La crisis de los bancos en México empezó prácticamente al mismo tiempo que concluía su privatización. Por supuesto, los acontecimientos de 1994 agudizaron los problemas de solvencia de los bancos privados y, para rematar, la crisis económica general desatada por el equivocado manejo del tipo de cambio llevó a los bancos privados y públicos a una fragilidad extraordinaria.

La magnitud de esta crisis puede calcularse con precisión si a los pasivos del Fobaproa (552 mil 300 millones de pesos) se agregan los costos fiscales derivados de dos acciones: las ejecutadas con el fin de restructurar diferentes tipos de crédito (hipotecarios, el ADE, agropecuarios y pesqueros, etc.), que suman 200 mil millones de pesos, y la compra de la cartera para las autopistas concesionadas por 26 mil millones de pesos. Así, puede decirse que los apoyos canalizados para superar la situación bancaria equivalen a prácticamente diez veces al capital contable de todos los bancos privados. Este es el tamaño de la crisis bancaria.

Es indudable que las autoridades financieras tenían que intervenir para evitar la quiebra del sistema financiero, pero también es indudable que el tipo de intervención y las consecuencias podrían haber sido distintas. En primer lugar, se requería reconocer que ya para finales de 1993 la cartera vencida de la banca había crecido de 5.5 a 7.3 por ciento respecto de la cartera total; este solo dato indica que los nuevos dueños y sus administradores habían hecho crecer el crédito en proporciones exorbitantes (25 por ciento en 1992, 14 por ciento en 1993 y 54 por ciento en 1994), y lo otorgaron sin el rigor ni la prudencia indispensables. Este segmento del problema de cartera vencida no tendría que haber sido apoyado con recursos fiscales.

Otro segmento que no debió haberse incluido en los pasivos del Fobaproa es el derivado de las intervenciones realizadas por la Comisión Nacional Bancaria a Inverlat, Unión, Cremi, Bancen, Banpaís, Banorie, Obrero y Confía, por mencionar sólo a los bancos privatizados. La naturaleza de la intervención y el monto de recursos fiscales involucrados debía haber conducido a consideraciones específicas sobre la pertinencia de vender la Institución o solamente las sucursales, lo que significaba que el Gobierno convirtiera en pérdidas la diferencia entre el monto de los apoyos y el precio al que fuese vendido; o bien, como se ha observado ya, quedarse con el banco hasta recuperar los recursos erogados. Esta posibilidad nunca se analizó, ya que para los hacedores de la política económica las administraciones públicas son por definición ineficientes; son mejor opción Cabal Peniche, Rodríguez y Lankenau.

Lo que sin duda había que incluir eran los créditos que se deterioraron debido a las bruscas alzas de las tasas activas, de modo que les permitieran recuperar la solvencia; ello, además, hubiera tenido efectos positivos en la demanda agregada, lo que podría haber aminorado la contracción de la economía. Consolidar este pasivo como deuda pública resulta, en consecuencia, razonable.

La discusión que se ha dado en torno al Fobaproa y que, gracias a la firmeza de las bancadas opositoras en el Congreso, ha permitido alcanzar consensos relevantes, debe extenderse a la evaluación de la privatización bancaria y del creciente peso de la banca extranjera. La crisis bancaria, tarde o temprano y en mayor o menor medida la pagaremos todos, es decir, con ella todos hemos perdido. Pero cuando alguien pierde siempre hay otro que gana; conviene que el Legislativo reflexione sobre esto.