Procuradores del país instan a aprobar ya las leyes anticrimen
Gustavo Castillo, enviado, y Antonio González Vázquez, corresponsal, San Luis Potosí, SLP, 4 de julio Ť Los titulares de todas las procuradurías del país hicieron un llamado al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para que agilicen la aprobación de las reformas constitucionales que en materia de procuración de justicia propuso el presidente Ernesto Zedillo, ``dada la emergencia que existe por contar con mejores instrumentos legales para combatir la delincuencia''.
Con ese fin, los funcionarios acordaron solicitar al Senado de la República que en el menor plazo posible reciba al pleno de la quinta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que concluyó hoy en esta ciudad.
Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que los procuradores tienen la necesidad de contar con mejores instrumentos legislativos para combatir la delincuencia emergente, de la que se duele todos los días la sociedad mexicana. ``Pensamos que este intercambio de puntos directos puede ilustrar mucho el debate que tienen que llevar a cabo los senadores, los diputados federales y posteriormente las legislaturas estatales'', expresó.
Por su parte, Samuel del Villar, procurador de Justicia del Distrito Federal, afirmó que es urgente contrarrestar los cambios legales que se aprobaron entre 1993 y 1994, ya que éstos garantizaron impunidad para los criminales.
Dijo que con las reformas aprobadas por los legisladores en esas fechas ``se despenalizó la corrupción de los servidores públicos y todo quedó como delitos leves, al igual que lo relativo al paquete de ilícitos patrimoniales, que son los que más afectan el funcionamiento de la economía, y que también quedaron considerados como no graves'', lo que permite que los acusados obtengan su libertad bajo caución.
No hay decisiones cosméticas
Madrazo Cuéllar afirmó que de ninguna manera son decisiones cosméticas las medidas adoptadas por las procuradurías de todo el país, y que la aprobación de las reformas constitucionales proporcionará una mejor plataforma para combatir el delito.
Añadió que ``además de las reformas legislativas, estamos empeñados en una transformación de los recursos humanos, y lo que queremos es romper círculos viciosos que por razones legislativas se han creado entre jueces y Ministerio Público. A la sociedad no le interesa quién tiene la culpa de que los delincuentes queden libres, sino que quiere un efectivo combate a la delincuencia, por lo que pensamos que nuestras leyes tienen que ser modificadas''.
Madrazo refirió que en México existe una delincuencia emergente que está desbordando los marcos jurídicos tradicionales, y por ello se está reclamando reivindicar los instrumentos legislativos, para que en los procesos penales el probable responsable tenga todas las garantías de defensa, pero que también la víctima tenga todas las posibilidades de obtener justicia.
Al hablar en la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer las conclusiones de la quinta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Samuel del Villar planteó que ``es absolutamente indispensable que el Congreso de la Unión restablezca un equilibrio mínimo para perseguir con eficacia a los delincuentes retirando la variedad de elementos que actualmente garantizan su impunidad.''
Señaló enseguida que el paquete de reformas presentado a los senadores busca revertir esa situación, que tan sólo en el Distrito Federal provocó que se duplicara la criminalidad y redujeran los tiempos para que un ministerio público presentara los elementos comprobatorios de una responsabilidad penal.
En este mismo sentido, el procurador de Veracruz, Rodolfo Duarte Rivas, apuntó que sólo fortaleciendo el marco legal es como las instituciones encargadas de procurar justicia se pueden allegar instrumentos que permitan hacer frente a una delincuencia mejor organizada.
Asimismo, los procuradores reconocieron que los derechos de las víctimas no están equilibrados en relación con aquellos que protegen a los delincuentes, de tal suerte que sus garantías están subestimadas y protegidos de manera inadecuada.
Otro de los acuerdos adoptados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia fue el de homologar los salarios de ministerios públicos y agentes de la Policía Judicial, para evitar diferencias tan marcadas como las que existen ahora y que forman parte de los problemas que generan una grave corrupción.
Al respecto, el procurador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, dijo que se considera que cada uno de estos funcionarios obtenga un ingreso de por lo menos 6 mil pesos mensuales, ya que en algunos estados, como Yucatán, su sueldo es de sólo mil 400 pesos al mes para policías judiciales, mil 300 a peritos y mil 350 para los ministerios públicos.
En contraste, dijo que los estados que mejor pagan a estos funcionarios son Durango, Zacatecas y Sonora, en donde los salarios fluctúan entre 7 mil y 13 mil pesos mensuales.
Los procuradores de Justicia de todo el país convinieron también en la creación de agencias del Ministerio Público mixtas, en donde actuaría personal estatal y federal al mismo tiempo en casos de narcotráfico.
Asimismo, acordaron instalar institutos de capacitación regionales, a fin de brindar este servicio a las procuradurías que no cuenten con academias.
En materia de derechos humanos, iniciarán una campaña en contra de la violación de las garantías individuales y generarán un registro de delitos que impliquen una violación natural a los mismos.
Finalmente, por lo que hace a dignificación de las procuradurías, hubo consenso en elaborar un informe detallado sobre los elementos policiacos y personal sustantivo de todas estas dependencias que hayan sido dados de baja, el cual será dado a conocer en fecha próxima por la Procuraduría General de la República.