La esencia del ombudsman está en su fuerza moral, no judicial, señala el diputado del PRD
Humberto Ortiz Ť Después de tres horas de deliberaciones con el procurador capitalino Samuel del Villar, el diputado Martí Batres rechazó modificaciones al marco jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque se rompería la esencia del ombudsman, cuya fuerza es moral y no judicial.
Estableció que por eso fue creada con tal naturaleza legal, pues de lo contrario se desvirtuaría y quedaría convertida en otra procuraduría.
Insistió el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF: ``la defensoría de los derechos humanos, tal como está estructurada, está adecuada correctamente a la realidad de la ciudad''.
Al frente de 15 legisladores locales que se reunieron con el titular de la Procuraduría capitalina y varios funcionarios de la PGJDF, Batres Guadarrama informó a La Jornada que la sesión de trabajo también versó sobre la inseguridad que priva en torno del recinto de Donceles y Allende, en donde operan varias bandas de criminales que ya han agredido a cinco diputados locales. Quedó claro en este encuentro que estos hechos no tienen fondo político y son delitos del fuero común.
El líder de la ALDF manifestó que con base en la información proporcionada por el procurador del Villar, los índices delictivos efectivamente van a la baja. Las cifras, remarcó, ``no las puede inventar nadie''.
Sin embargo, el diputado Batres reconoció que las instancias de procuración y administración de justicia aún adolecen de herramientas legales suficientes para poder combatir al crimen.
Así, anunció que a partir de hoy serán concluidas y detalladas las cuatro iniciativas que la fracción parlamentaria del PRD impulsará para apoyar la lucha contra la inseguridad pública: Ley de Régimen Penitenciario del Distrito Federal, la reforma a la Ley de Defensoría de Oficio para crear un organismo autónomo y para darle un estatus superior a los defensores; las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y la creación de la Ley de Empresas de Seguridad Pública.
``Vamos a trabajar inmediatamente en ello, porque ya son facultades de la Asamblea, pero también vamos a abordar el año que entra, la elaboración del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Ahí es muy importante que tomemos en cuenta que la corrupción sea considerada como un delito grave y que los ilícitos que son cometidos o cuando son cometidos por servidores públicos del ámbito de la justicia y de la seguridad pública sean tipificados como agravantes, porque ellos son los directamente encargados de protegerlos''.
Con reservas, el legislador capitalino habló de que además será abordado el asunto presupuestal que ha restringido la disponibilidad de recursos para la PGJDF y la SSP. No obstante, aclaró que por las difíciles circunstancias económicas en el país será muy difícil pensar en eventuales ampliaciones de asignaciones financieras.
Para concluir, el líder de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa calificó el trabajo del procurador Samuel del Villar simplemente como ``profesional'', y le otorgó un voto de confianza mientras entran en operación importantes dispositivos de seguridad en las zonas criminógenas más problemáticas de la ciudad, como el Centro Histórico, donde está asentada la ALDF.