Sigue siendo parcial el cumplimiento de la recomendación, afirma

Triunfo Elizalde Ť En tanto no se inicie y determine la averiguación previa en contra de Rubén Figueroa Alcocer y de Rubén Robles Catalán, entonces gobernador y secretario general del Gobierno de Guerrero, respectivamente, que deslinde su responsabilidad en los sucesos sangrientos del 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, la recomendación 104/95 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continuará en calidad de parcialmente cumplida, precisó ayer dicha institución.

Con detalles, la CNDH precisa que entre los puntos ``aún pendientes que prueban el cumplimiento parcial de la recomendación'' están, además de Figueroa Alcocer y Robles Catalán, otras autoridades que hace tres años fueron señaladas como presuntas responsables directas e indirectas de la masacre de 17 campesinos guerrerenses que, precisamente hoy, cumple tres años de haberse perpetrado.

Dentro de la clasificación de ``cumplimiento parcial'' menciona a Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de Justicia del estado, ``como probable responsable en la comisión de delitos contra la administración de justicia y posible participación en los hechos que se investigan''.

Tampoco se ha realizado averiguación previa en contra del mayor Manuel Moreno González, ex director general Operativo y de Tránsito en la entidad, por su ``intervención en los acontecimientos que dieron origen a la recomendación 32/95'', registrados meses antes en la ciudad de Chilpancingo.

El tercer punto incumplido hasta la fecha se refiere a que no se han iniciado ni determinado las averiguaciones previas en contra de Elías Reachy Sandoval y de Francisca Flores Rizo, agentes del Ministerio Público de Acapulco y Coyuca de Benítez, en cada caso; de Gonzalo Barrera Abarca y Rafaela Cruz Suástegui, peritos criminalistas de la PGJ estatal; de Juan Olea Ventura y Carlos Gruintal Santos, peritos químicos forenses de la misma institución, ``por su ilícita, irregular, deficiente y negligente labor en la integración de la averiguación previa TAB/3298/95, así como por haber ocultado, destruido e impedido la conservación de las evidencias fundamentales para el establecimiento del asunto''.

Hasta la fecha, ``tampoco se ha realizado la restructuración de los cuerpos policiacos y de seguridad pública del estado'', solicitados por la CNDH, ``con el propósito de que cumplan con eficacia sus labores en la persecución de los delitos y de seguridad a favor de la población y para que resulte su actividad compatible con el respeto irrestricto a los derechos humanos consignados en el orden jurídico mexicano''.

Además, no se han realizado ni concretado los programas de apoyo a la productividad, desarrollo social, asistencia, seguridad pública y procuración de justicia para los municipios de Coyuca de Benítez, de Atoyac de Alvarez y otros ayuntamientos ``de los más necesitados en el Estado''.

Es de mencionar que los puntos que hasta ahora se han cumplido de la recomendación 104/95, emitida por la CNDH y firmada por Jorge Madrazo Cuéllar, entonces presidente de la institución, es la designación de Alejandro Oscar Varela como nuevo fiscal especial, en sustitución de Miguel Angel García Domínguez, designación de la que se recuerda que dentro de la Recomendación aludida se pedía establecer que el perfil de dicho fiscal fuera ``ajeno por completo al estado de Guerrero, sin relación alguna con los servidores públicos o dependencias de la entidad y con reconocido prestigio nacional como abogado capaz, experimentado y honesto'', aspectos que jamás se acreditaron.

Otro punto positivo es el retiro del cargo al secretario general del Gobierno de Figueroa, Rubén Robles Catalán, quien pidió licencia, pero en torno al cual sigue pendiente la averiguación previa que lo deslinde de cualquier responsabilidad en los sucesos; igualmente, con la renuncia del procurador general de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, se cumplió la solicitud de destitución, ``en virtud de su conducta negligente, dilatoria, apartada de la ley y tendente a impedir el esclarecimiento del caso''.

Para la CNDH, con la separación de los cargos de Rodolfo Sotomayor Espino, primer subprocurador; Gustavo Olea Godoy, director general de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de Protección y Tránsito; Esteban Mendoza Ramos, director general de Gobierno; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal especial, y Gustavo Martínez Galeana, delegado de la Dirección General de Gobierno, ``por falsear su declaración ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por la manifiesta conducta tendente a impedir el esclarecimiento de los hechos, se dio cumplimiento a otra parte de la recomendación''.