Sami David*
Distensión y reanudación del diálogo en el país

Si bien es cierto que todos podemos diferir en nuestras posiciones partidistas, también lo es que las fuerzas políticas del país y los sectores sociales coincidimos en que sociedad y gobierno deben realizar esfuerzos que permitan reconstruir el tejido social y la paz armónica de las comunidades afectadas por la violencia.

La reciente visita del presidente Ernesto Zedilla a Chiapas confirma, precisamente, el propósito del gobierno de la República por solucionar el conflicto a través de la vía política y generar condiciones que permitan el sano desarrollo de las comunidades indígenas.

La solución del conflicto debe pasar por el ejercicio del derecho y la acción política. Así lo ha demostrado la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que se mantiene como el marco jurídico que debe permitir, mediante los acuerdos y el entendimiento, construir una solución política justa y aceptable al conflicto chiapaneco.

Si en el marco de esa ley pudimos avanzar un largo trecho en el diálogo, hoy debemos volver a encontrar ese camino. Si de conformidad con este ordenamiento se llegaron a acuerdos muy importantes, como los de San Miguel y San Andrés, hoy la letra y el espíritu de esas amplias coincidencias, deben ser el punto de partida de una etapa definitiva de construcción de la paz en la entidad.

No es con recriminaciones como se avanzará; no es con acusaciones como se dará respuesta a las aspiraciones de paz de las comunidades indígenas del estado. Es sí, con voluntad, mediante el debate respetuoso, franco y abierto, como se superarán los malentendidos y se dará todo su sentido a las coincidencias.

Se requiere de dar prueba de buena fe, porque las comunidades indígenas así lo reclaman; porque no quieren seguir padeciendo en carne propia, en sus vidas y familias, las consecuencias de la violencia.

Urge hoy una solución pacífica de ese conflicto, para impulsar de manera amplia y eficaz las acciones que permitan superar los rezagos ancestrales que padecen nuestros hermanos, y sentar las bases económicas, políticas y sociales que les permitan ejercer su ciudadanía plena.

El conflicto chiapaneco exige de todos el cumplimiento de su responsabilidad: responsabilidad de los legisladores, para alentar el diálogo y la solución pacífica; responsabilidad de los partidos, porque cada uno de ellos debe aportar voluntad para encontrar respuestas; responsabilidad del gobierno, que con prudencia ha de preservar la soberanía y la vigencia del derecho, sin lo cual se crearían mayores obstáculos hacia la pacificación de esa región de la entidad.

Un conflicto que, por su propia naturaleza, debe encontrar mediante el acuerdo, una nueva correspondencia entre los aspectos políticos que lo han provocado y el respeto a la ley. Los acuerdos tienen el propósito de fijar tiempos, de probar medidas, de proponer acciones, a fin de que en la reciprocidad de los involucrados, con responsabilidad, se avance hacia la distensión y, por esta vía, hacia la paz.

No se puede apostar a una política de nuevas tensiones, que sólo trae consecuencias nefastas a las comunidades y retrasa la solución del conflicto.

Coincidimos con el Presidente de la República, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que este conflicto no debe enfrentar a los mexicanos, que no se trata de una guerra y que no hay, no debe haber, ni vencedores ni derrotados.

En esta perspectiva, hacemos público y reiteramos nuestro apoyo a la Comisión de Concordia y Pacificación, en cuanto a sus esfuerzos en ese sentido y a las medidas propuestas para la distensión en la región del conflicto y la reconciliación entre las comunidades.

La presencia del Ejército hemos de verla en esa dirección. No es un factor de tensión, sino de conciliación, estabilidad y paz. No podemos tolerar que el crispamiento en la lucha de intereses, entre integrantes de las comunidades, provoque riesgos de violencia, muerte y encono.

Porque es urgente la distensión en la zona del conflicto chiapaneco, es todavía más urgente la reanudación del diálogo. La distensión exige reciprocidad, a fin de que sea efectiva y sirva para los propósitos de paz. Distensión y reconciliación son inseparables y el diálogo habrá de darles su consistencia, sus tiempos y su plena dimensión pacificadora.

En Chiapas se requiere, más que nunca, de voluntad política; es necesario desterrar ya las posiciones intransigentes y la intolerancia que propician polarización, enconos y enfrentamientos entre quienes tienen posiciones políticas distintas.

Una instancia de mediación ha de mantenerse en la imparcialidad, si efectivamente ha de ser útil al propósito de paz. No podemos declararnos defensores de la reconciliación y, al mismo tiempo, excluir a los que en las comunidades no estén de acuerdo con nosotros. No podemos declararnos en contra de la violencia y luego aprobarla si viene de intregrantes del EZLN o de sus bases de apoyo. La violencia venga de donde venga destruye, divide y mata.

Chiapas es una convocatoria a la buena fe, a evitar, todos, el doble lenguaje. Es una convocatoria a la lucidez; a que cada quien desempeñe su función con el propósito de solucionar el conflicto. No debemos perdernos en los caminos sin salida de las acusaciones recíprocas. Se debe tener voluntad para dialogar y coincidir, mediante argumentos francos y claros, inspirados en la responsabilidad que hoy nos convoca.

La democracia, la justicia, la dignidad que hoy nos reclaman las comunidades indígenas de Chiapas y de todo el país, no se van a impulsar con discursos simulados o actitudes interesadas. Sólo se responderá a esas comunidades, si estamos dispuestos a compartir entre nosotros palabras verdaderas y a lograr acuerdos sustentados en la corresponsabilidad que tenemos frente a esas comunidades y ante la nación.

* Senador de la República