El presidente Zedillo está empeñado, con irresponsabilidad infinita, en mantener el conflicto con el EZLN y los indígenas de Chiapas en las peligrosas vías muertas a las que fue llevado por él y sus hombres, sobre todo en los últimos seis meses. Numerosas acciones gubernamentales lo demuestran y así lo confirma, por si hubiera alguna duda, su discurso en Simojovel el pasado miércoles primero de julio. Sus frases en favor del diálogo no tienen crédito y sólo intentan enmascarar el verdadero contenido de su política.

Ese discurso beligerante, ampliamente difundido, ratifica la inadmisible posición del gobierno de Zedillo en este conflicto. Contrariamente a su obligación como jefe de Estado y a sus compromisos políticos, en lugar de buscar caminos y estilos de verdadera conciliación e idear iniciativas para aproximar la terminación negociada del conflicto y alcanzar la paz con dignidad, con sus palabras alienta la confrontación y la división de las comunidades, da luz verde al gobernador, al Ejército y a los paramilitares para continuar el acoso y violencia sobre las comunidades zapatistas; torpedea los esfuerzos en favor de la distensión promovidos por la Cocopa y aleja la posibilidad de reconstruir en el futuro próximo las condiciones para el diálogo con el EZLN.

Más allá de sus hipócritas llamados al diálogo y su discurso que confirma la doblez de sus posiciones, en realidad lo que está haciendo el Presidente es encabezar la ejecución de una estrategia de confrontación y de guerra cuya meta es no dialogar y negociar con el EZLN, sino aplastarlo; no resolver las causas que dieron origen al alzamiento del primero de enero del 94, sino someter a los indígenas y reconstruir las anteriores estructuras de poder local. En suma, castigar a quienes se atrevieron a reclamar enérgicamente justicia, derechos, democracia, autonomía. El Presidente no ha renunciado a esos objetivos trazados desde los primeros días del sexenio. Ese es el hilo conductor de las acciones del gobierno: desde el intento de febrero de 1995 de detener a Marcos y la dirección del EZLN, hasta el asalto policiaco-militar al municipio autónomo de San Juan de la Libertad (El Bosque) el pasado 10 de junio. Entre esos dos momentos está el incumplimiento cínico de los acuerdos de San Andrés, la formación de grupos paramilitares, la masacre de Acteal, la presencia ominosa de 70 mil militares (un tercio del Ejército Mexicano) en la zona del conflicto, las presiones gubernamentales que destruyeron a la Conai y la ofensiva xenofóbica del gobierno para impedir la actividad de los observadores internacionales.

Pero esa estrategia afinada en los últimos meses por el secretario de Gobernación se ha convertido en una verdadera trampa para el gobierno, lo ha metido en un callejón, pues no conduce de ninguna manera a ponerle fin al conflicto ni a someter al EZLN ni a los indígenas. Tampoco engaña a la opinión pública nacional ni a los observadores del exterior. Ni siquiera puede conseguir el apoyo convencido de los militantes del partido del Presidente. La digna posición del senador Pablo Salazar Mendiguchía así lo confirma. Aunque esa estrategia gubernamental sí abre las puertas a las aventuras bélicas, pavimenta el camino a una solución militar en Chiapas que impondría al país una regresión política, sería el fin de la transición democrática.

Todo esto impone una enorme responsabilidad a la sociedad, a sus organismos, los partidos políticos, los grupos sociales, las ONG, los medios de comunicación, pero también y de manera especial al Congreso de la Unión; esta responsabilidad consiste en sacar el conflicto de Chiapas de la zona peligrosa a la que fue llevado por un presidente incapaz de asumir plenamente sus responsabilidades como jefe de Estado y que pone al país al borde de una crisis general de inimaginables consecuencias.

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