Las campañas electorales culminan en Chihuahua en medio de un gran escándalo y de negros presagios de conflictos postelectorales. En las últimas semanas el PAN y el PRI se lanzaron muy graves acusaciones que enrarecieron el clima político.
Los priístas publicaron en la prensa local una serie de denuncias documentadas acerca de diversas presuntas corruptelas cometidas por la administración de Francisco Barrio. La acusaron, entre otras, de venderle terrenos a la empresa Motorola por debajo del valor de compra; de actuar como aval de un préstamo bancario solicitado por Francisco Molina, cuando fungía como procurador de Justicia, y haber pagado los intereses vencidos.
Entre las acusaciones destaca una: Blanca Gámez y su esposo César Reyes Portillo, funcionarios del gobierno estatal, obtuvieron que la Dirección de Finanzas les descontara de la nómina a los burócratas que les compraron artículos para el hogar los abonos de la deuda adquirida por tan singular empresa.
El gobierno se convirtió en el departamento de crédito y cobranzas de la empresa Gámez-Reyes, que en el curso de tres años realizó ventas por 25 millones de pesos, casi la mitad de los préstamos otorgados por el gobierno del estado a cerca de 3 mil empresarios. La señora Gámez es la suplente del senador Luis H. Alvarez y encabeza la lista plurinominal del PAN en el presente proceso electoral.
Para responder a las imputaciones, el panismo utilizó su mejor carta: el gobernador desplegó una impresionante campaña publicitaria desmintiendo las acusaciones con un rotundo: ``¡Yo digo que no es cierto!''.
El PAN es un partido cuyas concepciones clasistas lo hacen proclive a caer en los vicios del partido oficial. El barniz democrático del blanquiazul se destiñó no bien tomó las riendas del poder. Aún resuenan la frases del gobernador Barrio, en los primeros meses de su mandato, reclamando que se realizaran manifestaciones. ``¿Para qué, si ya estoy yo aquí en el gobierno?''.
La conclusión es decepcionante al término del gobierno panista: Resultó igual, o muy parecido a los encabezados por los priístas.
La alternancia en Chihuahua funcionó sólo para ubicar, igual que antes, a un grupo en el gobierno para que de su obra, directa o indirectamente, se beneficiaran los allegados. Tuvimos muy pocas cosas tangibles para medir la diferencia en las formas de gobernar del PRI y el PAN.
Sin recato, los dos impulsan la misma política económica que ha llevado al país al punto del abismo. Revertirla es una urgencia, y para ello no sólo se debe fortalecer a las otras opciones políticas, particularmente al PRD, sino sobre todo a los mecanismos fiscalizadores de la sociedad sobre el quehacer gubernamental.
De continuar como hasta ahora, de nada valdrá poner en el gobierno a uno u otro partido si existen las lagunas jurídicas que permiten holgadamente la impunidad de los gobernantes.
No puede haber democratización si la ciudadanía no participa de manera activa en la toma de decisiones y en la conformación de los órganos de gobierno y, especialmente, en la fiscalización de éstos.
Un régimen democrático no se logra encubriendo u ocultando las corruptelas, objetivo que parecen perseguir aquellos que llaman a ``recobrar la civilidad'', pues en realidad lo que pretenden es esconder la corrupción.
Ahora, después de que los diputados priístas, sin fallar un solo año, aprobaron las cuentas públicas del gobierno de Barrio, se convierten en flamígeros denunciantes. ¿Por qué se callaron entonces las corruptelas que ahora denuncian?
La respuesta da escalofríos: porque estamos en campaña electoral y los ataques a la candidata del tricolor, a raíz de Pulsegate y el Wal Martgate, ponen en duda su triunfo.
Buscábamos cambiar al viejo, caduco y corrupto partido oficial, por hombres y mujeres que no lucraran con el ejercicio del poder y cuyas concepciones democráticas permitieran superar los vicios del pasado. No fue así.