Madrazo: el acuerdo no garantiza que no haya más acciones Casablanca
Gustavo Castillo, enviado, y Armando Torres Barbosa, corresponsal Ť Los procuradores de Estados Unidos y México, Janet Reno y Jorge Madrazo Cuéllar, firmaron ayer en Brownsville, Texas, un convenio de coordinación y cooperación en el combate a narcotráfico, lavado de dinero y organizaciones criminales.
Horas más tarde, el funcionario mexicano, en un acto en la capital de San Luis Potosí, aceptó que el acuerdo binacional no garantiza que ya no se realicen acciones como la operación Casablanca, y aseguró que la investigación sobre el caso seguirá su curso y de encontrarse pruebas contra los agentes estadunidenses involucrados se pedirá su extradición.
El documento, firmado en Brownsville, consta de cinco puntos y es consecuencia de lo acordado entre los presidentes William Clinton y Ernesto Zedillo, el pasado 8 de junio, en la ciudad de Nueva York, con motivo de la asamblea especial de la ONU contra las drogas.
De esta forma, Reno y Madrazo Cuéllar convienen establecer, como primer punto, una estrecha comunicación para conocer cualquier actividad transfronteriza de las agencias federales encargadas de la procuración de justicia, con la finalidad de evitar malos entendidos, además de considerar los medios legales más apropiados para combatir en sus respectivos países las actividades delictivas.
Los procuradores reconocieron que estas operaciones son, con frecuencia, en extremo delicadas, y que bajo circunstancias excepcionales, el revelarlas puede poner en riesgo la vida de los agentes y de otras personas, por lo que en ciertas circunstancias se solicitará que se restrinja el acceso a este tipo de información.
En el punto dos, los funcionarios reconocen que acciones de alguno de los gobiernos en su propio territorio o en el de un tercer Estado, pueden tener impactos significativos en México o Estados Unidos; por ello, acordaron consultar sobre dichas actividades cuando sea posible y sirva de apoyo.
En el tercer punto de acuerdo, coinciden en que se requiere un mejor y más profundo conocimiento y entendimiento de los sistemas legales y de los procedimientos de procuración de justicia de cada país, para fortalecer el combate contra la delincuencia y servir mejorar a los intereses de la sociedad.
Para ello, comenzará un programa conjunto de capacitación entre las agencias federales de ambos países, en el que se documentará a los representantes de las dos naciones sobre qué se puede hacer en cada uno de los países para evitar que una investigación se pueda convertir en un delito.
Asimismo, en un cuarto punto señalan que los agentes de procuración de justicia que se encuentren adscritos en el otro país, cuya principal actividad consiste en el intercambio de información, continuarán desarrollando dichas tareas conforme a los procedimientos acordados mutuamente, incluyendo en lo conducente las reglas establecidas en 1992.
También acordaron ampliar la cooperación en materia legal para evitar malos entendidos, como el caso Casablanca, además de estar en condiciones de hacer consultas de manera directa. Implantarán también procedimientos que faciliten la conversación y permitan un enlace seguro y directo entre los dos procuradores.
Proseguirán investigaciones de la PGR en torno al operativo Casablanca
Al inaugurar la V Convención Nacional de la Procuración de Justicia, Madrazo Cuéllar aseguró que lo importante de la carta firmada por él y Reno es ``que se sepa lo que nosotros estamos haciendo en Estados Unidos y lo que ellos están haciendo en México''.
Sostuvo que el convenio signado ``es un conjunto de garantías de nuevos procedimientos para impedir que en el futuro se presenten situaciones tan agraviantes, tan molestas y que han generado tantos problemas en la relación bilateral, como lo fue Casablanca''.
El titular de la PGR señaló que con el acuerdo se busca el fortalecimiento de la cooperación México-Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, a la jurisdicción territorial y al orden jurídico, y que no ocurran situaciones ``negativas''.
El funcionario mexicano puntualizó que luego de la firma del documento, el cual ya fue entregado a los presidentes de México y Estados Unidos, quedó instalado el mecanismo de información directa entre los procuradores de justicia de ambas naciones y que concretamente la idea de dicho convenio es que se notifique a la realización previa de cualquier investigación u operativo a los responsables de procurar justicia tanto de México como del vecino país del norte. Dijo que el compromiso establecido tiene por objeto evaluar la legalidad de cualquier operación y el de encontrar los medios jurídicos apropiados, si estos existen, para que pueda llevarse a cabo.
Señaló que ambos procuradores empeñaron su palabra en que antes de realizarse cualquier operativo o investigación que afecte a México, se deberá informar al responsable de la PGR, incluso si esas investigaciones se realizan en un país distinto a México y Estados Unidos.
Madrazo Cuéllar indicó que los operativos encubiertos en territorio nacional no están prohibidos, ya que desde 1996 la Ley Federal contra la Delincuencia Or ganizada los permite, pero que éstos deben ser autorizados de manera exclusiva y directa por el procurador general de la República y realizados por agentes mexicanos.
No obstante, enfatizó que se puede llevar a cabo de manera conjunta con agentes de otras naciones, no solamente de Estados Unidos, pero ``propiamente la actividad encubierta debe ser realizadas por agentes mexicanos''.
El titular de la PGR señaló que no va a negociar con ninguna autoridad extranjera la investigación de probables delitos cometidos dentro del territorio nacional por agentes estadunidenses, ya que ello es precisamente una expresión de soberanía.
Acerca del estado que guardan las investigaciones de la operación Casablanca, señaló que existe una averiguación previa en curso y que su resultado se conocerá hasta que se agoten todas las diligencias y que en este caso es muy importante estar pendiente de lo que sucede en la Corte de Justicia de la ciudad de Los Angeles, California, puesto que ahí se podrán obtener todos los elementos para identificar a los agentes de aduanas, el testigo cooperante y el informante que colaboraron en dicho operativo.
Mencionó que hasta el momento existe un buen número de investigaciones conjuntas entre Estados Unidos y México relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Asimismo, dijo que se llevan a cabo acciones bilaterales en las fronteras de Tijuana-San Diego, Ciudad Juárez-El Paso, Matamoros-Brownsville y en otros puntos de la frontera común.
Señaló que de ninguna manera se ha suspendido la cooperación bilateral, ``porque sería una barbaridad llegar a esa suspensión''.
El procurador Madrazo Cuéllar enfatizó, ante representantes de los diferentes medios de comunicación, que los acuerdos para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada son de suma importancia para Estados Unidos y México; y reiteró que, independientemente de lo anterior, la PGR continuará con las investigaciones tendientes a determinar si los agentes, informantes o testigos del servicio del gobierno estadunidense cometieron o no algún delito en terri torio nacional durante el operativo Casablanca.
Además, proseguirán las acciones contra los empleados de los bancos que se vieron involucrados en el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
A pregunta expresa sobre sí aún continuaba operando en la frontera de Tamaulipas el cártel del Golfo, el funcionario destacó que con la detención de Juan García Abrego, quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos, esa organización delictiva terminó.
Por otra parte, dijo que se reforzarán las acciones para evitar que organizaciones de narcotraficantes, como las que operan en Jalisco y Tijuana, ubiquen su centro de operación en Nuevo León, esto como consecuencia de los asesinatos con armas largas que se han registrado en este último estado.