Acuerdo: el mando de la SSP, al gobierno del DF

Ricardo Olayo Ť La mesa tres para la reforma política en el Distrito Federal presentó ayer acuerdos de fondo obtenidos por mayoría entre los partidos políticos y el gobierno para avanzar hacia la municipalización de la ciudad, mismos que plantean retirar el mando de la seguridad pública al Ejecutivo federal y elegir cabildos integrados por lo menos por 10 personas. Sin embargo estos consensos pueden frenarse en el Congreso de la Unión por la oposición que ha expresado el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El coordinador de los trabajos de esta mesa, el subsecretario Pedro Etienne, aseveró que como se requieren modificaciones a la Constitución que no cuentan con el apoyo de los priístas, el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, podrá emitir acuerdos administrativos para descentralizar poco a poco el gobierno hacia las delegaciones.

Si bien la vía idónea es que el PRI se sume a los consensos del resto de los partidos y del gobierno, las medidas administrativas que adopte Cárdenas garantizarán que desde ahora hasta el 2000 no se detenga la transición hacia gobiernos locales.

Hubo consenso entre PAN, PRD, PT, PVEM y gobierno capitalino de que la reforma en la estructura jurídico-política de la ciudad debe dotar de autonomía financiera y administrativa a las delegaciones, las cuales podrían crecer en número y denominarse demarcaciones municipales.

Los acuerdos difundidos ayer, durante una conferencia de prensa a la que sólo faltaron los representantes del PRI, indican que los cabildos estarían integrados por un mínimo de diez personas electas de una planilla mediante el voto directo, y otro integrante adicional, según la población que resida en la zona. El ciudadano que encabece la planilla sería el alcalde de la demarcación.

Los partidos podrán registrar una planilla con un candidato a alcalde, para cada demarcación municipal, las cuales podrían reestructurarse y quedar integradas por 500 mil a 700 mil habitantes, pues en estos momentos hay diferencias notables, entre delegaciones como Iztapalapa que tiene un millón 700 mil personas y Gustavo A. Madero con un millón 250 mil, y Milpa Alta, que sólo tiene 81 mil habitantes.

Para participar, cada organismo político tendrá que registrar un programa de gobierno por demarcación y los integrantes de la planilla deben tener por lo menos tres años de residencia y los requisitos que señale la ley electoral.

En la conferencia, representantes de los partidos dijeron que los acuerdos son un avance significativo para restituir los derechos de los habitantes de la ciudad de México. El secretario técnico, Manuel González Oropeza, fue el encargado de detallar cada uno de los consensos alcanzados, y dijo que los representantes del PRI no asistieron y únicamente enviaron sus puntos de vista por escrito sin posibilidad de debatirlos.

Derogación del apartado E del artículo 122 constitucional

Los acuerdos de este grupo de trabajo serán enviados a la mesa central de la reforma política y también a la Asamblea Legislativa para que puedan recibir una redacción de iniciativa de ley que eventualmente se puede proponer en el Congreso de la Union.

Según el consenso, ``se considera pertinente derogar el apartado E del artículo 122 constitucional que se refiere a las facultades del Presidente de la República en materia de seguridad pública, en relación con el DF''.

Además, se considera que el mando de la fuerza pública le correspode al jefe de gobierno, mientras que el mando operativo directo le correspondería al secretario de Seguridad Pública.

Un tercer nivel lo ocuparía la seguridad pública de la demarcación y de colonia bajo la competencia de los órganos de las demarcaciones, en coordinación con las áreas centrales de Seguridad Pública.

Según el consenso alcanzado, las demarcaciones tendrían autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, la ALDF podrá revocar el mandato de algún miembro de un cabildo en los casos en los que haya una sentencia en firme de las autoridades judiciales por delito doloso que obligue a la pena de prisión. Podrá suspender el mandato de alguno cuando abandone por más de 30 días el cargo sin causa justificada; por faltar a tres sesiones consecutivas del órgano colegiado, sin causa justificada; por abuso de autoridad en perjuicio de la población; por incapacidad física y legal.

La Asamblea será la única facultada para proceder a la desaparación de poderes por la falta absoluta de sus miembros, por la renuncia de la mayoría, por ingobernabilidad. Además los integrantes del cabildo tendrán fuero.

También se dan facultades a las demarcaciones en materia se servicios públicos, funciones de gobierno, desarrollo urbano y de coordinación con la Contraloría.