El discurso pronunciado ayer por el presidente Ernesto Zedillo en Simojovel, Chiapas, en el que el mandatario abordó el conflicto en esa entidad, generó un notorio crispamiento del ambiente político nacional, ahondó diferencias y suscitó críticas inusitadamente duras a la figura presidencial. Las confrontaciones verbales más enconadas tuvieron lugar en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde, ante las enérgicas condenas de legisladores del PRD a las palabras de Zedillo, los representantes priístas optaron por descalificar globalmente al perredismo.

Diversos sectores de la sociedad expresaron también posturas encontradas frente al discurso del Presidente: aplaudida por las cúpulas empresariales, la alocución de Simojovel --íntegramente transmitida por los medios electrónicos-- fue severamente criticada por las dirigencias panista y perredista, por diversas organizaciones de protección de los derechos humanos y por representantes eclesiales.

Un motivo de las reacciones desaprobatorias puede encontrarse en los diversos equívocos e inconsistencias en que incurrió ayer el mandatario. Por principio de cuentas, cuando Zedillo dijo que la interpretación gubernamental de los sucesos de Chiapas es compartida ``por todos los mexicanos'', descalificó como tales a los indígenas rebeldes y esgrimió un consenso nacional para su administración que, si existiera, ya habría dejado sin materia y escenario la confrontación que vive Chiapas.

El mandatario buscó emitir, al mismo tiempo, dos mensajes incompatibles entre sí: por una parte, el llamado a la dirigencia zapatista a la negociación y la tolerancia y, por la otra, la descalificación sistemática contra los insurrectos --hasta la desproporcionada acusación de que contribuyeron, en diciembre de 1994, ``a precipitar la crisis financiera del país''. Adicionalmente, en el punto de polarización y tensión de Chiapas, en el entorno de militarización y atropello que padecen las comunidades indígenas rebeldes, en medio de la persecución política y la aplicación selectiva y asimétrica de la ley en esa entidad, los anuncios de que el gobierno mantiene la suspensión de los procesos legales contra zapatistas reales o supuestos y de que combatirá a ``grupos paramilitares de cualquier signo'', adquieren el carácter de amenaza ambigua contra los alzados.

Otro aspecto desafortunado de la alocución presidencial es la insistencia en mantener el encono verbal hacia la disuelta Conai, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el obispo Samuel Ruiz. La negativa gubernamental a reconocer los valiosos aportes de la mediación y de los mediadores y su condición de factores de moderación, distensión y paz en el estado, difícilmente puede generar condiciones favorables a la solución del conflicto; por el contrario, enrarece aún más el ambiente y reduce las perspectivas de un arreglo pacífico.

En Simojovel, el mandatario rechazó en repetidas ocasiones que el gobierno tenga, para Chiapas, un doble lenguaje. Sin embargo, sus palabras de ayer conforman un discurso contrastado, e incluso opuesto, a los acuerdos de distensión --anunciados hace apenas una semana-- entre el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, y los integrantes de la Cocopa, en el sentido de que el Ejecutivo Federal revisaría las posiciones del Ejército en Chiapas y suspendería las incursiones militares y policiales contra los muncipios autónomos prozapatistas. Otro ejemplo reciente de esta ambigüedad son las erráticas y contradictorias declaraciones del coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa, en torno a la participación de Samuel Ruiz en las gestiones pacificadoras.

En todo caso, más grave que la inconsistencia de las palabras gubernamentales es la poca correspondencia que éstas guardan con los hechos. Mientras las autoridades insisten en reclamar para sí la prudencia, la tolerancia y la convicción de preservar la paz, en Taniperla, Amparo Aguatinta, El Bosque y otras comunidades en rebeldía, las fuerzas públicas perpetran toda suerte de atropellos y violaciones a los derechos humanos: arrestos sin orden de aprehensión, allanamientos no sustentados en órdenes judiciales, robos y destrucción de viviendas. En casi todas las regiones de Chiapas, en tanto, se practica la persecución política, el acoso y el hostigamiento contra todos aquellos que no comulgan con las posturas oficiales y se tolera, en los hechos, el accionar de grupos paramilitares.

Finalmente, es sin duda pertinente y correcta la preocupación presidencial por evitar la intervención de ciudadanos extranjeros o instancias del exterior en el conflicto chiapaneco. Pero han sido las sistemáticas campañas oficiales contra las instancias nacionales de mediación, así como los reiterados ataques a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales --y en ocasiones federales-- los factores que más fortalecen los escenarios en los que tal intervención podría volverse inevitable.