En la cuarta Conferencia Anual sobre Desarrollo Económico en América Latina y el Caribe, realizada en San Salvador, el Banco Mundial (BM) acaba de advertir sobre el alarmante aumento de la pobreza y de la desigualdad en México. La institución destaca sobre todo la situación de las zonas rurales y, en particular, de las comunidades indígenas que considera marginadas del desarrollo del resto del país, y advierte que ``está en curso una revolución pacífica con demandas de una mayor democratización (...) acelerada por el descontento ocasionado por los sacrificios que ha exigido la restructuración económica que comenzó a principios de la década pasada''.

Es por lo menos curioso que el BM critique ahora los efectos de la política que él mismo y el Fondo Monetario Internacional preconizan en todo el mundo, y que prácticamente impusieron a México, ciertamente con el consenso de las autoridades nacionales. Pero más allá de esta constatación paradójica, debe anotarse que la advertencia proviene de una fuente con conocimiento de causa y adquiere, por ello, una importancia particular.

A esta manifestación de alarma, expresada con un lenguaje académico y diplomático, habría que sumar las voces recientes del Departamento de Estado del país vecino. Aunque el BM afirma que en toda América Latina las privatizaciones y el saneamiento de las finanzas públicas mediante la reducción de la actividad del Estado no han sido suficientes para disminuir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población, la situación particular de México -vinculado por el TLC a Estados Unidos y miembro de la OCDE- ofrece para el organismo financiero motivo principal de preocupación por los efectos que podría tener una crisis profunda del país sobre la economía y la política del vecino del norte.

En la época de mundialización, todas las economías están interrelacionadas, como lo demuestran los efectos de la crisis asiática y la necesidad de Washington de correr al reparo recurriendo, por ejemplo, a China. De modo que a los organismos internacionales les preocupa la posibilidad de que una crisis económica pueda coincidir con un agravamiento y una extensión de la actual sacudida política y social que viven los países latinoamericanos. No les falta razón, ya que la política preconizada por dichas instituciones financieras y aplicada por los gobiernos ha acumulado, en efecto, una gran cantidad de pólvora seca, y la estabilidad de la región está a la merced de incidentes que podrían funcionar como detonadores.

Es evidente que la visión tecnocrática y neoliberal, que deja todas las soluciones en manos de la libre actividad del mercado y que cree a pie juntillas que el desarrollo es sólo crecimiento económico y que la riqueza de los pocos de arriba goteará hacia abajo, está fracasando y creando graves peligros.