Silvia Gómez Tagle
Democracia en marcha

Las elecciones de Zacatecas, Chihuahua y Durango del domingo 5 de julio destacan en primer lugar por la confianza depositada en las reglas y las instituciones electorales. Todos los partidos reconocieron el triunfo de sus respectivos oponentes, tanto en el caso de darse una alternancia en el poder de un partido a otro: Chihuahua, del PAN al PRI; Zacatecas, del PRI al PRD; como en Durango donde se prolongó el mandato priísta. Más allá de los indudables avances logrados en la normatividad electoral, la nueva correlación de fuerzas, que coloca a estos tres partidos en condiciones de competencia, representa un aliciente de unos y de otros para reconocer la vigencia de los resultados electorales.

Estos resultados también invitan a reflexionar sobre el papel de las direcciones nacionales, los partidos locales y su relación con los candidatos, los ciudadanos y los medios.

En la medida en que se consolida el papel del ``voto como instrumento de cambio'' en manos de los ciudadanos, ya no son efectivos los métodos tradicionales para mantener la fidelidad de los electores, ni funcionan los esquemas autoritarios al interior de los partidos. Tanto la alianza electoral que permitió a Ricardo Monreal ser nominado candidato del PRD, como la novedosa ``consulta a la base'', que realizó el PRI para elegir a su candidato a la gubernatura de Chihuahua, mostraron la sensibilidad de dirección de los partidos para atender las condiciones de una coyuntura política novedosa. En un contexto en el que las elecciones adquieren un significado real en la lucha por el poder político, los actores cambian su papel social. Pero sobre todo en México, donde el PRI había sido por setenta años casi el canal exclusivo para el éxito, no es extraño que el PRD se haya ido construyendo como un gran partido de masas a partir de diversas escisiones, muchas de ellas de origen priísta.

Es claro que la ruptura de la Corriente Democrática del PRI en 1987 tuvo el gran valor de lanzarse al vacío, se salieron del PRI sin tener garantías de ningún tipo, por la falta de transparencia en los procesos electorales tanto como por la ausencia de partidos fuertes que patrocinaran sus candidaturas, pero acaso podemos decidir que a partir de una fecha determinada las ``rupturas ya no se valen''. Antes al contrario, si de lo que se trata es de captar la simpatía de los ciudadanos, son necesarios procedimientos flexibles que permitan a los partidos adaptarse a las condiciones de la política local y comprometerse con los mejores candidatos.

Ahora que si se piensa en el futuro del PRI, más que en su desaparición, sería deseable para el sistema político imaginar su transformación en un partido democrático e independiente del gobierno; si en Chihuahua tuvo éxito al modificar inercias que han venido obstaculizando su vida democrática, es posible imaginar que la alternancia en el poder no significaría su desaparición, sino su transformación.

En ambos casos, las añoranzas por un perfil ideológico rígido de los partidos y una dirección fuertemente centralizada, parecerían poco funcionales en este contexto en el que la opinión pública adquiere un peso significativo.

También es de llamar la atención que tanto en Chihuahua como en Zacatecas la competencia electoral se polarizó en dos partidos: PAN-PRI en el primero, PRI-PRD en el segundo. En Durango, donde prevalecieron los mecanismos de decisión tradicionales del partido tricolor, la oposición ha estado dividida entre el PAN y el PT (en 1997 ambos obtuvieron 23 por ciento de la votación en la elección de diputados federales). En esta ocasión se presentó de nuevo un panorama electoral similar, donde la oposición parece irremediablemente dividida entre derecha e izquierda, a pesar de que la votación del PAN parece haber aumentado y la del PT disminuyó. El escenario tripartita, a pesar de que teóricamente resultaría idóneo para la consolidación de una democracia como la mexicana donde no es posible excluir a la izquierda ni a la derecha, presenta el riesgo de dificultar la viabilidad de una alternancia en el Poder Ejecutivo, tanto estatal como nacional.