Restricciones fiscales, el mayor freno a la política social: expertos
Víctor Ballinas Ť México, junto con Argentina, Honduras y Venezuela, presenta hoy niveles de pobreza mayores que hace 16 años, mientras países como Brasil, Panamá, Chile y Uruguay mejoraron en el primer quinquenio de los 90 su situación mejoró respecto a la década pasada, cuando alcanzaron los niveles más altos de pobreza en América Latina, según informes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de 1997.
Alicia Ziccardi y Carlos Martínez Assad, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destacaron lo anterior al participar en el seminario Las políticas sociales de México al fin del milenio; descentralización, diseño y gestión, y señalaron que no sólo ha crecido la pobreza absoluta en México, a pesar de los programas de gasto social, sino que es cada vez mayor la desigualdad social en el país. ``La pobreza no es un dato estadístico, se observa todos los días en la vida cotidiana de las ciudades y de las áreas rurales''.
En su análisis Obstáculos para la descentralización de las políticas sociales, ambos investigadores subrayan que información de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en concreto del ex subsecretario de esa dependencia, Enrique del Val, apunta que en México existen 50 millones de personas que viven en condiciones de pobreza; de ese total, 24 millones lo hacen en la pobreza extrema. A esos datos se agrega el incremento en la desigualdad.
Entre 1984 y 1994, 20 por ciento de la población más rica incrementó su participación en el ingreso corriente total, de 49.5 a cerca de 55 por ciento, mientras que 20 por ciento de la más pobre lo redujo de 4.8 a 4.3 por ciento. Adicionalmente, los estratos medios que durante décadas mejoraron su posición relativa, han resultado desfavorecidos por el ingreso que reciben.
Los investigadores indicaron que la pobreza crece y también lo hace la desigualdad social; ante esta situación tan grave, la actuación del sector estatal es cada vez más limitada en acciones y recursos, no obstante que el llamado ``combate a la pobreza'' ha sido desde finales de la década de los ochenta la principal tarea de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Los especialistas apuntan en su análisis que los límites de la Sedeso son cada vez mayores ante las restricciones que la Secretaría de Hacienda impone al gasto social, como consecuencia de la caída de los ingresos petroleros. Esta situación se ha traducido en desacuerdos sobre los alcances de las acciones, ya que mientras los funcionarios encargados del Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa) dicen que este plan debería de llegar a 30 millones de personas, para los encargados de ajustar las finanzas públicas sólo debe alcanzar para 14 millones.
Pobreza selectiva
Al hacer un análisis de dicho proyecto, los investigadores apuntan que es claro que el monto de los recursos que moviliza este programa son extremadamente limitados. Si en 1997 se beneficiaron 3 millones de personas, esto quiere decir que se atiende a menos de la octava parte del universo, que según datos oficiales, se encuentra en situación de extrema pobreza.
``Con qué criterios se seleccionan esas familias de un universo de 24 millones, que representan 4.2 millones de hogares (1.7 en zonas urbanas y 2.5 millones en zonas rurales) si 26 por ciento del total de la población vive en la pobreza extrema; es prácticamente imposible discernir quién es más pobre. No hay otra posibilidad ms que aumentar los recursos que se destinan a este programa''.
También citan los informes del propio Progresa: en 1997 atendió a 400 mil familias de 13 mil 273 localidades pertenecientes a 524 municipios de 12 estados del país, y la meta es atender a 4.2 millones de familias para el año 2000 (59.5 por ciento del medio rural y 40.5 del urbano).
En el seminario, los investigadores comentaron que el modelo de las políticas keynesianas, las del Estado de bienestar en toda América Latina, se agotaron hace más de 10 años, lo que exigió su restructuración en el marco de la adopción de políticas neoliberales. El resultado fue un progresivo achicamiento de la presencia del Estado en la economía a lo que se agregó una disminución de su actuación en el campo social.
Ziccardi y Martínez Assad señalan que tal vez no sea exagerado decir que en materia de políticas sociales la discusión se restringió en la última década a los diseñadores de las políticas económicas junto con los representantes de los organismos crediticios internacionales, mismos que se encargaron de poner condiciones y restricciones a las políticas.
Indicaron que como ejemplo de las diferencias en el país, tan sólo 12 estados hacen aportes significativos al producto interno bruto (PIB) --Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, estado de México, Tabasco, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz y el Distrito Federal--, el resto vive prácticamente de lo que estas entidades generan.
Asimismo, advierten que también hay otro problema a nivel municipal: hay estados como Baja California Sur con cinco municipios, y Oaxaca, con 570. Existen unos muy grandes en los que se dificultan su organización administrativa y su inserción en el sistema federal. ``La localización de los municipios más pequeños corresponde a las zonas de importantes asentamientos rurales, pero con una concentración particular en la sierra de Puebla, Morelos, Alto Lerma y Valle de México, sin duda alguna los lugares en donde las comunidades indígenas lograron preservar mejor sus territorios durante el siglo XIX''.
Destacaron que al mapa complejo y diverso de los estados y su grado de desarrollo, se superpone el de la pobreza, que indica la masividad de una situación en la que viven 50 millones de mexicanos en pequeños poblados rurales, en ciudades pequeñas, medianas, metropolitanas, en fin, en todo el país.
En el análisis, los especialistas destacan que los datos de la pobreza son alarmantes al tomar cualquier indicador. Uno de los principales problemas es su medición. La escala cuando se trata de movilizar recursos para políticas es un dato fundamental.
Precisan que en noveno Congreso Latinoamericano de Nutrición, realizado en 1991, se reconocía que en la década pasada murieron en las pequeñas comunidades rurales 103 de cada mil menores de cinco años, En esos diez años las muertes por desnutrición pasaron de 40 a 118 por cada mil, cifra que se había multiplicado por cuatro entre los menores de cinco años. La canasta básica subió 63 por ciento y algunos productos sustanciales aumentaron en forma desmesurada: el frijol 270 por ciento y el maíz 183 por ciento.