Exige la Cocopa enviar al EZLN "señales claras" que permitan reiniciar el diálogo

José Gil Olmos Ť El gobierno federal pidió a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) intervenga ante el EZLN para que convenza a sus cuadros regionales, milicianos y simpatizantes que no están protegidos por la ley para el diálogo y de entregar sus armas a las autoridades competentes, a cambio de darles garantías de seguridad personal y recursos que beneficien el desarrollo social y productivo de sus comunidades. Al presentar su programa de distensión, reiteró que el Ejército Mexicano no se retirará de Chiapas y sin hablar de un reposicionamiento de tropas dijo que darían un primer paso en un esquema progresivo de distensión bilateral y recíproco, siempre y cuando se reinicie el diálogo.

Por su parte, la Cocopa demandó que el gobierno federal y el Congreso de la Unión envíen señales claras al EZLN que hagan posible que el grupo armado rompa el silencio y su regreso a la mesa de negociaciones. Para avanzar en el diálogo, sostuvo que se debe mantener la ley en la materia, cumplir de manera total los acuerdos de San Andrés, impulsar medidas de distensión recíprocas y proporcionales en la zona de conflicto, y atender las condiciones planteadas por el EZLN.

En una reunión considerada por algunos de los participantes como ríspida y que duró casi seis horas, la Cocopa insistió ante el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, en que se dé forma jurídica a los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, en términos que satisfagan a ambas partes. Esto significaría que el gobierno retire la iniciativa en la materia que el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión, y que en reiteradas ocasiones ha sostenido que no cambiará, para elaborar una nueva que satisfaga a las dos partes.

Convergencias y divergencias

Durante la reunión, tanto la Cocopa como el gobierno federal presentaron sus propuestas de distensión del conflicto en Chiapas. El acuerdo a que se llegó entre ambas partes es que se revisarían los documentos puestos en la mesa y, en una fecha aún no determinada, se reunirán nuevamente para discutir los puntos de convergencia y de diferencia.

El secretario de Gobernación, acompañado por el coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa, presentó la propuesta de distensión del gobierno a la Cocopa y a las fracciones de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

La propuesta contiene cinco ejes generales. El primero se refiere a los ``municipios autónomos'' y en éste el gobierno federal señala que promoverá ante el Ejecutivo de Chiapas el establecimiento de los mecanismos políticos necesarios para que las ``autoridades en rebeldía'' retornen al marco de la legalidad constitucional, mediante ``fórmulas de convivencia pacífica''.

Para ello, señala que se utilizará como marco el proyecto de remunicipalización, asegurando una consulta previa con las diversas fuerzas políticas. Sin embargo, precisa que la Cocopa deberá promover la participación del EZLN en el proyecto de remunicipalización y que ya no instaure nuevos ``municipios autónomos''.

Como segundo punto se abordan las medidas de reconciliación regional y comunitaria, sobre todo en los municipios más conflictivos. Entre estas medidas se plantea la ayuda a los desplazados con el apoyo de las instancias federales, estatales, la Cruz Roja Mexicana y otras organizaciones internacionales y nacionales.

Asimismo, que la Cocopa busque con el EZLN que sus cuadros regionales y milicianos respeten la vida de los indígenas que no estén de acuerdo con sus ideas, y que acepten los acuerdos de distensión regional y permitan la ejecución de obras sociales y proyectos productivos.

En el tercer punto, sobre la impartición de justicia y lucha contra la impunidad, el gobierno federal pone a disposición de la Cocopa los informes sobre las investigaciones de los hechos de Acteal y El Bosque, para mejorar los sistemas de justicia, pero advierte que continuará con la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, sin importar la filiación política, ideológica o religiosa, pero con respeto a la ley del diálogo, que ampara a la dirigencia del EZLN.

Es en este apartado que el gobierno solicita a la Cocopa que pida al EZLN su colaboración ``en el convencimiento de sus cuadros regionales, milicianos y simpatizantes que tengan armas y que no estén amparados por la ley para el diálogo, a entregarlas voluntariamente a través de las autoridades competentes, a cambio de garantías de seguridad personal y de incorporación a mecanismos que redunden en beneficios de desarrollo social y productivo para ellos y sus comunidades''.

Como cuarto punto, sobre desarrollo social y productivo mediante acuerdos políticos, el gobierno se compromete a instrumentar acciones y medidas intensivas para ello, aunque con base en acuerdos con las comunidades y la participación del EZLN en las mesas de trabajo.

El quinto punto, respecto a la distensión militar y el diálogo directo con la dirigencia del EZLN, en primer lugar el gobierno federal ratifica que dará las garantías para una nueva reunión de la Cocopa con los rebeldes; empero insiste que el Ejército Mexicano no se retirará de Chiapas.

``Si se pacta con la representación gubernamental el reinicio y la continuidad del diálogo, el gobierno federal está dispuesto a dar el primer paso de una serie de acciones y medidas que conformen un esquema progresivo de distensión de carácter bilateral y recíproco. La representación gubernamental será portadora de las consideraciones táctico-operativas autorizadas por el titular del Ejecutivo Federal'', señala la propuesta.

Precisa que una vez reiniciado el diálogo y establecido el esquema de distensión bilateral, se procederá a acordar nuevas medidas con el EZLN, de manera periódica y progresiva, hasta la integración de los zapatistas a formas de lucha pacífica y legales, con las garantías suficientes para sus miembros.

Por otro lado, la Cocopa establece en su documento, en primera instancia, que la paz en Chiapas es medular en el diálogo nacional para la reforma del Estado. Luego de hacer un diagnóstico de la situación de deterioro en varias zonas de la entidad y advertir de las dificultades que han tenido para realizar su labor y la existencia de grupos paramilitares, propone siete puntos para avanzar en el diálogo.

En primer lugar, mantener la ley para el diálogo, así como los principios básicos del acuerdo de San Miguel, refrendar el contenido de las reglas de procedimiento para llegar a un acuerdo de concordia y pacificación, iniciar los trabajos de la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever), que se refrenden los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, impulsar las medidas de distensión recíprocas y proporcionales en la zona de conflicto y atender las condiciones del EZLN para regresar al diálogo.

Apunta que las negociaciones están estancadas en la interpretación de los acuerdos de San Andrés al texto constitucional y la ley reglamentaria.