Human Rights: la brutalidad policiaca, ``institucionalizada'' en Estados Unidos

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 7 de julio Ť Human Rights Watch denunció hoy que la brutalidad policiaca es uno de los problemas más serios y persistentes en Estados Unidos, por lo que pidió al gobierno adoptar medidas firmes para enjuiciar a los uniformados abusivos y limitar las violaciones de los derechos humanos.

``Los oficiales de policía llevan a cabo tiroteos injustificados, severas golpizas, estrangulamientos fatales y tratamiento físico innecesariamente brusco en ciudades'' del país, sostuvo la organización en un informe de 430 páginas emitido este martes, y advirtió que ``el problema es nacional, y su carácter, institucionalizado''.

Investigadores de Human Rights Watch (WRW) dedicaron dos años a esta investigación entrevistando agentes, abogados, supuestas víctimas de abuso policiaco y diversos afectados en 14 de las ciudades más grandes del país. Encontraron que los departamentos de policía archivan deficientemente quejas sobre violaciones de derechos humanos, fallan en investigar y castigar a oficiales acusados de abusos y ofrecen pocos mecanismos al público para la participación ciudadana en la revisión de casos de mala conducta policiaca.

El informe describe casos en los que policías golpean hasta la muerte a sospechosos, los estrangulan a modo de provocarles paros cardiacos, utilizan electroshock para torturar a sospechosos y violan a hombres y mujeres detenidos. En un caso en Nueva Orleans detallado en el informe, un policía contrató a un pistolero para asesinar a una mujer que había presentado una queja de brutalidad en su contra.

``La raza continúa jugando un papel central en la brutalidad policiaca en Estados Unidos'', indica el informe. ``Las minorías se quejan más frecuentemente de violaciones de derechos humanos que los residentes blancos, y mucho más allá de su proporción de representación (de su población) en esas ciudades''. El informe señala que los afroamericanos y los latinos en Nueva York presentaron 78 por ciento de las quejas contra la policía.

En un incidente en Boston, un agente policiaco encubierto, Michael A. Cox, de raza negra, fue golpeado erróneamente por policías blancos que pensaban que Cox era el sospechoso que buscaban. Cox fue hospitalizado y tratado por daños del riñón en 1995, pero tres años después HRW informa que los oficiales acusados de golpearlo no han sido castigados. En otro caso en Chicago, los policías utilizaron electroshock para torturar a un sospechoso durante 17 horas y supuestamente lo acostaron sobre un calentador para forzar su confesión.

El informe ofrece numerosos ejemplos de incidentes individuales de abuso policiaco, pero también estima que cuando las ciudades adoptan campañas de seguridad pública de ``cero tolerancia'', las quejas de abusos de esta naturaleza se incrementan. Por ejemplo, en Nueva York, las quejas contra la policía se han incrementado 56 por ciento desde que comenzó una campaña municipal de ``cero tolerancia''.

Irónicamente, una de las denuncias más serias del informe es una que frecuentemente formulan las autoridades estadunidenses contra la policía mexicana: a los policías se les permite continuar en funciones pese a múltiples acusaciones de abuso y mala conducta. Un oficial acusado de mala conducta en San Francisco tiene 35 quejas de abuso en su contra en un empleo previo, y otro oficial acusado de estrangular a muerte a un hombre ya tenía 11 quejas de brutalidad anteriores.

``Los abusos descritos en este informe pueden ser prevenidos'', señala HRW. ``Los oficiales con nutridos antecedentes de abuso, políticas demasiado vagas, capacitación bajo la norma y selección inadecuada, todas propician el abuso''. Además, indicó que los funcionarios federales no persiguen adecuadamente los casos de mala conducta policiaca.

Las estadísticas del Departamento de Justicia obtenidas por HRW indican que menos del 0.2 por ciento de las 10 mil quejas de abuso policiaco registradas desde 1996 han resultado en un caso criminal ante las cortes para su fiscalización. ``Hay casi una tasa de éxito del 100 por ciento para casos que no tratan sobre la mala conducta oficial'', señala HRW.

El grupo alega que una de las principales razones de la persistencia de los abusos en esta materia por parte de las fuerzas policiacas en este país es la falta de un mecanismo que públicamente rinda cuentas, y por la renuencia de las autoridades municipales, estatales y federales a recabar datos adecuados sobre el abuso policiaco. HRW señala que las juntas de revisión de quejas ciudadanas establecidas para examinar acusaciones contra la policía muchas veces carecen de fondos para operar, se les niega información de policías y se les acusa de prejuiciadas si emiten informes críticos de la policía.

HRW sugiere que las oficinas de supervisión ciudadana deben publicar informes sobre los abusos de los derechos humanos de la policía una vez al año, y estima que los fiscales locales deberían mantener listas públicas de agentes que han sido arrestados, acusados o condenados por violar la ley. También pide una fiscalización más rigurosa de los abusos policiacos e indica que el gobierno federal debería congelar sus fondos a departamentos de policía que sigan perpetrando ``amplias violaciones de derechos humanos''.