El escándalo de Fobaproa está inscrito en una crisis estructural de las finanzas públicas. El Estado mexicano se ha empequeñecido después de haber llegado a niveles impresionantes de déficit sin preocuparse por incrementar sanamente sus ingresos más allá de la extracción inmoderada de crudo.

La receta neoliberal ha sido la de rehuir el déficit público y promover bajos impuestos a los ingresos mayores. Con esto, quien ha tenido que pagar los costos de la política económica tecnocrática y oligárquica es solamente el pueblo trabajador. Un Estado que empeora los servicios que presta, que no los amplía constantemente y los empobrece, es irresponsable.

Ningún presidente ha logrado construir un sistema recaudatorio universal y eficiente. La administración de Salinas redujo la progresividad del impuesto sobre la renta, buscando la inversión extranjera directa, con lo cual sólo generó una iniquidad profunda dentro del sistema de tributación. En cuanto a Zedillo, éste incrementó la tasa general del IVA, reducida por su antecesor con propósitos claramente electorales, sin que se introdujeran modificaciones fiscales mayores.

Un fisco débil lleva a un Estado débil y a un país débil. La ecuación no falla. Mas la debilidad estatal mexicana es producto de una decisión política, tomada a espaldas del país con el argumento de que el déficit es la causa fundamental de la inflación y de los demás desequilibrios económicos. Así, la crítica deliberadamente superficial llevó a la imposición de conceptos en los que se basa la formación de una oligarquía acaparadora del ingreso, la cual disfruta de toda clase de concesiones y prebendas.

El empobrecimiento del Estado ha coincidido con el empobrecimiento del pueblo. Las reformas económicas no solamente han generado una disminución del ritmo de crecimiento de los ingresos públicos, sino también han traído como consecuencia una distribución más injusta de la renta nacional.

Cuando el sistema bancario privado quebró, el gobierno se negó nuevamente a incrementar los ingresos públicos con el fin de costear las pérdidas de las instituciones de crédito y pretende ahora pasar la factura completa a las sufridas finanzas públicas.

En un somero análisis aritmético, el gobierno calcula pagar a la banca comercial 30 mil millones anuales (a precios actuales), los cuales deben adicionarse a otro tanto perdido por la disminución del precio internacional del petróleo. Arrancar 60 mil millones anuales al sufrido presupuesto federal es un costo demasiado alto, aún dentro de la dinámica gubernamental de empobrecimiento del Estado.

La declaración del secretario Gurría, en el sentido de que no habrá crisis de fin de sexenio, solamente tiene sentido en tanto que aquélla ya está presente y no tendremos que esperar al mes de diciembre del año 2000. La evolución de esta crisis depende, ahora, de las decisiones que adopte el Congreso. Si éste se somete a la política del gobierno, entonces no habrá nada que hacer sino esperar un deterioro cada vez mayor de las finanzas públicas. Si, por el contrario, se forma una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, la resistencia puede ser tal que podría México empezar el camino de las rectificaciones.

El panorama, sin embargo, no es nada prometedor. Es evidente que el PAN comparte buena parte de los dogmas oficiales respecto al déficit público y a la política fiscal, especialmente en materia de progresividad impositiva. En el momento actual, solamente el PRD está exigiendo un cambio de la política tributaria y una flexibilización , aunque moderada, del déficit público.

Durante el próximo periodo de septiembre a diciembre caerá la moneda al suelo y se verá por dónde marcharán las finanzas públicas en los próximos dos años. Después, solamente quedará el recurso de la elección del año 2000.