La Jornada 8 de julio de 1998

Irregular, la contratación de Careaga; posee una empresa de seguridad, afirma Víctor Soto

Bertha Teresa Ramírez Ť El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, Víctor Manuel Soto Camacho, señaló que se investiga al secretario Rodolfo Debernardi por una presunta violación al artículo 71 de Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, al haber contratado al general Héctor Careaga a quien la ley le prohibía detentar cargos públicos debido a que es propietario de una empresa particular de seguridad.

El artículo de la ley referida estipula que ningún elemento en activo de los cuerpos de seguridad del gobierno puede ser socio o propietario por sí o por interpósita persona de una empresa que preste servicios privados de seguridad. El general Careaga, quien detentó el cargo de subsecretario de la SSP, hasta su escandalosa salida, en mayo pasado, es socio mayoritario de la compañía con razón social Macro Sistemas de Seguridad SA de CV, de acuerdo con el acta constitutiva de esa sociedad registrada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con el permiso número 09007558, expuso el diputado local.

Otra investigación se sigue al señor Jaime Ibarra Díaz Trujillo, quien es director ejecutivo de Sistemas de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, y que presuntamente es consanguíneo en cuarto grado del general Careaga y propietario de una empresa de la construcción y otra comercializadora, ya que ``la contratación de su familiar, mientras Careaga se encontraba en funciones, se ubica en la hipótesis prevista del artículo 47, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el caso de que las empresas de las que es accionista Ibarra Díaz Trujillo hayan obtenido algún contrato, la conducta actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo de la ley citada''.

El caso del general Careaga, quien fue retirado del cargo de subsecretario de la SSP después de que se conoció su participación en el batallón Olimpia durante la matanza de Tlateloco de 1968, no es el único que se investiga en cuestión de irregularidades en empresas de seguridad privada, ya que policías han denunciado que comandantes en funciones o militares suelen ser normalmente los propietarios de empresas particulares de seguridad, por lo que las operaciones de éstas deben ser reglamentadas.

El diputado señaló que en breve presentará una iniciativa para depurar a las empresas de seguridad privada que actualmente operan con o sin registro. Dijo que el principal problema detectado con este tipo de negocios es que han proliferado ``como hongos'' en toda la ciudad, y que en vez de protección generan inseguridad ya que contratan personal de dudosa procedencia, sin capacitación, bajos salarios y sin prestaciones como seguro social, seguro de vida y otras garantías laborales.

Soto Camacho dijo que la PGJDF y la SSP han entrado en contradicciones sobre el número de compañías privadas de seguridad que existen. Indicó que mientras la Procuraduría asegura que hay 440 empresas privadas registradas con más de 37 mil elementos que laboran en ellas; la Secretaría de Seguridad Pública señala que el número de elementos que trabajan en éstas es de 17 mil efectivos, pero se ha negado a precisar el número de empresas que tiene la dirección de registro de empresas privadas de la SSP, a cargo del general Bravo Magaña.

Agregó que de acuerdo con informes de las propias empresas privadas, existen mil 500 empresas de este tipo y en éstas operan 150 mil elementos. Además, se ha detectado otra problemática, ya que se investigan varias historias en relación con posibles funcionarios que son propietarios o socios de este tipo de empresas, a pesar de que lo prohíbe la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Macroseguridad

La empresa Macro Sistemas de Seguridad, constituida por una sociedad de las que son accionistas Héctor Ricardo Careaga Entrambasaguas, Isaías Guerrero Solano, Alejandro Gerardo Molina Bátiz, Francisco Pérez Meza y el ingeniero Juan Armendáriz Lumbreras, podría despertar la envidia de cualquier red de inteligencia en el país. Por medio de los servicios que ofrece puede investigar cualquier cosa, desde aspectos personales hasta empresariales en casi cualquier rama económica.

Según su acta constitutiva, Macro Sistemas ``tiene por objeto: estudiar, planificar estrategias y elaborar proyectos destinados a establecer y prestar servicios de investigación en todas sus ramas, de vigilancia y de seguridad privada a empresas''. Así, puede abocarse a investigar o a proporcionar casi cualquier tipo de seguridad. Entre un sinnúmero de servicios que ofrece, puede realizar investigación de seguros, investigaciones personal y privada; investigación de crédito; investigación comercial, industrial y bancaria. Investigación para la localización de personas y bienes y seguridad pública, vigilancia y protección de personas; investigación para crédito y cobranzas.

Ofrece además asesoramiento en seguridad privada y correctiva, peritajes privados en materia de tránsito y todo tipo, capacitación de personal en seguridad y vigilancia. Blindajes a vehículos, inmuebles y personales. Puede ofrecer también conferencias y seminarios sobre seguridad y vigilancia, seguridad para eventos especiales, compra, venta, importación, exportación de toda clase de tipos de uniformes y equipos de seguridad privada; compra, venta, comisión, consignación, arrendamiento, subarrendamiento, permuta y el comercio en general de toda clase de bienes muebles e inmuebles.

Ofrece realizar proyectos para vender, instalar, administrar y proporcionar mantenimiento a sistemas electrónicos de seguridad privada contra asaltos robos e incendios de tipo industrial, comercial residencial, institucional públicos y privados. La prestación de servicios de seguridad privada y vigilancia en instalaciones físicas, las cuales pueden ser residenciales, industriales, hoteleras y bancarias intramuros, entre otros servicios.

Durante una visita a las oficinas de la empresa ubicadas en la colonia Portales, se pudo conocer, mediante el jefe de personal, Rolando G. Luna Martínez, que Macro Sistemas de Seguridad ha instalado los sistemas de seguridad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Cámara de Diputados --en donde, por cierto, el general Careaga fue jefe de seguridad durante un año-- entre otras instituciones.