Si el problema electoral lo entendemos hurgando en las causas que lo ponen en marcha y no en los escenarios superficiales, los comicios del domingo pasado resultan naturales, pues son consecuencias de la lógica económico-política que activa tanto a partidos como a personajes influyentes infiltrados en el acto comicial, en el que la democracia suele verse terriblemente restringida y engañada.

En teoría electoral existe un bello supuesto: el ciudadano, dueño de su conciencia y libre al adoptar las decisiones que llevan su voto a las urnas, sólo pone en juego los valores con que juzga las ofertas que le hacen las asociaciones políticas y los líderes sociales. Pero, ¿qué es lo que en la realidad de nuestro tiempo sucede al ciudadano ideal?

Veamos cómo se mueven los intereses sociales en nuestro país, desde el punto de vista de los partidos que contendieron en las elecciones del domingo pasado. Con la excepción del notable esfuerzo democratizador del partido oficial que se intentó en 1938, el PNR y el PRI han sido meras agencias del presidencialismo autoritario. El PNR cumplió su papel contrarrevolucionario a partir de la persecución y extinción del vasconcelismo y la creación y conservación de la jefatura máxima de la Revolución, que asumió un poder político dictatorial entre 1929 y la expulsión de Calles en 1936.

Luego de maquillarse el PNR de PRI, hacia diciembre de 1946, contribuyó en buena parte a la edificación del presidencialismo autoritario civilista que nos gobierna desde hace 50 años. El PRI, como agencia gubernamental en materia electoral y de apoyo popular a las autoridades, no es un partido político propiamente dicho, y sí un costoso instrumento de la movilización de trabajadores y patrones corporativizados durante los penosos procesos que originan el charrismo y las masacres de ferrocarrileros vallejistas, y que continúan en el presente con indudables tropiezos, movilizaciones que abarcan dos formas de clientelismo: la forzada por las órdenes cupulares de las corporaciones, y la temporal propiciada con la compra de votos o el reparto de empleos y esperanzas a masas convenencieras o desesperadas.

Sin embargo, las operaciones del partido oficial no son gratuitas; sus costos son muy altos porque se corresponden con los pactos no escritos de autoridad y élites nacionales o extranjeras, por virtud de los cuales éstas deben sentirse garantizadas en los intereses que tienen en el país; el pueblo y el estado de derecho son marginales frente a esas relaciones del gobierno y el poder económico.

Esa es la situación que explica los triunfos de Chihuahua y Durango. En este Estado tradicional, el PRI fue exitoso porque representa la fuerza del poder económico duranguense y no duranguense que domina desde hace largo tiempo la cuna del célebre Pancho Villa. Chihuahua es otra cosa: su riqueza se distribuye entre un capitalismo nacional de rancheros, industriales y comerciantes, y el capitalismo foráneo con todo y sus subordinados nacionales que buscan, uno u otro, un gobierno que los beneficie sin importar partidarismos, porque por hoy sus diferencias son más incidentales que circunstanciales. Así es como el PAN y el PRI pueden alternarse sin enojos graves: un gobernador priísta puede representar a la oposición panista con la misma eficacia que lo haría un gobernador panista respecto de la oposición priísta; en el fondo, el triunfo priísta en Chihuahua es ``más de lo mismo''.

Zacatecas reunió condiciones innovadoras. El PRD es el partido de un sector reformador de la clase media que izó las banderas de los estratos nacionalistas y democráticos de la población, y ése es el papel que desempeñó en la reciente batalla zacatecana. Los ciudadanos votaron por el PRD y su candidato; no sólo por este último.

Zacatecas es predominantemente agrícola, con pocas inversiones extranjeras y un modesto aparato industrial y comercial, y su población está decepcionada del priísmo. Otro aspecto innovador fue el respeto que mostró el gobierno local ante la votación; las fallas fueron menores y nadie acusa honestamente al gobernador Arturo Romo Gutiérrez de haber fomentado violaciones al sufragio ciudadano.

En la tierra de López Velarde hay tranquilidad porque ocurrió el ejemplo democrático que todos aplaudimos; ahora la responsabilidad es del candidato electo. Una pregunta final: ¿no es cierto que de esa manera se ven con más claridad las cosas?