EZLN deje las armas, porque no se puede tener dos ejércitos, ni tampoco estar de manera permanente con las armas en la mano para presionar a las plumas para que firmen la paz'', dijo.

El también miembro de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas aclaró que no se pide la salida total del Ejército Mexicano, sino que se ``reduzca al máximo'' su presencia en el estado, sobre todo en la zona del conflicto. Es decir, que permanezca sólo el número de efectivos que garantice la seguridad de los mexicanos y la soberanía de la nación, con lo cual el gobierno daría una señal al EZLN de que desea reiniciar el diálogo.

Aguirre Franco dijo que si las negociaciones se retrasan, es obvio que el conflicto chiapaneco estará presente también en las elecciones presidenciales de año 2000 y ejercerán una presión muy fuerte sobre los candidatos y partidos políticos. Sería muy conveniente que este problema esté resuelto antes de esos comicios y que no se presente hechos violentos durante el proceso electoral, señaló.

Sobre el mismo tema, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y otras organizaciones civiles manifestaron su rechazo a la propuesta gubernamental de ``distensión'', porque se trata de una oferta que mantiene ``la lógica de la guerra'', explicaron.

La ``nueva'' iniciativa pretende aislar y sitiar aún más a las comunidades en Chiapas, sostuvieron representantes del CNI, Creadores, Académicos e Intelectuales (CAI), Red Ciudadana de Apoyo a la Causa Zapatista y Misión Civil por la Paz.

En conferencia de prensa, Ana María Aragonés, de Red Ciudadana, insistió en que ``no hay nada nuevo en la propuesta'' oficial, y las consideraciones hacia los municipios autónomos sólo pretenden acentuar su desmantelamiento, porque las comunidades están excluidas en el proyecto de remunicipalización estatal.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortés, insistió en que la propuesta de la Secretaría de Gobernación, hecha al EZLN a través de la Cocopa, ``es en realidad volver a plantear asuntos que ya habían sido superados y que además de no ser nuevos, tampoco permiten ningún avance''.

Subrayó que pese a la importancia que tienen los casos de Acteal y Taniperla y, sobre todo, la existencia de grupos paramilitares, no hay la menor mención sobre ellos, lo que quiere decir que el gobierno federal mantiene una actitud de tensión más que de distensión. No hay voluntad política que cristalice en hechos.